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19 de julio de 2021
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Opinión

Día Nacional de la Felicidad

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Si el ritmo de vacunación se mantiene en el nivel récord de la semana que pasó, a razón de 375 mil dosis diarias promedio en todo el país, en 109 días se habrá completado el plan para inocular, con las dos dosis, a todos los mayores de 18 años. Ese día, el próximo jueves 4 de noviembre, será entonces el Día Nacional de la Felicidad. Así lo prometió el presidente Alberto Fernández: “Cuando pasemos la puerta de salida y la pandemia quede atrás, aunque debamos seguir cuidándonos, porque el virus seguirá dando vueltas, los argentinos vamos a ser felices”.

En realidad, el copyright de la idea de la felicidad asociada al fin de la campaña de vacunación le pertenece a la vicepresidenta, aunque el jefe de Estado la asumió como propia. Pero entre ella y él hay una diferencia sustancial: no coinciden con el proyecto de la prometida felicidad, disienten en lo que ocurrirá a partir de ese 4 de noviembre imaginario.

Antes de que Fernández hablara de “la puerta de salida” en un acto de campaña en el conurbano bonaerense en el primero de los cinco días de duelo que decretó para homenajear a las víctimas de la Covid-19, el gobernador Axel Kicillof dio un indicio de lo que debería ocurrir al día siguiente de la fiesta de la felicidad.

“Cuando podamos concluir con ese proceso de vacunación va a venir la reconstrucción, va a venir lo que tenemos pendiente, porque asumimos y a los tres meses comenzó la pandemia”, dijo Kicillof. El fin de la vacunación marcará el inicio del plan de gobierno que el Frente de Todos se había imaginado, 23 meses más tarde.

El camino de “lo pendiente”, la ruta hacia “la felicidad”, difiere entre un funcionario y el otro, entre estos dos sectores de la coalición de gobierno. Ya antes del 4 de noviembre, el Ejecutivo se enfrenta a una decisión que condiciona cualquier noción de “felicidad”. En septiembre vence un pago de 2.205 millones dólares al FMI que tanto Kicillof como Cristina Fernández no quieren pagar. La única posibilidad de que ello ocurra es lograr antes un acuerdo con el Fondo, que precisamente es lo que quieren evitar.

El plan de facilidades extendidas que puede ofrecer el FMI, es decir una reestructuración de la deuda a pagar en un plazo máximo de 10 años, conlleva la continuidad del ajuste fiscal que el ministro Martín Guzmán ejecuta desde agosto del año pasado cuando comenzó a desmantelar los programas de asistencia que se lanzaron durante la fase calma de la pandemia. Las oleadas llegaron después, cuando las arcas estaban vacías.

Para que se entienda: mientras que la inflación corre a una velocidad de 50 por ciento anual, el gasto previsional, la mayor caja que administra el Estado, subió 29 por ciento interanual. Es decir que el dinero que llega a los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, perdió en un año más de 20 por ciento. El bono que el Presidente anunció esta semana para “compensar” a los jubilados que ganan hasta dos haberes mínimos, representa apenas el 12 por ciento del ajuste previsional del primer semestre.

La restricción externa condiciona la administración de la pandemia. La segunda ola fue producto de la variante Lambda y de la crisis de deuda. El gobierno abrió la economía y estimuló a la población a que esparciera por todo el territorio la mutación importada desde Brasil porque no tenía los recursos de 2020.

Desde el Instituto Patria le proponen a Guzmán que no acuerde ahora con el FMI, no sólo por la inconveniencia electoral, sino para liberar recursos y “poner plata en el bolsillo de la gente”. Para esa opción le proponen que negocie un crédito bilateral con alguno de los países ricos que recibirá, como la Argentina, parte de la capitalización que distribuirá el organismo en los próximos meses. Los funcionarios y dirigentes que expresan los deseos de la vicepresidenta ya plantearon que la cuota que recibirá el país, unos 4.300 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) deberán usarse para inversión social. El gobierno analiza, entonces, pagar el vencimiento al FMI con los DEG de otros.

La discusión es puertas adentro y a cielo abierto. La fase pública la inició la vicepresidenta en diciembre, en un acto desde el Estadio Único de La Plata. Tuvo un capítulo la semana pasada, cuando Máximo Kirchner se quejó de que se había cambiado una ley a pedido de un laboratorio y lo vinculó con la deuda: “Si uno nos hizo cambiar el andamiaje legal que había votado el Congreso, ¿cómo vamos a hacer con el FMI?". Con la voz entrecortada, el Presidente le respondió desde Tucumán: “Antes de claudicar ante los acreedores y laboratorios me voy a mi casa".

Antes de avanzar por esa línea, hacia el fascículo estreno de la novela interna de la deuda, valga una digresión inmunológica. El reproche de Kirchner al Presidente va más allá del DNU que modificó la ley de vacunas. Desde su entorno insisten que las negociaciones con Pfizer -que posibilitaron la recepción de las vacunas de Moderna donadas por Estados Unidos- fue una derrota política ante la oposición. “La primera vacuna pediátrica disponible en la Argentina para niños de entre 12 y 17 años no va a ser ni la de Pfizer ni la de Moderna, sino la de Sinopharm”, prometen. Lo mismo dicen desde la gobernación bonaerense donde confían que esta semana la Anmat avalará el uso de esa vacuna en menores de edad. “Si tuviéramos la Pfizer, sólo se usaría para los mayores de 12”, argumentan. En la Casa Rosada defienden el cambio de la ley: dicen que esa negociación les permite terminar con la pelea por las vacunas y despejar esa fuente permanente de críticas. No fue claudicación sino control de daños.

Volvamos a la deuda: el viernes, la discusión pública cobró una nueva dimensión. Durante su acto de defensa, en la audiencia judicial de la causa por el memorando con Irán, Cristina Fernández vinculó ese expediente (y todas las acusaciones en su contra) con un plan orquestado por la gestión Macri para apartarla con el fin de favorecer a los acreedores. “Me quisieron doblar la mano durante años para que les pagara cualquier cosa. Y me negué a pagarles cualquier cosa”, dijo la acusada desde su despacho del Senado. “El memorando, lo del dólar futuro, lo de Vialidad, todo está preparado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera: dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la Argentina”, profundizó la vicepresidenta.

La “dominación”, el condicionamiento, es lo que busca evitar. El canje de deuda privada de Guzmán ya puso un enorme peso sobre la próxima gestión. En 2024 hay vencimientos por 3 mil millones de dólares. Y por encima de 7 mil millones en los años siguientes. Si la renegociación con el FMI se hace a 10 años con dos de gracia, entre 2024 y 2032 habrá que pagarle más de 6 mil millones promedio por año. Son más de 13 mil millones de dólares de vencimientos anuales. Para cubrirlos, el país debería duplicar sus exportaciones de cereales que en el primer semestre de este año fueron récord. La Argentina necesita otra Pampa húmeda para salir del pozo financiero.

Cristina Fernández sabe que gobernar la Argentina es administrar la crisis de deuda. Y gestionar es, precisamente, renegociar la deuda. Lo que pretende la vicepresidenta para el próximo gobierno (que imagina bajo su mando y en cabeza de Kicillof) es mayor soltura para encarar esa nueva reestructuración. El mensaje ante el tribunal oral que la juzga por el memorando por Irán, no fue solo para trasladar la responsabilidad penal a Macri y los camaristas Hornos y Borinsky. Fue otro mensaje al Presidente.

Dicho por ella: “Si no tomamos consciencia de lo que nos pasó en estos años, difícilmente podremos encontrar un camino después de esta pandemia. Cuando nos tocó gobernar la Argentina, la gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor”. La “felicidad” y un acuerdo con el FMI en los términos en que lo plantea Guzmán son incompatibles según Fernández de Kirchner.

En ese acto donde el Presidente habló sobre la felicidad, Kicillof mencionó que “en pandemia”, el único que puede dar certezas es el sector público, porque la economía privada “necesita certidumbre, necesita horizonte” que en este contexto no tiene. La vacunación traería esa certeza esquiva. Después del Día de la Felicidad comenzará entonces la reactivación. Pero la promesa no despeja la incertidumbre que provocan las contradicciones sobre la deuda que atraviesan al poder.

El calendario de la deuda arrima una certidumbre. El 4 de noviembre podrá haber vacunación plena pero no felicidad. Cuando se corra el velo de la pandemia y sus miles de muertos quedarán en el escenario la crisis económica y la pobreza. “Vivir mejor” será otra obligación pendiente. La certeza de la vacuna actualiza, dos años después, el interrogante que acompañó la llegada al gobierno del Frente de Todos: ¿Cuál es el plan? ¿Cómo piensan gobernar? Es decir: ¿cómo gestionarán la crisis de deuda?

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