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23 de marzo de 2022
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Opinión

El CEAS y el incómodo ejemplo salteño

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¿La explotación minera es compatible con la conservación de un recurso vital como es el agua?, le preguntaron a Sebastián Musalem, el biólogo que es el jefe, además, del Programa de Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente de Salta. “Es compatible. Depende de qué y cuánta minería estamos hablando y de qué tecnología. La actividad (minera) en sí, en un ecosistema determinado puede funcionar en tanto y en cuanto no se superen los límites de resiliencia o de capacidad de autorrecuperación de la naturaleza una vez que empiece la actividad”, respondió el técnico.

Si hay algo curioso para los mendocinos en todo esto no está ni en la pregunta al especialista ni tampoco en la respuesta, aunque, probablemente, sí lo esté por el lado del ámbito en donde se dio y en su contexto. Los salteños, como Mendoza y como la mayoría de las provincias, tienen su propia versión del Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS). Se llama Consejo Económico y Social y tiene entre sus espacios de estudio una Comisión de Minería. Según cuenta El Tribuno en su edición del lunes, la comisión convocó al funcionario para que proporcionara detalles sobre el Plan Integral de Manejo y Desarrollo de la Reserva Natural de Uso Múltiple Los Andes, que fue elaborado en el 2016 financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En Salta ha crecido la esperanza desde un tiempo a esta parte de que, con los recursos mineros que se han constatado dentro de su territorio, recostados sobre la cordillera de los Andes, podrían darle oxígeno y combustible a otro plan, de desarrollo integral provincial, que tiene como base la ampliación de su propia matriz económica. Tal como sucede en Mendoza. O, mejor dicho, como sucedió en la provincia algunos años atrás en medio de una revolución de pensamiento para idear otras salidas de las conocidas respuestas que tiene la economía de Mendoza en beneficio de su propia población.

El CEAS mendocino, por su lado, por medio de su Comisión de Economía, halló dos propuestas para elevarle al Gobierno como alternativa diferente de todo lo que se viene haciendo y, con ello –según era el objetivo–, ayudarlo a encontrar otros caminos a explorar para generar riqueza, empleo y desarrollo: se trata de un programa para simplificar trámites burocráticos para inscribir nuevas empresas y otro para habilitar senderos de montaña en el Valle de Uco con el fin de utilizarlos para ampliar la oferta turística.

Los salteños optaron, de acuerdo con lo que se está viendo dentro de su Consejo, por no dejar pasar la oportunidad de, al menos, estudiar si minería con medioambiente y cuidado del agua van o no de la mano; si es cierto que se puede llevar adelante la minería sustentable. Están en eso. Acaban de lanzar otro plan para acompañar al del desarrollo de la reserva natural Los Andes. Es el Plan Provincial para el Desarrollo Minero Sustentable 2021-2030. Los permisos de exploración y de cateos que se han dado para la explotación de los minerales en La Puna se concedieron “dentro de los preceptos que regulan el área protegida de Los Andes” y en el Consejo, afirman, se les ha dado la misión de revisar el plan de desarrollo minero, lo que incluye la propuesta de elaboración de un ordenamiento territorial de La Puna salteña “con el fin de garantizar la sustentabilidad en las actividades”.

En el Consejo salteño, el biólogo Musalem contó cómo alcanzaron un plan de desarrollo minero de La Puna con todos los sectores dentro. Sostuvo que, durante un año, quince instituciones públicas y privadas le dieron forma al programa y, para ampliarlo, sumaron consultas a las comunidades de La Puna, a la Secretaría de Minería, a la Cámara de Minería, al INTA, al sector de turismo y a las universidades. “Allí se consensuaron todas las voces”, consignó Musalem de acuerdo con lo publicado por el medio salteño.

La reserva en cuestión, en la que se pretende desarrollar la minería en Salta, tiene casi 1,5 millones de hectáreas, repartidas entre La Puna propiamente dicha y la ecorregión Altoandina y dentro de dos departamentos: San Antonio de los Cobres y Tolar Grande. “Ahí tenemos una riqueza que no existe en otros lugares del mundo. Tenemos, por ejemplo, manadas enormes de vicuñas, los camélidos con la fibra más fina del mundo. Tenemos microendemismo de algunas especies de ranas que sólo existen en La Puna. Y hay especies de fauna amenazadas o en peligro de extinción”, contó el biólogo al Consejo.

También se ha descrito que la zona “es un gran desierto” en donde el agua es fundamental. Agua presente en los oasis y en las vegas que generan pastura y forrajes no sólo para los animales silvestres de la zona, sino también para los rebaños de ganado menor de las comunidades que viven asociadas a esos oasis.

Quizás existe en todo este proceso que ha iniciado Salta alguna oportunidad para Mendoza y, a la luz de cómo le irá a la provincia norteña, sacarse la espina de si en verdad es posible implementar otras actividades económicas e industriales diferentes de las del agro y la vitivinicultura que existen en Mendoza. El caso salteño podría, por qué no, convertirse en un banco de ensayo para los mendocinos. Si en un ámbito protegido, como cualquiera de los parques que tiene la provincia, los salteños lograran equilibrar sustentablemente las tensiones naturales entre las diferentes actividades, con el cuidado del medioambiente, podría abrir interrogantes incómodos en esta provincia. Una provincia donde está claro que se ha tomado la decisión política mayoritaria, entre oficialistas y opositores seguidos por el resto de los sectores, de no hacer olas, de no patear ningún avispero y seguir por el camino elegido hasta que las próximas generaciones decidan la suerte de lo que hoy se posterga.

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