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26 de junio de 2022
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Punto de vista

Dentro de la 7722 todo, fuera nada

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La ley 7722 de Mendoza no prohíbe la minería sino que controla sólo un tipo de minería, la metalífera de primera categoría ( oro, cobre, plata, etc), regula la forma en que se debe desarrollar para prevenir problemas que van desde la disponibilidad del agua hasta la contaminación.

Desde que la ley 7722 fue aprobada, existieron varios intentos por dejarla sin efecto. Primero se plantearon más de una decena de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Mendoza, organismo que en un fallo histórico, unánime y en plenario ratificó la plena vigencia y constitucionalidad de la ley atacada.

Luego, el gobierno provincial, avanzó en una reforma legislativa que a pocos días de ser concretada debió dejarse sin efecto por los sucesivos reclamos de la ciudadanía mendocina.

Hoy estamos ante un nuevo embate contra la norma en una especie de desmembramiento, descuartización o desguace para que no se aplique en un municipio ( Malargüe ). Se trata de una situación inédita y nunca vista, además despierta la sospecha de que hoy se utiliza desde arriba a Malargüe para luego plantear algo similar desde otro municipio como pueden ser Las Heras o por qué no Tupungato.

De manera que los impulsores de este tipo de minería siempre encuentran las vías, instituciones, organismos o funcionarios, para desarrollar su poder de lobby.

¿Qué nos lleva a pensar que para desarrollar una actividad riesgosa lo primero que plantean es dejar sin efecto una ley que las controla?

El primer objetivo de la ley es cuidar el agua, tanto en su cantidad y calidad.

Respecto de la cantidad es bueno recordar que Mendoza está inmersa en la sequía más grande de los últimos 100 años. Los glaciares, fuentes de agua, han disminuído en su tamaño, nuestros ríos y arroyos bajan con menos de la mitad de su volumen histórico, lo que impacta directamente en la disponibilidad de agua para consumo humano.

Hat localidades enteras con dificultades de abastecerse de agua potable y para la producción agrícola ya que se está regando menos cantidad de hectáreas productivas en los distintos oasis.

Respecto a la calidad del agua, los químicos que se manipulan en estos desarrollos mineros son el cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, o algunos que surgen de distintas combinaciones según el tipo de material a extraer. Ellos impactan directamente en el agua que necesitamos los mendocinos diariamente.

Otras jurisdicciones, como San Juan, que no cuentan con una ley que controle esta situación, ya tuvieron que soportar el impacto de los derrames de cianuro en el Río Jáchal. En mi época de Intendente de San Carlos recuerdo haber asistido a los pobladores de Jáchal con agua del Valle de Uco que trasladamos en camiones junto a los vecinos.

Si Mendoza no hubiera tenido la ley 7722 habría sido Jáchal.

La ley establece la posibilidad de desarrollar distintos proyectos mineros que respeten la normativa y ello es la prueba de que no es prohibitiva, los ejemplos concretos son los proyectos de Hierro Indio y Sales de Potasio, ambos de Malargüe, y están aprobados hace años sin avances no obstante las promesas (espejitos de colores) que se les formularon a los habitantes de ese departamento.

A modo de conclusión preliminar tenemos que DENTRO de la 7722 se pueden desarrollar proyectos mineros, siempre y cuando respeten los postulados de protección, y FUERA de la ley existen intentos empresariales, que con el afán de reducir costos, utilizan sustancias que producen mas problemas que soluciones para nuestros habitantes, en connivencia lamentablemente con algunos funcionarios encargados de autorizar y controlar estas actividades.

Debemos pensar en el presente y fundamentalmente en las generaciones futuras, para que exista un desarrollo sustentable que les asegure el futuro y no sea PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA.

*El autor es diputado provincial,

TEMAS:

minería

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