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4 de junio de 2021
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Opinión

IMPSA: esplendor, caída y dudas sobre las promesas de la política

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Quién iba a suponer que al menos por un día o no se sabe cuánto más, la grieta política e ideológica que parte en dos a la Argentina se evaporaría en Mendoza, nada más y nada menos y que el motivo fuese el desembarco del Estado, el nacional y el provincial, en la metalúrgica más importante que haya dado el país, la multinacional IMPSA, instalada en el carril Rodríguez Peña, en la zona industrial de Godoy Cruz.

La oficialización de la integración del capital estatal a una sociedad anónima que pasará a estar controlada desde La Rosada y en parte desde el barrio Cívico mendocino ha hecho coincidir las necesidades, las urgencias y también el sentimiento estatista de dos gobiernos opuestos, pero también de dos sentimientos similares que abundan tanto en el Frente de Todos, que lidera Alberto Fernández, o en Cambia Mendoza, de Rodolfo Suarez, la versión provincial de Juntos por el Cambio que impera en el ámbito nacional. Ambos comparten, en buena medida, esa atracción devota por lo público y por el estatismo, por las regulaciones y las intervenciones que, cuando han abundado –y hubo épocas en que el Estado así lo hizo y en exceso–, dirigieron la marcha de la economía particularmente por terrenos pantanosos.

Es posible que, por esa razón, aunque no la principal, el empresariado nacional se haya forjado esa imagen de sólo poder subsistir en base a la prebenda y a la dádiva estatal y de haber engordado y dado sustento a lo que algunas décadas atrás, todavía presentes y frescas, se conoció como la famosa “patria contratista”, ese cóctel de corrupción y de sospechas generalizadas en el manejo de los fondos públicos destinados a obras, inversiones y servicios del Estado llevadas adelante por empresas privadas que soldaron su dependencia a los patrones de turno por medio de contratos amañados, precios sin control y sin competencia, claro.

¿Es IMPSA un producto o una consecuencia de todos aquellos vicios que marcaron a fuego el sistema económico y político del país? Sería injusto achacarle todo el motivo de su caída a ese tipo de relaciones impúdicas entre el Estado y el capital privado. Pero, en alguna medida puede que el fenómeno que la atrapó y la enfermó de manera casi terminal responda a algunas de las tantas desviaciones perversas de quienes han conducido el Estado, se apropiaron de él y con la suma del poder público condicionaron y modificaron la marcha normal que debieron tener las empresas en un mercado de competencia libre detrás de la generación de riqueza, desarrollo y crecimiento. Pero también padeció, como contrapartida y de manera paradojal, el no haberse sometido en un todo y de manera incondicional a las reglas dictadas por un poder que, administrando el Estado y basándose en él, fue por todo.

Está claro que, frente al dilema de dejar caer la compañía, con su enorme y rico bagaje tecnológico, su impronta en la región y en el resto del mundo, la calidad de sus productos y su capacidad innegable para competir de igual a igual con pocas de su especie en cualquier parte donde fuese llamada, y rescatarla hoy con el aporte y esfuerzo de todos los contribuyentes, la opción a tomar salta a la vista y se cae de madura. Y, como si fuera poco, estaba en juego el futuro laboral de más de 700 trabajadores altamente capacitados y el de un centenar de pequeñas y medianas empresas que de ella dependen en una gran medida o que subsisten a su alrededor.

Pero los dilemas de tal magnitud también encierran la trampa de la no revisión de los hechos. Errores o perversidades que se van cometiendo con el paso del tiempo y que se terminan pagando caro para todos y en muchos dejan el gusto amargo del trato inequitativo y desigual frente a situaciones semejantes, pero en escalas menores.

Las dudas sobre lo que puede hacer el Estado dentro de la compañía provienen, precisamente, del mismo sector privado, lo que configura un punto a tener en cuenta por la Provincia y la Nación. Saben por qué manifiestan sus reparos y conocen cómo se desarrollan los acuerdos y el rumbo a transitar cuando los particulares intereses políticos prevalecen sobre los otros, que son del interés general.

IMPSA comenzó su dirección hacia el abismo promediando el segundo decenio del nuevo milenio. Cuando toda su estructura comenzó a derrumbarse por el no pago de los trabajos que se estaban llevando a cabo en Venezuela por una suma de más de mil millones de dólares. El quebranto repercutió en Brasil, en una de sus empresas hermanas y gemelas que también cayó en desgracia. La decrepitud alcanzó su máximo nivel cuando la empresa decidió someterse al pago de coimas por más de 3 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner bajo la promesa de que aquella administración, tan cerca de la gestión caribeña, intermediaría para la solución del conflicto. Las coimas pagadas llegaron a ser reconocidas por el propio Enrique Pescarmona, el líder de la familia fundadora, y quedaron inscriptas en la “causa de los cuadernos” que actualmente investiga la Justicia.

IMPSA nunca se recuperó de aquellas trastadas. Los acreedores, bancos en su mayoría, se hicieron cargo hasta hoy que lograron que los estados, el nacional y el provincial, salieran en su rescate. El futuro es una incógnita, pese a las promesas de que, en esta oportunidad, la política no hará de las suyas. Todo está por verse.

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