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4 de octubre de 2021
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Opinión

El narcodelito, como salida laboral y de supervivencia rápida

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Más de 450.000 mendocinos son pobres y un poco más de 70.000 viven en la indigencia. Los primeros no reúnen lo suficiente en el mes para percibir que todavía están en lucha, con dignidad para salir adelante y despegar y no estar penando –como lo están– por todo lo que les falta; los segundos, ni tan siquiera reúnen por día lo que mínimamente necesitan para comer. El dato de la última semana refleja que 43,7 por ciento de los mendocinos es pobre y, dentro de ellos, 6,9 por ciento indigente.

Cuando el gobernador Rodolfo Suarez –secundado por su ministro de Seguridad, Raúl Levrino–, al revelar los últimos índices del delito y de la inseguridad en la provincia, reconoció que el robo ordinario, el hurto y los arrebatos creció casi 30 por ciento en el último año, también dijo que el delito grave, entre ellos, el homicidio doloso y el robo agravado, están en baja en Mendoza: el primero ha descendido a 4,4 cada cien mil habitantes; el segundo, a 35 por ciento. Pero, al interpretar o al buscarle una explicación al incremento de los delitos considerados menores, el gobernador apuntó a la vuelta de la actividad económica y social plena, ahora con todo el mundo en la calle y en sus tareas habituales luego de los meses de confinamiento del 2020. Mencionó, también, la crisis, la inflación, la falta de empleo y el crecimiento de la pobreza. Resultó ser una sorpresa, en los dichos del gobernador, la vinculación de la pobreza con el delito.

En política se suele (o quizás se solía hasta ahora, lo veremos de aquí en más) evitar hablar de pobreza junto con inseguridad. La corrección política llevó a eso por mucho tiempo, porque se ha creído que atar una cosa con otra es avanzar directamente hasta la estigmatización de un sector de la sociedad. Pero, quizás ya no sorprende que, así como el delito en general cruza transversalmente a todas las clases sociales y en algunos de ellas toma otro cariz y cuerpo, también la pobreza y la marginalidad más absoluta conduzcan a algunos hacia esos caminos propios de la desesperación, o bien porque no conocen otro modo de supervivencia, o por la fuerza, y también porque delinquiendo puede que consigan más rápidamente y con menos esfuerzo lo que podrían obtener por vías legales, civilizadas, honestas y dignas.

En el Gobierno creen que, como todo, la industria del delito en Mendoza ha sufrido una reconfiguración. Se ha acrecentado el vinculado con las nuevas tecnologías y las plataformas digitales, de lo que se desprende todo tipo de estafas y engaños, por ejemplo. Pero también ven un cambio, al menos en Mendoza, en el peligroso y siempre turbio negocio de las drogas y el tráfico. Y es aquí donde en el Gobierno vuelven a trazar una línea directa entre aquellos que hoy, en medio de la pobreza y la indigencia, no tienen forma ni posibilidades por vías legales para subsistir y deciden, por ello, pasar directamente a la práctica de las actividades ilegales con el submundo de la droga y su distribución.

Con la mayoría de los jefes narco mendocinos presos, lo que para Seguridad los lleva a decir con seguridad temeraria que “no hay bandas de narcocriminalidad activas”, el negocio ha mutado a otras formas. Es cierto que la mayoría está tras las rejas, pero eso no quiere decir que otros no ocupen su lugar. Diario El Sol y el trabajo periodístico de Exequiel Ferreyra han dejado expuestos en los últimos informes el estado de situación del negocio de la droga en la provincia. Y también el diario ha dado cuenta de las caídas de los líderes que generaron mucho ruido hacia dentro y afuera del mundo del hampa. Por caso, este año, recuerda Ferreyra, cayeron dos importantes: Julio César Alandi, conocido como el Boliviano César y Matías Facundo Díaz, alias el Fido. Ambos se han sumado a otros tantos, entre quienes quizás el más recordado sea Juan Henry Gaete Allende, conocido como el Chileno Pepsi. Entre ellos se movía la mayor parte de la distribución de la droga en Mendoza, coincide y reconoce Exequiel.

Volviendo a lo que ven en Seguridad por estos días, describen que ahora han aparecido, o han salido a la superficie, lo que se conoce como una suerte de “bandas familiares” que se dedican al autocultivo de marihuana. En los fondos de los domicilios, en invernaderos más o menos sofisticados, en escondidas parcelas de terrenos disimuladas en chacras y fincas, crece y se desarrolla con buena salud el cultivo de las plantas de marihuana.

Se calcula que cada planta, en trazos gruesos y promedios aproximados, puede estar produciendo –siempre de acuerdo con la situación climática y de la calidad de la tierra y si se produce en lugares cerrados o externos– alrededor de 15 frascos de 250 gramos cada uno de cogollos. En el mercado, siempre turbio y negro que mueve el tráfico de la marihuana, por cada frasco se está pagando alrededor de 20.000 pesos. La cuenta es directa y tremendamente excitante y fascinante para los que terminan siendo absorbidos por el hampa: cada planta bien cultivada y con buena producción puede estar garantizando alrededor de 300.000 pesos. Con lo que en muchos barrios no hay posibilidad de competir con la oferta de trabajo digno, educación y promesas de una vida mejor hacia delante cuando las urgencias son ya y ahora. No todos tienen la entereza y fuerza suficiente para evitar caer en ese mundo pernicioso, peligroso y de guita fácil.

Levrino dice que, si bien ha mutado el negocio, no ha dejado de adaptarse a la nueva configuración. En Seguridad afirman que ya han desbaratado unos 500 quioscos y que han sido detenidas 450 personas que se estaban dedicando al cultivo y comercialización de marihuana. Informan que en el 2020 se incautaron 3.420 kilos y en lo que va del 2021 ya se llevan 5.000. La mayor cantidad de kilos está en las plantas que se han descubierto, particularmente, en los invernaderos. Y la violencia en este narconegocio se da en los ajustes de cuentas entre las bandas por el no pago de las transacciones.

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