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15 de agosto de 2022
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Opinión

Días de tensión

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El gobierno de Rodolfo Suarez ha decidido jugar una carta importante en el conflicto abierto con los gremios estatales y con eso adelantarse a momentos posiblemente más críticos que los vividos durante las últimas manifestaciones y los paros de los docentes, particularmente. El llamado a la mesa paritaria para reabrir la discusión por los salarios tras el espantoso índice de inflación del mes de julio lleva implícito el deseo del Gobierno de desactivar las nuevas medidas de fuerza, y, más que eso, evitar que, si se vuelven a realizar, tengan el menor apoyo posible del resto de la sociedad, que hasta ahora, y por muchos años, se había comportado indiferente a las protestas de los estatales. No sólo eso, sino que, cuando tuvo la posibilidad de dar a conocer su opinión, vía encuestas y sondeos varios, una inmensa mayoría de los mendocinos siempre se identificó claramente en contra de las movidas de los empleados públicos por entender, además, que siempre estuvieron motivadas por intereses ajenos a los del resto de los mendocinos y, cuando no, por cuestiones político-partidarias.

Hoy, la situación es sensiblemente diferente. Las últimas expresiones callejeras contaron con más adhesión que la que esperaban e imaginaban en la Casa de Gobierno. Y los paros, en particular en las escuelas y pese a las diferencias de siempre entre los números oficiales y los controlados por el SUTE, fueron altamente significativos. Y los padres, por razones varias que quizás no tenga sentido enumerar o describir aquí, no enviaron a sus hijos a clase. Hasta este año, cuando el SUTE ordenaba una medida de fuerza, el resultado siempre había inverso a todo lo que se ha visto en esta oportunidad.

Todos corren riesgos. Los premios y, partiendo por los más combativos, porque comienza a ponerse en tela de juicio el apoyo social a las medidas que dejan sin servicio a la población. Cuánto más el ciudadano común podrá seguir tolerando los registros públicos cerrados y otras reparticiones que le deben el objeto y sentido de su funcionamiento a la atención de los ciudadanos; cuánto más se seguirá comprendiendo una medida de fuerza cuando se deja a un paciente sin atención en los centros hospitalarios con la excepción de las urgencias. Los médicos y profesionales aceptaron la semana pasada la propuesta salarial. Ellos se presentan a trabajar, pero los servicios se ven afectados por la cuota parte que controla ATE Salud. Y ni hablar a lo que se expone el gremio docente si decide activar el paro de 96 horas que tiene aprobado: en el nivel de acatamiento desde ya, pero también con la postura que pueden tomar los padres de los chicos, que están jugando un papel trascendente, como está visto.

Los días sin clases hacen estragos, también, en el ánimo de una sociedad que, además de estar padeciendo los males de una situación de crisis absoluta, observa que sus hijos, los de la sociedad en general, pierden capacitación, se atrasan y ve cómo se va deteriorando la formación de los chicos, siguiendo la gran depresión. Hay otro drama que devela la ausencia de actividad en las escuelas: muchos chicos no tendrían una buena ni suficiente alimentación si no fuera por la que reciben en clase. El abuso de la medida de fuerza puede volvérsele en contra a la estructura gremial. Ya la semana pasada, a la salida del paro de los tres días, en un chat de madres circulaba la indicación de una maestra hacia la madre referente del grupo donde le pedía que le dijera al resto de las madres de los chicos que practicaran lectura porque tenía la impresión de que el jueves o el viernes (por los últimos), los censistas del programa de fluidez lectora podrían aparecer por el aula tomando algunas pruebas como muestra. Acciones como tales ya no tienen todo el acompañamiento de los primeros días. El fastidio es de todos y hay padres que entienden que es necesario apoyar una lucha sectorial, pero también esperan recibir a cambio lo mejor que pueden dar los docentes a sus hijos, empezando por el dictado de clases.

El Gobierno se arriesga a que todo lo que ofrezca sea rechazado, como probablemente suceda, y no conseguir ni demostrar ni mucho menos convencer de que está haciendo todo el esfuerzo que dice. Y a que nada de lo que hoy está diciendo sea apoyado y comprendido por los terceros en discordia, el resto del mundo no vinculado al Estado.

La convocatoria a la reapertura de las negociaciones también ha sido una señal enviada a la Nación: porque la macro no mejora y la inflación demuele los bolsillos, tenemos que seguir discutiendo salarios con recursos que no alcanzan. Ese es el mensaje que también va hacia el resto de la población, a la que le dice, además, que no hipotecará lo que ya está hipotecado.

Será una semana sensible por donde se la vea, con las partes midiendo sus fuerzas y relojeando e imaginando la próxima jugada. Claro que todo lo que ocurre en Mendoza está sujeto al escenario nacional. Pero, aquí, lo que se sale de madres, aunque no sea significativo, tiene su impacto y trascendencia. La oposición política lo sabe, por eso abona y alimenta la agitación gremial, acompañando sus reclamos y apoyando sus críticas a un gobierno, como el de Suarez, al que se le cuestiona el ahorro de una o dos nóminas salariales que dice tener ante posibles contratiempos. Esa plata nos pertenece, dicen, sin ponerse colorados, desde la dirigencia sindical estatal, sin percatarse siquiera, sin reparar que son recursos aportados por ciudadanos tanto o más sufridos que ellos, gente que sigue pagando impuestos sostenidos con las yemas de los dedos de la medianera que los separa de la pobreza.

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