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12 de mayo de 2021
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Opinión

El fracaso total: la educación dejó de ser un derecho incuestionable

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Clases en la escuela José Vicente Zapata, de Ciudad.

“La situación de encierro, la falta de interacción social, la pérdida del trabajo y la incertidumbre general que ha originado esta pandemia son el ambiente propicio para aumentar el estrés y las situaciones de violencia. A ello debemos sumarles las inequidades sociales puestas en evidencia por la pandemia que se han recrudecido y aumentan el abismo educativo entre quienes acceden al uso de la tecnología y quienes carecen de la misma”.

La cita es parte del documento conjunto que Unicef argentina y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) dieron a conocer el 15 de abril en Buenos Aires, cuando la pelea por la continuidad de las clases presenciales entre la CABA y el Gobierno nacional recién escalaba a niveles de alta tensión. La disputa tendría un punto de quiebre y sólo por algunos días cuando la Corte de Justicia fallara a favor de la autonomía del Gobierno porteño para decidir sobre la continuidad y el modo en el que se venía impartiendo el servicio de educación, presencial en su mayor parte, con los chicos de los niveles iniciales recibiendo clases en las aulas con los docentes presentes, como ha venido sucediendo hasta el momento. El efecto del fallo produjo que el Ejecutivo nacional intentara alcanzar el objetivo de cerrar las escuelas por medio de una ley, cuyo proyecto ya entró en discusión en el Parlamento.

Pero, mucho antes del documento de Unicef y de la SAP, Mendoza había iniciado el ciclo lectivo 2021 con la mitad de los chicos de forma presencial en las escuelas, alternando con la misma cantidad de días recibiendo clases virtuales, como ha venido sucedido hasta ahora.

A todo esto, pocos, muy pocos podrían llegar a sospechar siquiera, o a inferir, que el tema clases y, por sobre todo, el derecho de los chicos a recibir formación de manera presencial en las escuelas pudiese llegar a transformarse en un botín mayúsculo para las facciones políticas en pugna en Argentina.

Hilando más fino, no existen argumentos convincentes y determinantes que puedan asegurar o garantizar que la asistencia de los chicos a las aulas de las escuelas de toda la provincia o a cualquiera de las diseminadas en todo el país multipliquen este virus endemoniado, que atacó a la humanidad a fines del 2019, y que llegara con fuerza a Argentina en el otoño del año pasado y del que estamos sufriendo, ahora en el 2021, una segunda ola en condiciones de vulnerabilidad que tienen razones multicausales.

Para ser más claros, el tema clases sí, clases no del modo presencial se transformó en Argentina en un asunto de grieta en el que el Gobierno nacional y los gremios docentes, en su inmensa mayoría, asumieron la posición de evitar la asistencia a las escuelas por los efectos de la pandemia, mientras que la oposición se alineó en la vereda opuesta.

La tragedia de todo este drama mayúsculo que vive Argentina, donde quien gobierna y quienes están en la oposición han alcanzado niveles de extremas diferencias que ya no podrán eliminar en lo más mínimo de aquí en adelante, es que se hayan tomado las clases como blanco de la disputa y de la mayor exaltación de la guerra que están librando.

Corroborar que no han acordado nada –más allá de esas pocas cuestiones que tienen que ver más que nada con una mise en scène surgida del Consejo Federal de Educación–, en cuanto al esencial servicio educativo –de todos los derechos uno de los más importantes de aquellos que conforman los bienes públicos, personales y sociales de todos y que elevan a una nación a lo más alto de la tabla de reconocimientos–, no deja de producir un dejo absoluto de impotencia y de fracaso como sociedad. De la sociedad en su conjunto, claro está, porque es la que le dio vida a tales productos políticos en guerra y a una parte de la dirigencia que avanzó tanto, al extremo de entregar o resignar la educación de sus propios chicos para alcanzar un triunfo o un objetivo político que no es otra cosa que la derrota de quien tiene enfrente. Un fracaso sin nombre, de los pocos que podrían imaginarse.

“La escuela por definición es un ámbito donde esas disparidades sociales se pueden compensar –continúa el documento de la SAP y de Unicef, cuando hace referencia a las diferencias de recursos entre unos chicos y otros según donde hayan nacido y de qué clases sociales provengan–. En ese contexto, la educación no puede verse relegada ni los derechos de los niños y las niñas anulados. La escuela educa, crea lazos sociales, alimenta, da refugio, democratiza conocimientos, orienta y contiene. La escuela –prosigue, habilita un espacio y constituye un tiempo que crea libertad e igualdad. Su interrupción tiene consecuencias graves a corto y largo plazo para las economías y sociedades. Cuanto más tiempo las infancias y adolescencias, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, dejen de asistir a las escuelas, menos probable es que regresen”.

Más adelante, el documento intenta dar garantía de que, dentro de los establecimientos, los ambientes son seguros y, en ellos, “la presencialidad es cuidada y controlada” y que los resultados de seguridad escolar han sido muy satisfactorios y que los chicos y las chicas “han abrazado con responsabilidad esta nueva instancia educativa”.

Hacia el final, el escrito insiste en que la escuela es un lugar seguro y que “trabajar con niños y niñas no es un factor de riesgo” y que esperan, ambos organismos firmantes, que se reanude la presencialidad cuanto antes en aquellos lugares donde hoy no se lleva adelante y que las razones esgrimidas, como la de la pandemia, se extiendan el menor tiempo posible.

Ayer, la Justicia mendocina rechazó un planteo de la CTA para que se suspendan las clases en Mendoza. En la misma línea se han manifestado el SUTE, el sindicato de los docentes, y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Los sindicatos han seguido la política de la CTERA nacional, controlada por el militante kirchnerista Roberto Baradel.

Lo de la Asamblea de los Derechos Humanos resulta más extraño de comprender, aunque, claro está, lo que surge a la superficie es la colonización ideológica y sectorial de lo que se podría llegar a suponer un ámbito de defensa de los derechos humanos, de todos, incluyendo allí el de la educación.

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