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8 de abril de 2021
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Opinión

IMPSA, a punto de ser estatal: el caso de los iguales ante la ley y el Estado

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A comienzos de 1993, la famosa tienda chilena cruzaba la cordillera con el sueño de cumplir de este lado, en territorio argentino, lo que ya había logrado con creces en su suelo de origen: fidelizar con el paso del tiempo y mucho esfuerzo una clientela que había conquistado merced a una combinación de precios, calidad y variados modelos de prendas para toda la familia.

Con los años, Falabella –de ella trata esta pequeña historia–, alcanzaría a abrir diez locales en todo el país. El de Mendoza, ubicado en el shopping de Guaymallén, sería el primero. Luego llegarían Rosario, Córdoba y San Juan en el interior argentino; el resto se terminaría por diseminar y crecer en los alrededores de CABA.

Tras 28 años de trayectoria, la tienda anunció el cierre de todos los locales fuera de la Capital Federal. Cerró Mendoza y, en efecto dominó, los otros. A comienzo de semana les llegó el golpe de gracia a las últimas tres sucursales, que liquidarán todo en un lapso de 60 días para abandonar la Argentina. Los informes trasandinos indican que la compañía ha buscado recomponer su situación en su país de origen, que ha decidido replegarse y que está evaluando una inversión de 800 millones de dólares para reconvertirse sin tener en cuenta sus posiciones en la Argentina.

Falabella dejó en Mendoza alrededor de 400 familias afectadas, las que se sostenían con un empleo o negocio asociado de manera directa e indirecta. El resto de las sucursales en promedio contaban con una planta de personal de entre 100 a 150 personas.

En setiembre del 2020, consultado por el fenómeno de cierres de grandes empresas en el país, como Latam, entre otras, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, dijo no compartir “que haya una situación particular de la Argentina que provoque la salida de empresas, sino que son decisiones empresariales tomadas por algunos motivos”.

Los ex trabajadores mendocinos de Falabella se suman a unos 10.000 que perdió el sector industrial, de las pequeñas y medianas empresas mendocinas, y a unos 4.000 del sector gastronómico, entre el personal registrado e informal que ocupaba los casi 200 locales de comidas que debieron cerrar sus puertas, de forma temporaria o definitiva, durante el último año. Son datos reconocidos y brindados oficialmente a lo largo de los últimos meses por las cámaras empresariales que hoy forman parte de la Mesa de la Producción y el Empleo, recientemente creada, por los empresarios gastronómicos y el sindicato que representa a sus trabajadores.

Para los perjudicados, empresarios y empleados –ahora ex empresarios, algunos, y ex empleados, todo el resto, seguramente– no hubo ni ATP ni IFE ni ningún otro programa especial ideado y financiado por el Estado suficiente que los pudiera rescatar de la debacle, del desastre que dejó tras su paso la cuarentena ordenada, el encierro, el confinamiento obligado que apagó por completo la economía y el comercio, como una de las armas dispuestas para darle batalla a la pandemia de coronavirus. En total y sumando todas las actividades económicas, alrededor de 750 empresas de diferentes escalas y proporciones dejaron de funcionar y más de 15.000 puestos de trabajo sucumbieron en el último tiempo, durante el 2020 y por efecto de la pandemia, preponderantemente.

Ayer, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó, con el voto de las bancadas mayoritarias del oficialismo y de la oposición, un plan de salvataje especial y extraordinario para IMPSA, la cual –una vez que el Senado lo trate, discuta sin mayores objeciones y apruebe definitivamente el plan–, se transformará en una megametalúrgica con un paquete de acciones mayoritariamente estatal, distribuido entre la Nación y la Provincia, de un orden cercano al 85 por ciento.

Para que ello suceda, el Estado mendocino inyectará alrededor de 450 millones de pesos, mientras que la Nación hará lo propio, porque ya está acordado, pero con una suma que posiblemente supere los 2.400 millones de pesos.

IMPSA es considerada una empresa estratégica, simbólica y paradigmática tanto para la provincia como para la Nación. Tiene contratos cercanos a 3 millones de dólares con las pymes que viven a su alrededor y de su funcionamiento y paga impuestos por unos 500.000 dólares al Estado provincial en una época de bajísima actividad económica, como la actual.

Hace varios años que la empresa padece problemas tanto financieros y económicos por malos negocios realizados como por haber sido perjudicada varias veces por uno de los gobiernos kirchneristas que hoy, otra vez en el comando de la Nación, ha dispuesto salvarla. Debió enfrentar los desaguisados de una empresa hermana gemela en Brasil y sucumbió, como tantas otras firmas, a un sistema corrupto de coimas para conseguir ventajas que se había organizado alrededor del Ministerio de Infraestructura que comandaba Julio de Vido con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Las coimas pagadas por la compañía están siendo investigadas dentro de la “causa de los cuadernos”, que escribió por años Oscar Centeno, el chofer de quien fuera la mano derecha de De Vido en el ministerio, Roberto Baratta.

El ministro de la Producción de la Nación, Matías Kulfas, y el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, han sido los funcionarios que han argumentado por parte del Estado a favor de ir por el salvataje de IMPSA con fondos públicos. Han dicho que es necesario evitar a como dé lugar la caída del gigante metalúrgico, que es necesario mantener –como corresponde, claro está– los 750 empleos que hoy tiene; y Vaquié, incluso, en declaraciones a LVDiez, algunos días atrás, garantizó que no se permitirá que el Estado sea tomado como un bobo en toda esta historia “ni como el hijo de la pavota”.

Entre otras cosas, IMPSA está en camino de quedarse con la construcción y provisión de las cuatro turbinas proyectadas para el dique Portezuelo del Viento, en Malargüe, actualmente en proceso de licitación.

Seguramente, el gobierno de Rodolfo Suarez y el de Alberto Fernández podrán esgrimir decenas de argumentos, todos atendibles, a favor del desembarco estatal en la metalúrgica para salvar, entre otros, los negocios de los actuales dueños (ex acreedores de la compañía) y, por supuesto, los puestos de trabajo de las 750 personas, más los acuerdos de muchas pymes que giran alrededor de IMPSA. Podrían hablar horas y horas de las razones que justifican la decisión, desde lo estratégico, hasta del fuerte valor simbólico económico y cultural que tiene la empresa de Godoy Cruz.

Pero, quién les quitará a las más de 700 empresas que cerraron durante la pandemia y a los cerca de 15.000 trabajadores que perdieron sus puestos, sólo en Mendoza, un cierto gusto a fósforo por no haber recibido un trato especial, similar al de IMPSA, que les hubiese permitido seguir adelante con sus actividades. Están en todo su derecho de pensar que todos somos iguales ante la ley y el Estado, pero que algunos son más iguales que otros.

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