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11 de mayo de 2022
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Opinión

En San Juan buscan que la minería costee las obras para proteger el agua

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Cuando, en la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, Rodolfo Suarez compartía con ceño fruncido y tono enjuto aquellos informes de ciencia que pronostican que en breve, al menos, 60 por ciento de la superficie del planeta entrará en disputa por la escasez de agua, recordó que al llegar a la Gobernación lo hizo con un plan para mitigar los efectos del calentamiento global y con un principio de solución para conseguir los recursos que se necesitan en Mendoza para darle rienda suelta al programa de obras para racionar eficientemente el agua, tanto para consumo humano como para el sector agrícola e industrial. Esos recursos, dijo, serían tomados a través del “aprovechamiento racional y sustentable de nuestra enorme riqueza en minerales”.

Los dichos de aquel día, que quedaron impresos en el discurso ante los legisladores, develaron que Suarez estaba convencido, o que al menos creía, que a nivel local podía llegar a encarar un programa de “mitigación” reconvirtiendo el uso de energía no renovable por energías limpias “tan pronto como fuese posible”, agregó. “No pudo ser”, sostuvo seguidamente, aunque confesó que no había perdido las esperanzas siempre y cuando “los fanatismos absurdos no nos impidan pensar, planificar y ejecutar las obras para beneficio de las generaciones venideras”.

Tras la caída de Portezuelo, los fondos destinados a su construcción están generando un previsible revuelo de discusiones, propuestas y opiniones entre todos los sectores económicos que lo componen, como el agro, la industria, la metalmecánica y otros. También han saltado al ring los intendentes, empresarios de todas las cámaras y, desde ya, la misma política. Claro que también se han metido en el ruedo todos aquellos que en su momento se opusieron al desarrollo minero en Mendoza, tanto en la superficie como los que operaron desde las sombras. Ahora que puede que exista la posibilidad de echarles mano a fondos inesperados, como esos más de 1.000 millones de dólares, estos mismos sectores han vuelto a cobrar fuerza y, tomando la queja de Suarez del 1 de mayo, hoy dicen que no hay nada de qué lamentarse; porque todo aquello que Suarez dijo que quería hacer en el arranque de su gobierno con plata que no le permitieron conseguir al negársele la explotación minera, hoy lo puede desplegar a gran escala con el famoso fondo de Portezuelo.

Por supuesto que se espera una conflagración a escala extraordinaria de intereses en Mendoza por el uso de los fondos de Portezuelo. Quién lo duda. No habrá que descartar el enfrentamiento entre agroindustriales y los propios mineros. Los primeros, sosteniendo que el agua les corresponde por tradición, cultura e historia; los segundos, intentando demostrar que el agua que necesitan es mínima, y que hoy no hay nada más contaminante y consumidor a escalas estrambóticas de agua que la misma agricultura. A todo esto se agrega el hecho de que la industria del vino no ha dejado de sumar guiños tras guiños por parte de los gobiernos que no la controlan como es debido, además de dejarse arrastrar por el lobby antiminero. Se dirá de todo y contra todo.

Ahora bien, habrá quienes no dejarán pasar tampoco por alto el discurso del gobernador para alentar otra vez ir por el desarrollo de la minería metalífera, dentro de la 7.722, aunque es probable que se busque sacar a la política de una discusión absolutamente técnica, como es la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de cada uno de los proyectos, los que tienen que pasar por el cedazo de las cámaras legislativas, un hecho que ha terminado por bloquear cualquier intento de inversión. El otro objetivo puede que sea animarlo a Suarez a que siga adelante con su idea, emulando lo que se está haciendo en San Juan.

Allí, un grupo de expertos, académicos, profesionales y políticos reunidos en el Grupo Sarmiento han propuesto que se afecte el cien por ciento de las regalías mineras que ingresan a rentas generales a un plan agresivo para realizar obras, como reacondicionamiento de canales y compuertas, mejoramiento de sistema de riego según el cultivo “para eliminar el riego a manto”, entre otros puntos. La idea se transformó en un proyecto de ley, que se conoció a comienzo de año y que todavía discute la Legislatura de la provincia vecina.

La iniciativa parte de declarar la emergencia de los sistemas de distribución de agua y formas de regadío de la provincia de San Juan, porque es necesario –afirman sus autores– tomar medidas urgentes sobre la situación hídrica de su territorio “porque no hay tiempo que perder”, han dicho.

Quienes impulsan el proyecto han calculado que se podrían utilizar de inmediato unos 230 millones de dólares que la Provincia tiene para cobrar de los emprendimientos de Veladero y Gualcamayo y las regalías del cobre. Los cálculos previos suponen que los recursos podrían ascender a unos 1.000 millones de dólares, todos destinado en gran medida a revolucionar el sistema de uso de aguas.

En el Grupo Sarmiento sanjuanino aseguran que están convencidos de que “en Argentina existen los recursos necesarios para apuntalar un crecimiento sostenido y sustentable, pudiendo mejorar la competitividad para que la inversión nos elija frente a otras oportunidades en la región, posibilitando de ese modo el desarrollo económico, social y empresarial”, lo que no deja de operar en Mendoza como una amenaza sobre las posibles inversiones que alguna vez la han tenido como centro de desarrollo.

El proyecto sanjuanino sostiene, en uno de sus artículos, que la emergencia continuará hasta que San Juan “cuente con un sistema de transporte de aguas cerrado, y sistemas de regadío que entreguen agua en forma automática, en función de las necesidades de cada cultivo” y que se seguirá financiando con “los recursos de los actuales y futuros proyectos mineros”.

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