Hasta el 22 de este mes, cualquier hijo de vecino que pretendiese conseguir la habilitación para contar con un auto remís, sumado a la habilitación para usarlo comercialmente, debía cumplir con 74 trámites administrativos distintos, incluidos los códigos de pago respectivos. Internarse en tal laberinto burocrático podía demandar varias semanas completas de idas y vueltas por decenas de oficinas públicas que, por no estar integradas y conectadas digitalmente entre sí o por no compartir programas informáticos y la misma base de datos, sometían al solicitante a acudir a cada una de estas bocas de atención invirtiendo tiempo y miles de pesos en la misión.

Todo este sistema administrativo, dependiente del área de Servicios Públicos de la provincia, como está dicho más arriba, funcionó hasta jueves 22 porque, desde ese día en adelante, el expediente del trámite se simplificó al entrar en vigencia la resolución 0132 de la Secretaría de Servicios Públicos firmada por su titular, Natalio Mema. En el entorno del funcionario, a la resolución no se la conoce con su número o, mejor dicho, no sólo por su número: también se la llama “efecto Laricchia”, en alusión al derrotero que tuvo que cumplir el reconocido operador turístico que documentó, día por día, cada paso que fue dando, sin saltearse ventanilla alguna, para conseguir la autorización correspondiente a fin de contar con la chapa y habilitación oficial del remís. La historia de Laricchia fue contada en este espacio de El Sol el 29 de junio bajo el título Kafka se inspiró en Mendoza, no hay dudas.

El artículo no develó la identidad de Laricchia, sino que simplemente tomó su caso, documentado, como está dicho, para describir uno de los tantos sinsentidos de gasto de plata y tiempo a los que somete el Estado a los ciudadanos, cuando está visto que el sentido común siempre aconsejó y ordenó, para ser más preciso, que el objetivo de toda la estructura burocrática pública, que se sostiene con el tributo de cada uno de los contribuyentes, tiene que estar al servicio del mismo para facilitar y allanarle los caminos cuando necesita de él, y no para complicarle la vida, como sucede.

El caso de Laricchia y el conocimiento público del delirio burocrático que le demandó hacerse de la autorización que buscaba torció el rumbo de las cosas, al menos, en una parte del Estado. En detalle, Laricchia compró la chapa del remís el 23 de junio del corriente año y la Secretaría se la habilitó el 2 de setiembre, dos meses y unos pocos días luego de iniciado el trámite. Veinte días después se publicó la resolución que simplificó el papelerío.

El primer considerando de la resolución manifiesta la necesidad de simplificar los trámites, armonizando “los principios de economía, eficacia, eficiencia, celeridad y sencillez del obrar administrativo y asegurarse una vía rápida de tutela de los intereses públicos y privados comprometidos en su actuación”. Pero, quizás, lo más trascendente viene inmediatamente luego, en el segundo considerando, cuando ordena: “Debe dispensarse al administrado de toda exigencia formal innecesaria o que pueda ser provista por la misma administración, la que debe facilitar el goce de los derechos cuya operatividad le es exigible en virtud del carácter servicial de todo su accionar”. Por eso mismo, agrega más adelante: “Aquella documentación o información que obre en la base de datos o de los registros pertenecientes a la Secretaría de Servicios Públicos, como así también la de alguna repartición de la provincia, proceda a adjuntarse de oficio, sin requerir la misma al peticionante o solicitante”.

Laricchia festejó la nueva resolución de la Secretaría de Servicios Públicos en su cuenta de Twitter, develando que luego de hacer todo el camino que la burocracia le ordenaba, le pidió una audiencia a Mema y, con la nota de este diario, acercó algunas sugerencias para mejorar el sistema y la atención. “Parecía que ‘el sistema’ o algún burócrata no quería que un señor tuviese un remís y trabajara legalmente. No era personal, a cualquiera se le exigía lo mismo”, se lee en el hilo de Twitter. También dice, más adelante, que Mema, con quien logró reunirse y a quien no conocía, admitió, al repasar el trámite “de los mil papelitos”, que algunas de esas instancias “rozaban el delirio”. Relata, además, que con el paso de los días lo llamaron algunas horas atrás para adelantarle el contenido de la resolución que ya está en vigencia con la simplificación de todo lo que se venía exigiendo. “Estos hechos me reconcilian con la administración pública y creo que merecen ser destacados”, dice.

El asunto de la despapelización de los trámites del Estado, su desburocratización, es uno de los principales que aparecen en la agenda política-electoral. En la agenda, pero no siempre llegan a la concreción y realización total. El sistema de reformas se suele quedar en el camino o a la mitad, cuando no directamente en la nada misma. La ventanilla única y el expediente digital electrónico han venido a aportar algo de sencillez a los interminables y todavía no descubiertos del todo vericuetos burocráticos e inútiles del Estado. Muchas veces, las oficinas de trámites solo justifican el empleo público innecesario. Algunos municipios han logrado y anunciado algunos avances en este aspecto y también, como ha sido el caso de Luján, San Carlos y Godoy Cruz, en la eliminación de ciertas tasas que, incluso, ya ni siquiera estaban en uso. Pero falta mucho. Para corroborarlo, basta con darse una vuelta por cualquier oficina de atención al público. Horas y horas de espera en cada una de las ventanillas en donde se exige la presentación de un código previamente pagado o cualquier antecedente como el de los famosos libre deuda que, con sólo el tecleo de una clave y un dato preciso, un solo empleado de la administración puede conseguir.

Sin ir más lejos, fueron los empresarios representados en aquel pomposo Consejo Económico, Ambiental y Social que funcionó por algunos meses de la gestión del actual gobierno los que presentaron un proyecto de simplificación de todos los trámites administrativos del Estado para, por ejemplo, habilitar la creación de empresas, pequeñas, medianas y grandes. Hasta ese ámbito, que debió internarse en los grandes proyectos estructurales de crecimiento y desarrollo de Mendoza para los próximos años, llegó una solicitud y un reclamo de mero sentido común: un pedido de sencillez y simpleza por parte del Estado, que, al menos para empezar, con tal aporte a la actividad privada podría elevarse a niveles espectaculares e increíbles. Sólo con eso.