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30 de diciembre de 2021
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Opinión

El ajuste de tarifas nacional que se avecina y lo que preocupa en Mendoza

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Edemsa.

­Mendoza observa la nueva promesa nacional de segmentación tarifaria para energía eléctrica y gas desde el 2022 en adelante con algo de escepticismo. En términos concretos, para la energía eléctrica, tal decisión –que ha sido asumida en el Ministerio de Economía en forma conjunta con la Secretaría de Energía– no tendrá impacto en Mendoza porque para la Provincia rige un sistema de fijación de tarifa autónomo. En cambio, se esperan precisiones para el caso del gas. De igual forma, si en la Nación deciden –como parece que se avanzará desde el año próximo– una reducción de los subsidios que se otorgan para el AMBA (el Área Metropolitana que involucra a la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense), el impacto para los mendocinos no se percibirá más allá de un menor gasto reflejado en el presupuesto nacional por un concepto que por años ha sido financiado por los millones de argentinos que viven fuera de esa área geográfica, incluyendo, claro está, a todos los mendocinos.

Pero, la atención y preocupación del Gobierno local estarán puestas en el reclamo millonario que desde hace años realizan las distribuidoras eléctricas, entre ellas, la más importante, Edemsa, que con las decisiones que puede llevar adelante la Nación probablemente cobre cuerpo. Por uno de los conceptos, porque no hubo ajustes tarifarios debido a disposiciones políticas de congelar las tarifas en la provincia en años anteriores, la principal distribuidora reclama una suerte de indemnización del orden de 11.000 millones de pesos, mientras que, en conjunto –incluyendo a Edemsa– con el resto de las compañías, los planteos treparían a unos 50.000 millones, de acuerdo con algunas evaluaciones, en contra del Estado provincial porque la ausencia de ajustes y otros conceptos las llevó, según sus argumentos, a endeudarse con la proveedora mayorista de energía, Cammesa, la Compañía de Administración del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima.

Desde el Gobierno nacional se ha dejado trascender en las últimas horas que ahora sí va en serio la eliminación de los subsidios eléctricos que benefician al AMBA, no así al resto del país porque, literalmente, no existen, al menos, esos privilegios financiados con el presupuesto nacional. Se trata de una poda que podría llegar a ascender a casi a un billón de pesos –unos 964.000 millones de pesos, más precisamente– presupuestado en la pauta de gasto que fue rechazada días atrás por el Parlamento nacional. En el AMBA, por caso, aquellos que hoy están pagando un valor de 500 pesos por electricidad podrían llegar a pagar unos 2.500 pesos por mes, debido a varias cuestiones: porque tienen una propiedad valuada en 3.700 dólares el metro cuadrado o porque están encuadrados una nueva evaluación que se pondrá en juego en toda la zona que recibe las subvenciones.

Junto con todo ese estudio que ahora se vuelve a anunciar, como ya se hizo en dos ocasiones anteriores y que resultaron ser fallidas durante el gobierno de Alberto Fernández, ha estado en juego un enfrentamiento político entre el ministro Martín Guzmán y su subsecretario de Energía, Federico Basualdo, este último con el banque de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y miembro de La Cámpora. También ha sido parte en el armado de lo que viene, Federico Bernal, otro camporista, interventor de Enargas, quien, con Basualdo en su momento, se opusieron a la intención de Guzmán de autorizar un incremento tarifario en el arranque del año que está terminando.

No obstante, en Mendoza, la mirada está puesta en los efectos de un decreto firmado por el ex gobernador Francisco Pérez en el 2015. Se trata del 390, que le reconoció a Edemsa en aquel año unos 4.000 millones de pesos de ingresos no percibidos porque las tarifas no habían sido ajustadas desde el 2008 en adelante, cuando –por decisión política del gobierno de Fernández de Kirchner– se dispuso no tocar las tarifas de los servicios públicos. El último ajuste había sucedido en el 2008. Como las revisiones tarifarias deben realizarse por contrato cada 5 años, en el 2013 se debía analizar el valor. No se hizo y en el 2015 se firmó el decreto mencionado con el reconocimiento del atraso a favor de las compañías de distribución. Por ese lapso de tiempo sin movimientos en los valores, la empresa ya está reclamando unos 11.000 millones de pesos.

Lo que viene por delante, sin embargo, es mucho más intrigante para el Estado: el contrato con Edemsa por la concesión de la distribución eléctrica vence en el 2028. En el 2023 se debe realizar la última revisión tarifaria antes de la finalización de un contrato que se firmó en 1998 por 30 años. El Gobierno se está preparando para cuando llegue ese momento, que justo coincide con un año electoral. La suma de reclamos de las distribuidoras, con Edemsa a la cabeza, podría ubicarse en el orden de los 50.000 o 60.000 millones de pesos, de acuerdo con las primeras especulaciones que se barajan.

Claro que, también por el lado de la administración del Estado, se ha comenzado a reunir información y antecedentes por las obras no realizadas por parte de las compañías, más otros compromisos asumidos vinculados con la calidad y provisión del servicio que no han sido satisfechos como estaba previsto en el contrato original. Y, sobre la vereda de enfrente, hacia Edemsa, ya se mira el poder de fuego que puede llegar a esgrimir esa compañía con sus vinculaciones en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (Ciadi) a los contratos de las empresas con el Estado, que tiene su sede en Washington y al que seguramente acudirá la empresa por su reclamo a Mendoza, reconocido por Pérez en el 2015. Además, de esa manera, buscará defenderse por la deuda que le reclama Cammesa, que ya asciende a unos 8.000 millones de pesos que no paga, aduciendo, entre otras cuestiones, el retraso tarifario al que ha sido sometida.

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