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7 de junio de 2021
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Opinión

Hay quienes dejaron de dormir tranquilos con la IMPSA estatal

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El mundo empresario mendocino está inquieto luego del desembarco del Estado en la metalúrgica IMPSA. Más quienes desde la actividad privada apoyaron el proceso de salvataje y se enfrentaron a los que desde sus propias filas se manifestaron en contra.

Quien también debiese estar más o menos preocupado tendría que ser el mundo de la política, sin dudas, pero bien ya se sabe que quienes lo componen o le dan vida suelen contar con el cuero demasiado duro y con la suficiente cantidad de batallas en el lomo como para no atribularse o atormentarse en caso de que la aventura estatista sobre la firma que fundó la familia Pescarmona fuese mal, no caminase, terminara estrellándose sobre una montaña o precipitándose al fondo de un barranco. “Hicimos lo correcto, lo que teníamos que hacer en ese momento. Que no haya funcionado son dos mangos aparte”, dirían en ese caso oficialistas y opositores que, juntos y sin fisuras, no dudaron en asaltar la compañía y caer sobre su cubierta, pero, en este caso, como los piratas buenos al rescate.

Para quienes están cruzando los dedos, son varias las condiciones que se tendrían que cumplir para que la empresa, una vez enderezada y capitalizada, pudiese llevar adelante un plan de desarrollo y de expansión en la región y en el mismo mundo que tuvo en alguna oportunidad y que luego perdió. Por supuesto que lo primero que esperan es que el Estado no tome a IMPSA como una trinchera política en la que ubicar conchabos, cumplir compromisos y pagar las facturas de sus movimientos. Hay otro motivo un tanto más volátil y que no permite ser controlado en toda su magnitud: es el miedo o el temor de que no se alcancen los objetivos buscados y esperados.

Un tercer factor de preocupación que los empresarios habían puesto sobre la mesa cuando comenzó a discutirse en cierto silencio y reserva el salvataje de la empresa fue que el Estado no debía ser solidario con el pasivo de IMPSA, de varios cientos millones de dólares, y que ya ha sido renegociado con sus acreedores o bien reperfilado hacia fines del 2019. En principio, los funcionarios nacionales particularmente que se encargaron de la operación sobre la nueva empresa habrían garantizado que el Estado no intervendrá en ese aspecto.

En estos primeros momentos, cuando todo parece ser que fluye sin demasiados problemas, en el futuro inmediato de la empresa aparece Portezuelo del Viento y, en particular, todos han comenzado a ver el rol que cumplirá el nuevo director por la Provincia, Pablo Magistocchi. A este técnico formado en IMPSA y presidente de Emesa, la empresa provincial de energía, se le seguirán en detalle los actos que vaya cumpliendo, porque se interpreta que puede que ocupe los dos lugares del mostrador. Pocos días atrás y como miembro del comité evaluador de la oferta que ha realizado el consorcio que conforma la metalúrgica para la construcción del dique Portezuelo del Viento, ha tenido que solicitar una mejora en la oferta debido a los altos costos que presentó la UTE para llevar adelante la obra.

Se calcula que las ofertas presentadas superan casi en 60 por ciento el presupuesto base que había calculado la Provincia para realizar la obra. Y se espera que a mediados de mes la empresa responda al requerimiento. Magistocchi viene de asegurar que su función será la de representar los intereses del Estado mendocino en el Directorio y que no son otros que la transparencia, aseguró, junto con todo lo que le permita a la nueva empresa obtener más y mejores contratos de trabajo, empleo garantizado, productos con los mejores estándares de calidad que no son otros que los que habitualmente entrega IMPSA y darle continuidad a un plan de emprendimientos hidroeléctricos en toda la provincia y que viene frenado desde muchos años a esta parte. Portezuelo sería el punto de partida a ese plan perdido.

Cómo se terminará resolviendo la posible incompatibilidad en el cargo de Magistocchi es una de las incógnitas que preocupan a quienes apoyaron el paso del Estado y ha puesto a quienes se opusieron con la guardia alta. A la par discurre el precio que la UTE pretende cobrar por Portezuelo. Es cierto que IMPSA no tiene bajo su ámbito el control de la oferta que se ha presentado, pero sí una parte no menos trascendente. Malal-Hue, la UTE que presentó la única oferta por Portezuelo está compuesta por la constructora china Sinohydro con una participación mayoritaria de 46 por ciento en el emprendimiento, le sigue IMPSA con 22 por ciento y luego las constructoras locales Ceosa y Obras Andinas, ambas con 16 por ciento cada una.

Uno de los aspectos que se está observando con atención es cuán grande será el margen de Malal-Hue para bajar el precio ofertado cuando los costos son en dólares y han sufrido variaciones importantes en el último tiempo, como el hierro, el cemento y el combustible.

Muchos son los reparos que rodean al operativo de capitalización de IMPSA con recursos del Estado. Los mencionados son los primeros que han surgido, además de las sospechas en torno al posible botín político en el que puede terminar convirtiéndose la empresa ubicada en Godoy Cruz. Los primeros y demasiados, hay que decir, antes de que el paso del tiempo devele otros muchos más temerarios que se comienzan a trazar por ahora difusamente, y que hasta incluyen el necesario y obligado más aporte de capital estatal en el camino que junto a IMPSA transitarán otra u otras empresas que la entornan.

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