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3 de septiembre de 2021
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Opinión

El nuevo orden que amenaza la paz interna de los médicos

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El último y ruidoso arreglo por una mejora salarial hacia fin de año que alcanzaron los profesionales de la salud de Ampros con el gobierno de Rodolfo Suarez no sólo activó un reclamo en cadena del resto de los gremios públicos detrás de lo mismo aprovechando, por supuesto, el clima previo a las elecciones legislativas en un contexto en donde lo último que quiere ver el Ejecutivo es que las marchas, las movilizaciones y las manifestaciones varias alteren el ánimo social, por demás maltrecho y molesto. Ese acontecimiento político y vigoroso, especialmente protagonizado por los médicos en plan de lucha, puede que haya traído consigo la presentación en sociedad de un movimiento que para el sector de la salud en Mendoza puede ser el equivalente a lo que fue y es la agrupación de Justicia Legítima para la Justicia provincial y, por supuesto, nacional.

El 19 de agosto, las dos líderes de Ampros, María Isabel del Pópolo y Claudia Iturbe, batallaban en la Subsecretaría de Trabajo con los paritarios del Gobierno. Se habían encontrado apenas terminada la siesta de aquel día jueves y pasadas las 21 el acuerdo no estaba todavía asegurado. El noticiero de Canal 9 transmitía en vivo lo que ocurría afuera: un grupo de manifestantes había cortado la calle San Martín y no se irían de ahí hasta que el gobierno de Suarez les hiciera una propuesta superadora de todo lo que se había barajado en las reuniones anteriores a lo largo del año. Los ánimos se alteraban a medida que avanzaban los minutos.

Las noticias que llegaban de la tensa reunión indicaban que Chavela del Pópolo había sufrido una descompensación por la que debía ser atendida fuera del edificio. Con una presión de 9/4, Chavela estaba a punto de un síncope. Lo sabría mucho más tarde luego de que se lo confesara una amiga, que no la había visto bien en una de las tantas imágenes que desde dentro se emitían por los medios digitales y que por ello dispuso enviarle la ambulancia que la sacó del encuentro, además de atenderla. La descompostura de la dirigente tuvo que ver con el estado de estrés que tanto ella como Iturbe soportaron por varios días. Y también por el clima convulsionado que se ha apoderado de Ampros desde un buen tiempo a esta parte, cuando otros movimientos gremiales, como Sitea, la histórica y combativa Raquel Raquelita Blas y la irrupción pública de planteos dormidos de los residentes amenazan con alterar el andar armónico de un gremio relativamente nuevo en la salud de la provincia.

“Ellos avanzan y van por todo. No parece que les interese la salud, sino más bien van detrás de un proyecto político y hegemónico, imponiendo ideas y visiones muy particulares”, dicen alrededor del gremio. Están hablando de la fuerza que gana adeptos entre los residentes: apuntan a la Fundación Salud Inclusiva, ligada al kirchnerismo, además de las expresiones de izquierda que acompañan a Raquelita Blas en su afán por hacer pie en el área de la salud, en especial del grupo no profesional que se lo disputa al gremio de la Sanidad, ATSA, la histórica organización que por más de 30 años condujera Juan Carlos Navarrito Navarro.

Durante la última cruzada que ha liderado Ampros por conseguir una mejora salarial que les terminara cerrando en parte todo lo que se les ha ido degradando el salario, como a todos en verdad, el gremio sorprendió a propios y extraños con algunos hechos impensados, como cuando unos 300 afiliados llegaron en modo turba e ingresaron de prepo a la zona en donde se desarrollaría el acto en homenaje a San Martín, en el Campo Histórico de El Plumerillo, en Las Heras, el 17 de agosto, dos días antes del acuerdo alcanzado en la Subsecretaría. No son pocos los que se avergüenzan de aquella irrupción airada que obligó a suspender el homenaje. Las nuevas pujas internas, las novedosas e inéditas expresiones de presión que están moviendo el gremio, se conjugaron para tal dislate.

Del Pópolo, Iturbe y compañía lograron mantener a raya el avance para que el gremio tome otra dirección, además de otro estilo de conducción y estrategias de lucha más disruptivas. Llevaron a votación el acuerdo por el 45 por ciento de aumento sin estar obligadas a hacerlo en una jugada que conjugó sus riesgos. El día de la elección, en la que se ratificó con el 64 por ciento el arreglo con el Gobierno, dos urnas debieron ser levantadas por ataques de expresiones en contra que intentaron boicotear el plan y hacer caer el acuerdo. Una urna se encontraba en el Hospital Central y la restante en el Del Carmen. Los residentes pudieron votar, pero de los 1.000 aproximadamente que tiene la provincia, sufragaron un poco más de 170 que, en un porcentaje mayoritario, se expresaron por no firmar la paritaria.

La lucha de fondo está, por supuesto, centrada en la conducción del gremio que, tanto la izquierda con Blas y el kirchnerismo con Salud Inclusiva, pretenden conseguir. Pero también el régimen de empleo que los profesionales tienen vigente por ley, aunque se aplique sólo en partes. El convenio obliga al ingreso por concurso, a evaluaciones permanentes y ascensos en la carrera sujetos a competencias varias que parten de la idoneidad, entre otras condiciones. Prevé la existencia de juntas de calificaciones y evaluaciones y la obligación de los jefes de probar cada tanto el nivel de sus conocimientos porque se trata, nada más y nada menos, que de la salud de las personas, se observa como principio filosófico a lo largo de un escalafón que comenzó a gestarse a mediados de los 80, se afirmó en los 90 y que recién en el 2007 consiguiera un aval total y absoluto, aunque los movimientos disruptivos minoritarios y hasta el propio Gobierno provincial no quieran o no permitan que se aplique en su totalidad.

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