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7 de abril de 2021
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Opinión

El Covid y la transparencia en la gestión, ser y parecer

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Hacía más de dos meses que la Legislatura había aprobado la emergencia sanitaria de la provincia, tal como lo había solicitado el gobierno de Rodolfo Suarez, cuando saltó a la luz una compra en un hospital público que encendió las primeras alarmas y sospechas sobre el manejo de esa herramienta.

En mayo del 2020, el Hospital Lagomaggiore ordenó comprar una decena de cajas de acrílico para ser utilizadas en la atención de los pacientes intubados en las salas de Terapia Intensiva y que necesitan un respirador mecánico. Se trata de un insumo básico que los profesionales de la salud le reclamaron al Estado cuando se transitaban las primeras semanas de la pandemia de covid. Las cajas son un elemento de enorme valor y utilidad para los técnicos y médicos de la terapia porque reducen en gran porcentaje cualquier posibilidad de contagio.

Dentro de lo que la Ley de Emergencia había establecido, el hospital ordenó la compra de diez cajas. Al poco tiempo aparecieron las primeras denuncias vinculadas a un posible pago de sobreprecios, corroborado por la Fiscalía de Estado cuando se solicitó su intervención. El órgano de control confirmó que el hospital había pagado unos 24.000 pesos por cada caja cuando el precio de mercado de las mismas en proveedores locales daba cuenta de valores que oscilaban entre 6.500 y 8.400 pesos.

Además de comprobarse el pago de un evidente sobreprecio en la adquisición de las cajas, la compulsa de la Fiscalía descubrió que la compra se le realizó a un proveedor no habilitado porque había perdido la vigencia de su inscripción exactamente dos años antes, en marzo del 2018.

El hecho obligó a la Fiscalía a enviar las actuaciones a la Unidad de Delitos Económicos de la Justicia ordinaria de la provincia, con un informe en el que, además, se agregaba que el vendedor en cuestión estaba inscripto como empresa proveedora de agua, soda, descartables gastronómicos, artículos de librería y limpieza, sin que se encontrara entre sus antecedentes que en algún momento se había ocupado de la venta de insumos médicos.

El Ejecutivo, y por imperio de la misma Emergencia Sanitaria, se obligó y comprometió a enviar a la Legislatura un informe mensual dando detalles del gasto que se ha tenido que realizar por todo lo que ha insumido hacerle frente a la pandemia. Por la situación de emergencia, el Gobierno tiene permitido hacer compras directas, sin licitación por medio de mecanismos rápidos y urgentes, como han sido siempre las demandas en un estado de situación extraordinario.

Los bloques opositores en la Legislatura, en particular el peronismo, vienen insistiendo desde mucho tiempo en la necesidad, según su criterio, de que los funcionarios responsables de las áreas críticas del gobierno de Suarez acudan a informar a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria (la denominada Comisión Covid) todo lo relacionado con el gasto pandémico surgido de recursos tanto provinciales como los que ha enviado la Nación.

Los voceros opositores sostienen que, al menos, cinco veces se ha pedido que asista la ministra Ana María Nadal, sin recibir una respuesta afirmativa. A eso le adosan, al paso, que no sólo en Salud el Gobierno niega información que consideran pública y de obligación suministrar. “Tampoco envían a los ministros de Seguridad y de Economía, Raúl Levrino y Enrique Vaquié, a quienes hemos citado también varias veces con pedidos de informes aprobados. Es una costumbre”, se quejan.

Ayer, el Senado, con los votos del oficialismo pero con la abstención del peronismo, le dio media sanción a la prórroga de la emergencia por otro año, con la llegada misma de lo que se considera la segunda ola de la pandemia. Aquel incidente bajo investigación de la Justicia ordinaria en torno a la compra de las cajas realizada por el Lagomaggiore, la ausencia de respuestas oficiales de acuerdo con lo que pide el peronismo y la demora en los informes mensuales que Salud debe enviar a la Bicameral sobre la marcha del gasto y las novedades en torno a la situación de emergencia volvieron a ventilarse calentando por demás una discusión política que, de existir, debió ser para mejorar la situación y enriquecer lo que se está haciendo en materia sanitaria desde el Estado para lo que se viene.

No parece haber argumentos razonables para que el Ejecutivo niegue los informes solicitados por la oposición, porque tampoco existe un sistema público, de fácil acceso y conocido por todos, por el cual, quien tenga dudas o pretenda conocer lo que se hace con los recursos de la emergencia, lo pueda realizar sin demasiados rollos ni traumas. Y, aunque no existiera, tampoco se comprende la negativa sistemática del Gobierno a informar qué se hace y qué no con los fondos públicos, y cómo se gastan, por sobre todo.

La sesión sirvió, en medio del tironeo clásico ya entre oficialismo y oposición, para ventilar otros hechos que no han sido esclarecidos debidamente, como un supuesto faltante de un centenar de dosis contra el Covid en Las Heras, un episodio también vinculado con vacunas en un centro de jubilados de Godoy Cruz y el demorado envío de informes mensuales que, de acuerdo con lo denunciado, sólo existen hasta diciembre del año pasado.

Y, como un broche patético de toda la situación, el peronismo con sus voceros (siete, de los que pidieron la palabra) hizo mención de alguna u otra forma a una confesión del gobernador Suarez, quien, en la reunión del lunes con los intendentes habría adelantado que la ministra Nadal no acudiría a la Legislatura como ha pedido la oposición “porque no tiene tiempo”.

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