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21 de junio de 2022
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Opinión

¿Hasta dónde llegará la nueva agitación del debate minero?

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Un testigo de los tantos encuentros que tuvo Rodolfo Suarez en Toronto, en oportunidad de la realización de la feria minera más importante del mundo, contó que al gobernador en un momento le formularon un par de preguntas por parte de uno de los tantos potenciales inversores que asistieron al cónclave a la caza de alguna oportunidad de negocio. Uno de los interrogantes fue específico sobre el yacimiento de sales de potasio Río Colorado que la provincia tiene en el Sur a la espera de capitales que lo exploten; la segunda pregunta fue más general, apuntando a los recursos mineros de la provincia y sobre las posibilidades concretas y seguras de sacarle provecho a una inversión determinada sin perder en el intento, por todos los impedimentos políticos y sectoriales que traban ese tipo de desarrollo económico en Mendoza. A la primera pregunta, relató la fuente, el gobernador respondió con solvencia y animado sobre la mina de potasio y sus múltiples beneficios a la vista; a la segunda, no respondió de manera directa y continuó hablando del potasio.

El episodio no fue narrado por la fuente con un sentido negativo o peyorativo, en absoluto. Mendoza hoy, si de minería se trata, no puede hablar más allá del potasio, al margen de la actividad de las canteras, que no es precisamente lo que más les ha interesado a los participantes de la feria de Toronto. Sin embargo, el sector minero de la provincia y del país ha festejado y valorado la presencia del primer gobernador de la provincia en ese encuentro desde que se realiza, hace casi 90 años. Al menos, dijeron algunos de los asistentes del sector privado, Mendoza entró en el mapa con una delegación, que, acotó uno de los participantes, “ha tenido un desempeño profesional, con gente idónea y que, cuando menos, habla inglés, lo que no es para nada poco”.

La propuesta que le acercaron al gobernador para explotar oro sin el uso de sustancias químicas, por parte de los australianos de Clean Earth Technologies, ha vuelto a mover la estantería de la minería metalífera en la provincia. Pero, los especialistas mineros evitan subirse a una ola entusiasta con el asunto porque, de ser tomada y aceptada la idea, la misma debería ser analizada y a la vez aceptada por los dueños de los yacimientos de oro que potencialmente podrían ser explotados. De todos, el de Don Sixto sea, quizás, el más avanzado. En manos de la sudafricana Gold Field, la que a su vez le adquirió los derechos a Yamana Gold, la mina está ubicada en Malargüe y espera para avanzar en su posible explotación una modificación a la ley 7.722 que le permita al departamento sureño darle vía libre a la megaminería a cielo abierto y metalífera, todo lo que la legislación actual prohíbe.

Fuentes del Gobierno, sin embargo, dejan de lado el escepticismo extremo para sostener que lo propuesto por los australianos, que a su vez cuentan con el nexo mendocino de EKOM, “tiene color” y esperan que, para el encuentro previsto hacia agosto en la Gobernación, el Ejecutivo sea el que acerque a las partes: la que está proponiendo el método sustentable y los inversores dueños del yacimiento.

Para lo que pueda surgir luego, hay que analizar antes el contexto: en primer lugar, quienes explotan el oro –al menos quienes tienen en sus manos los yacimientos– deberían aceptar un nuevo método cuyos niveles de rentabilidad y de rindes, apuntan, todavía no están evaluados en su totalidad. Además, el clima social continúa siendo trascendente para quienes buscan negocios mineros por el mundo. A Suarez, siguen afirmando algunas fuentes, se lo pudo ver algo incómodo en los foros de Canadá rodeado de algunos de sus colegas que expusieron todo sobre la mesa, como Catamarca, Jujuy y San Juan. En esas provincias lograron lo que hoy no tiene Mendoza ni tampoco Chubut, otro caso de estudio mundial como el propio. En Mendoza, observan los mineros –en especial los locales que fueron a Canadá y que tienen contacto y relaciones con los inversores internacionales–, ya no sólo es inviable pensar en la explotación de yacimientos de minería metalífera, incluso en consonancia con la 7.722, porque se impiden los trabajos desde el inicio. En Mendoza ni siquiera se puede explorar, porque la ley no lo permite. Pero tampoco cuando los emprendimientos se acomodan a la normativa.

Sobre todo eso, lo que pueda surgir con el nuevo método para explotar oro está lleno de incertidumbre. Como también lo estaría el intento de Malargüe por quedar fuera de la ley, en una suerte de regionalización especial o territorialización, para que allí, dentro de sus límites, pueda explotarse todo el potencial. El intendente Juan Manuel Ojeda anima un proyecto específico en ese sentido, para lo que habría que modificar la Ley Antiminera.

El sector es pesimista frente a la posibilidad de que el proyecto de Ojeda avance. Toma como antecedente no sólo lo que le ocurrió a Suarez en el arranque del Gobierno, en diciembre del 2019. Más que nada, leen los antecedentes recientes de Chubut, una provincia que ha atravesado un proceso muy parecido al de Mendoza, con fuertes movilizaciones antimineras que le han impedido, incluso, territorializar la meseta patagónica para que, en determinados espacios, controlados y bajo estrictos regímenes de explotación que den garantías medioambientales, se pueda extraer el mineral. Lo cierto es que, de igual forma y pese al escepticismo de algunos privados y la prudencia mesurada del Gobierno, el debate sobre el desarrollo y la explotación minera se ha puesto otra vez a rodar. Lo que viene, de no mediar sorpresas, será un fuerte lobby político y de ciertas organizaciones para que no avance de ninguna manera cualquier intento de explotación de minería metalífera, y algunos otros pocos haciendo lo contrario. Ahora bien, será interesante ver cómo actúan todos, en lo fino y en las cuestiones de microestrategia, si se quiere, para conseguir un mecanismo de comunicación acertado que acerque información clara y precisa si, efectivamente, se adoptan métodos probadamente sustentables y que no dejen lugar a dudas.

Y, si esto último se consigue, será también muy interesante esperar la reacción de quienes siempre se han opuesto de manera inexplicable a una veta de desarrollo económico que garantiza mínimos consumos de agua y que dicen ser sustentables o dentro de la ley mendocina.

El agua, la tierra, el aire, la montaña han sido extraordinarias herramientas electorales. Por alguna extraña razón, son pocos los que se animan a contraponerles a los que sensatamente piden por el buen uso del agua y demás, pero impiden el desarrollo de un sector económico clave, qué es lo que proponen para bajar los niveles de pobreza, del orden de 40 por ciento; la falta de empleo garantizado, confiable y rentable; la ausencia de crecimiento; la pérdida de la confianza en el país y en Mendoza de buena parte de la sociedad y la constante emigración de jóvenes –y no tanto– por la falta de oportunidades.

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