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3 de mayo de 2022
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Opinión

En la minería hablan de la superioridad estética sobre otros sectores

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Según el Gobierno, los áridos, la bentonita, el hierro, yeso, cemento, la caliza, fluorita y dolomita mueven alrededor de 10.000 millones de pesos al año en la provincia. Así lo especificó el propio gobernador Rodolfo Suarez cuando daba su discurso ante la Asamblea Legislativa. Más adelante, en su alocución, repetiría aquello de que en un futuro muy cercano, de acuerdo con lo que los informes científicos sostienen, 60 por ciento de la superficie de la Tierra enfrentará “una alarmante” disputa entre el agua disponible y la demanda y que, cuando asumió, intentó –sin éxito– que por la vía de la explotación minera se pudieran conseguir los recursos y minerales necesarios para dar vuelta la matriz energética para ir definitivamente por las energías limpias, menos contaminantes y más eficientes. Fue ahí, en ese momento, cuando calificó de “fanatismos absurdos” los que impidieron llevar adelante la modificación de la ley para permitir el desarrollo minero metalífero a gran escala en la provincia.

Hoy resulta poco probable que Suarez reimpulse aquella discusión del inicio de su gestión, porque varias veces ha dicho que escuchó lo que en aquel momento le dijeron, por medio de las movilizaciones, y que por esa razón es un asunto terminado. Sin embargo, luego de hacer mención el domingo a lo que se creía un asunto cerrado, hay quienes creen que se está cerca de que se avance en buscar un acuerdo social del resto de la provincia para permitirle a Malargüe explotar el recurso con el que cuenta. Otros, más entusiastas, piensan que una vez que se reconfigure desde cero lo que sería el nuevo proyecto de cobre de San Jorge, ubicado en Uspallata, ahora sí, la política –o un sector de ella, para ser más preciso- impulsaría fuertemente la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la Legislatura, que es donde el desarrollo minero encuentra la traba o el obstáculo más importante para iniciar su actividad en la provincia.

La Mesa Minera Abierta a la Comunidad (Memac), que se lanzó este lunes en Buenos Aires con la participación del Gobierno nacional, los empresarios y el sector ambientalista, ha comenzado a trazar un camino de esclarecimiento de todas las dudas que genera la actividad en el país con el fin de que consiga la licencia social en aquellas provincias donde no la tiene. Claramente, aparecen en esta línea Mendoza y Chubut, por caso, dos de los territorios en donde se cree que la explotación del potencial con que se cuenta acercaría la meta del nivel de exportaciones que necesita el país para equilibrar las cuentas de los ingresos con los egresos que tiene.

Fue Miguel Pesce, el titular del Banco Central, quien habló en ese encuentro de llegar a los 100.000 millones de dólares de exportaciones total, objetivo que ya se podría haber alcanzado con la minería en pleno funcionamiento. Según Pesce, de cada dólar que el sector invierte en el país, se generan 4 dólares de superávit. Y se destacó, además, que existan unos 12.000 millones de dólares en proyectos de inversión que, en funcionamiento, cuadruplicarían las exportaciones con base en ese monto invertido.

“El sector importa maquinaria compleja que no se hace en el país, pero tiene un componente de construcción que no requiere demandas de divisas”, sostuvo el titular del Central, para completar señalando: “Se podría financiar con el mercado de capitales del país, con tasas bajas, comparadas con el mercado internacional”. Un motivo más por el cual la actividad tiene que hacer todo lo necesario para que se alcancen los niveles de aceptación social que necesita imperiosamente para desarrollarse. Sin eso, está claro que, por más que se enumeren los beneficios que produce a la economía, le resultaría difícil establecerse sin sospechas ni dudas.

Raúl Rodríguez, de la Cámara Minera Mendocina, al festejar el lanzamiento de la mesa, resaltó como favorable que se trate de un espacio abierto y que se haya puesto como condición para el futuro del ámbito el respeto a la divergencia, porque, según reveló, “no se permitirán acciones violentas”. Y remarcó, además, que el sistema permita acceder a la información de cada compañía para verificar, por caso, o consultar, por las divisas que genera el sector, la cantidad de impuestos que paga y el nivel de salarios con que cuenta la actividad. La duda está en si en Mendoza un sistema como ese será tenido en cuenta y si posibilitará que se reanude la discusión sobre la explotación minera.

En el Gobierno se ha dicho que hubo participación de mendocinos. Uno de ellos ha sido Emilio Guiñazú, al frente hoy de Potasio Río Colorado (PRC). El mismo funcionario, de los más entusiastas que tiene el Gobierno, fue quien recordó este lunes –consultado por radio Nihuil– que Mendoza exploró un ámbito parecido entre el 2016 y el 2017. Fue la Mesa del Diálogo Minero que avanzó un par de años sin demasiados resultados aparentes y a la que los ambientalistas llegaron un día con su documento, lo entregaron y se retiraron para nunca más volver a integrar el ámbito.

La Mesa Nacional, entre otras cosas, propone un mecanismo de acceso a todo el mundo para que cada proyecto en ejecución pueda ser monitoreado en tiempo real, cualquiera sea. La esperanza está en San Jorge. Una vez que se conozca el nuevo proyecto, ese monitoreo, dicen los empresarios, podría acercar la meta de la mentada “licencia social”.

En su estreno, la mesa nacional presentó el Siacam, un sistema estadístico abierto a la comunidad. Allí se observa una comparativa de cómo se desarrolla y desenvuelve el sector minero en Argentina, con respecto a otros. Por ejemplo, se despliega la tasa de pobreza de los trabajadores argentinos y es allí donde aparece que los niveles más bajos los tiene la actividad minera, con 8,2 por ciento. Los resultados más preocupantes son los de la construcción, donde 45 por ciento de sus trabajadores son pobres; 43,3 por ciento de los del servicio doméstico; 40,3 por ciento del agro y 36,2 por ciento de los trabajadores del reciclado son pobres.

También, respecto de la formalidad y el trabajo registrado, la minería se encuentra, de acuerdo con este trabajo, en lo más alto de la tabla, con 95 por ciento de formalidad. Le siguen el petróleo y el gas, con 91 por ciento, mientras que los sectores de mayor informalidad están en la construcción, con sólo 16 por ciento de trabajadores registrados, y el servicio doméstico, con 23 por ciento de formalidad.

Lo propio sucede con el nivel salarial. La minería es el sector en Argentina, según el Siacam, que mejor paga a sus trabajadores. En promedio, el salario bruto de la minería metalífera con datos del año 2021, es de 313.224 pesos; el petróleo y gas con 310.000 pesos; la exploración de litio con 278.000 pesos y la producción del litio con 240.000 pesos. En concreto, el promedio del salario minero se ubica en 198.000 pesos, cuando en el total de la economía es de 98.739 pesos.

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