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13 de junio de 2021
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Columna

Del huracán sanitario al tornado económico

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Máximo Kirchner, Sergio Massa, Cristina Fernández y Axel Kicillof: el cuarteto del poder político nacional que se atrinchera en suelo bonaerense.

La disminución de casos confirmados de coronavirus, al menos en el núcleo electoral del país, y el avance de la campaña de vacunación comienzan, de a poco, a ahuyentar el huracán epidemiológico que desde hace 14 meses azota al país. Pero con la dispersión de las nubes no se asoman los rayos del sol, sino que se descubre la otra tormenta. El cambio de la expectativa sanitaria trae nuevamente al centro de la escena el tornado económico que siempre está.

El fracaso de la sanción de la “Ley Pandemia” que busca regular el semáforo epidemiológico en lugar de los decretos de necesidad y urgencia terminó convirtiéndose en virtud. Sin que los presupuestos para salir del estado de “Alarma” se cumplieran, el jefe de Gobierno porteño y el gobernador bonaerense decidieron cambiar de estatus de hecho. Tanto machacar con medidas de extracción científica para que al final cada uno haga lo que quiera. “Son capaces de inclumplir un DNU, pero es más difícil hacerlo con una ley”, decían con entusiasmo en las horas previas a la sesión del jueves en Diputados. No hubo ley. Y sí: son capaces. Incluso, Axel Kicillof.

Para que se entienda: un conglomerado urbano en estado de “Alarma” baja al nivel de “Alto Riesgo” cuando el acumulado de casos en las últimas dos semanas, cada 100 mil habitantes, desciende de los 500. Y, en simultáneo, la ocupación de camas críticas debe bajar del 80 por ciento. El viernes, cuando Rodríguez Larreta y Kicillof anunciaron el jubileo sanitario para el AMBA la incidencia superaba los 600 casos. Tanto es así que el día anterior, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, le reprochaba al jefe de Gobierno porteño su vocación de ampliar la presencialidad en las aulas con esta estadística: “En el AMBA estábamos en 1.000 y ahora bajamos a 700”. Y agregó: “Por encima de 500 hay que suspender la presencialidad”.

Pero Kicillof determinó que el AMBA había descendido a los 401 casos (algo que sólo podría lograrse con la fuga estadística de 35 mil infectados) y dejó a Trotta y al semáforo epidemiológico en el baúl de los recuerdos y objetos inútiles. El Ministerio de Salud de la Nación contribuyó a la opacidad: a pesar de que el DNU prorrogado remite a una página web de esa cartera donde se difunde el “semáforo” para cada departamento del país, al momento de entrar en vigencia las nuevas restricciones la información sanitaria tenía una semana de demora. Sería un detalle menor si de ese listado no dependiera, por ejemplo, la libertad de circulación de las personas o el derecho a la educación presencial.

En realidad, los gobernadores llevan varios meses jugando cada uno su propio juego. Incluso el bonaerense que encontró en el Presidente al ejecutor de estrategia sanitaria. En particular esta semana, cuando el ideólogo del cepo cambiario de 2011, le hizo anunciar a Alberto Fernández un cepo a las “vacunas electorales” de las provincias.

El lunes, cuando el jefe de Estado acondicionaba su traje de capitán de barco para recibir al presidente del Gobierno español, los ministros Carla Vizzotti y Eduardo de Pedro le comunicaban a los gobernadores que la eventual adquisición de vacunas que lograran tendría un costo adicional. Deberían elegir entre dos opciones: donarlas al Estado Nacional para su distribución federal o bien, aceptar que les descuenten las dosis adquiridas de los lotes que compra y distribuye la Nación.

Para esa hora, varios gobernadores estaban a punto de anunciar acuerdos de compras de vacunas: Omar Perotti tenía a la firma un contrato por un millón dosis de CanSino, Johnson & Johnson y Sinopharm; Gerardo Morales esperaba que le envíen el contrato firmado desde China; Horacio Rodríguez Larreta también ajustaba los detalles de una opción de compra por 1 millón de monodosis CanSino. La lista es larga: no hay gobernador que no sueñe con decir “esa vacuna es mía”.

El pedido de Vizzotti y De Pedro se explica con la estrategia de Kicillof que hace una semana anunció la posibilidad de importar desde India 10 millones de dosis de la vacuna Covaxin y que de concretarse, le entregaría esas vacunas a la Casa Rosada para que “lleguen a todos los argentinos”. Después de la reunión de los gobernadores con los ministros, llegó el segundo anuncio de Kicillof: esta vez por 5 millones de dosis de Cansino.

“No le veo ninguna explicación a tratar de hacer una suerte competencia con las vacunas, quién consigue y quién no. Nosotros venimos trabajando con el laboratorio Cansino desde junio del año pasado. Lo que pasa es que algunos buscan sacar ventaja electoral de esto y para lo único que estamos es para conseguir mayor suministros de vacunas que es un tema muy complejo”, dijo el gobernador al anunciar el contrato.

El acercamiento del Gobierno de Fernández-Kicillof con Cansino lo concretó el ex ministro Ginés González García: durante la primera semana de febrero firmó la primera carta de intención para acceder a la vacuna. Por aquellos días, la vacuna sólo había sido utilizada en personal militar y sería autorizada para su uso en la población el 25 de febrero. La negociación conjunta quedó reflejada en el anuncio de este viernes: 5 millones las aportará Buenos Aires y habrá otro tanto que recibirá la Nación.

¿A qué obedece la bifurcación del contrato y la negociación a dos bandas? Tal vez Kicillof tenga la respuesta: “No le veo ninguna explicación a tratar de hacer una suerte competencia con las vacunas, quién consigue y quién no”. El gobernador que decida seguir adelante con la compra tendrá que saber que Kicillof llegó antes. Y por supuesto, que inventó las reglas del juego.

Cristina Fernández desde el Senado y su ex ministro desde La Plata están enfocados en apropiarse (o recuperar) las riendas de la Casa Rosada desde sus trincheras. Es un movimiento de a ratos sutil y por momentos desembocado. Cuando no gestionan por lo bajo, envían postales por las redes sociales. Diez días atrás el ministro de Economía, Martín Guzmán, se dejó fotografiar en su despacho con Kicillof con quien dialogó “sobre políticas para abordar los problemas estructurales de PBA, mejorando la calidad de vida de las y los bonaerenses”.

El gobernador bonaerense, al igual que otros dirigentes del Frente de Todos hoy sólo piensan que “mejorar la calidad de vida” implica que Guzmán afloje la caja. El cálculo es sencillo: si se liberan las restricciones para darle aire a la actividad y la economía, debe haber dinero en el bolsillo de la ciudadanía para estimular el consumo.

Hasta ahora el ministro de Economía habilitó recursos con cuentagotas. Como el adelanto del plus anual para la AHU que se paga a fin de año (que no implica una ampliación presupuestaria sino un anticipo de erogaciones) y la ampliación de los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar. Sin dudas, eso ayudará a las familias que incorporan adolescentes de hasta 14 años al programa, pero las demás ven cómo cada semana la inflación les reduce la ración de comida. Un simple cálculo: si en abril del año pasado una madre de familia podía comprar 13 kilos de un corte popular de carne con el dinero de la tarjeta, un año más tarde llega a 11 kilos. En esos doce meses, la carne aumentó 70% (según el Indec) y el monto que deposita el Ministerio de Desarrollo Social creció 50%, de 4 mil pesos a 6 mil. Al plan contra el hambre se lo devora la inflación.

Kicillof lleva un año y medio dando lecciones a la Casa Rosada. Más allá de la política sanitaria o la gestión de vacunas, el gobernador bonaerense pretende que Guzmán imite, por ejemplo, su método de refinanciación de deudas. Es simple: Buenos Aires no paga ni acuerda. La provincia lleva 13 meses en default y ya extendió 17 veces el plazo de vencimiento de las negociaciones con los acreedores. Es cierto, la provincia más poblada del país no necesita salir a los mercados. Para financiarse cuenta con la generosidad de la Nación que le concedió desde diciembre de 2019 y hasta abril 127,5 mil millones de pesos en transferencias no automáticas.

Guzmán no tiene por encima la generosidad de un socio benefactor pero sí cuenta con el ingreso adicional de la “súper soja”, el impuesto extraordinario a las grandes riquezas y en breve, el milagro de los Derechos Especiales de Giro que enviará el FMI. El cristinismo le pide al ministro que libere recursos antes de que sea tarde. Es decir: antes de que se instale a pleno la campaña electoral.

Los integrantes del Gabinete económico viven en el ojo de la tormenta. Y no encuentran la salida. Esta semana tuvo que intervenir el Presidente para enmendar la torpeza que provocaron con la actualización retroactiva de las escalas y las cuotas del Monotributo, que generaron el endeudamiento inmediato de 4 millones de contribuyentes que ya venían altamente endeudados: según datos de la AFIP, el 53% había registrado incumplimientos en el pago de la cuota mensual durante 2020. Ahora se eliminará el retroactivo, sin demasiado esfuerzo fiscal. Por la vía del Monotributo ingresó entre enero y mayo tan solo 0,4% de los impuestos que recaudó el Estado nacional. Un gobierno que declama en cada acto de gestión que “primero están los últimos”, le había creado deudas a ese público: dos tercios de los monotributistas pertenecen a las categorías A, B o monotributo social.

Otra postal de las presiones internas la envió la vicepresidenta, desde su despacho. La foto junto a Sergio Massa en el cierre de la paritaria con los gremios legislativos fue otra señal para Economía que había diseñado en 2021 con una meta inflacionaria del 29 por ciento y subas salariales en torno a 32 o 33 por ciento. Cristina Fernández pulverizó ese techo al otorgar un aumento de 40%.

La aprobación de la ampliación de la “zona fría” para el subsidio a la factura del gas, que permitirá calefaccionar sin límites las piscinas de Córdoba y Rosario es otro mensaje interno. A decir de Máximo Kirchner, su impulsor: “Es algo que ingresa directamente en cada hogar de cada argentino y argentina, piense como piense, vote como vote, mire el canal que mire. Es un beneficio directo, que además libera ingresos de las familias”.

Si Guzmán no libera recursos, lo harán por él Axel Kicillof, Cristina Fernández, Máximo Kirchner e incluso, Sergio Massa. Es así como la resistencia fiscal de la Casa Rosada se convirtió en el mejor publicista electoral para el cuarteto del poder político nacional que hoy se atrinchera en suelo bonaerense. Unos restringen presupuestos y los otros liberan. Los “funcionarios que no funcionan” se convirtieron en una oportunidad.

La lluvia de vacunas y la baja de casos corre el foco de la preocupación social. El cambio en la expectativa sanitaria deja al descubierto los bolsillos y los platos vacíos. Si hay algo que saben los protagonistas de esta historia es que no hay modo de ganar una elección con ajuste fiscal, recesión e inflación descontrolada. Y peor aún, para el Frente de Todos, no hay futuro sin una clara victoria en el distrito más poblado del país. Es por eso que hoy está más claro que nunca: el comando electoral bonaerense está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

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