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13 de mayo de 2022
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Opinión

¿Cuándo fue que se perdió aquello de “educar al soberano”?

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Cuando algunos años atrás los especialistas descubrieron que entre un 40 y 50 por ciento de los alumnos de cuarto año de los institutos de formación docente del país no habían alcanzado los objetivos básicos en el área de la comprensión de textos –tras una evaluación extraordinaria que se había encarado– se encendieron luces de alarma sobre todo el sistema aplicado a la “construcción” de los futuros maestros y docentes. En Mendoza, en CABA, en otras provincias, también en lo más alto del Ejecutivo nacional y en cuanto ámbito académico estrechamente vinculado con los fenómenos de la educación tenían, por fin, había evidencias de lo que se sospechaba: que un fenómeno de características múltiples, surgido y alimentado por las continuas crisis económicas y sociales que han atravesado al país por décadas afectó la educación integralmente. Las consecuencias de la degradación no sólo se han hecho visibles en la calidad educativa y en el nivel de conocimiento y formación con el que pueden contar los chicos escolarizados del país, desde el nivel inicial hasta el secundario, en la actualidad, lejos de los mínimos siquiera esperados, sino también –como era de suponer– la onda expansiva negativa ha afectado a los responsables de formar a los chicos, docentes y profesores. Como al resto de la sociedad, claro está; como a todos.

La educación en un sentido amplio no suele estar incluida en la agenda habitual de la política. De tanto en tanto aparece en alguna que otra consigna electoral. Sin embargo, se trata de una demanda insatisfecha que aparece ubicada entre las primeras preocupaciones de la sociedad, corroboradas por las encuestas y sondeos de clima social y opinión pública. Una de ellas, la de Martha Reale, de abril, en todo el país, por caso, ubicó a la educación en el tercer lugar, luego de la situación económica, con la inflación al tope de todos los problemas irresueltos, y la inseguridad en segundo término. Incluso, la educación, entendiéndose como el nivel de instrucción y de conocimientos que deben adquirir los chicos y jóvenes para desempeñarse con herramientas justas en el mundo laboral y en el plano de las nuevas complejidades, supera aspectos tan dramáticos como la falta de trabajo, la corrupción, la falta de viviendas y los cambios climáticos.

Por alguna razón en particular, misteriosamente no develada del todo, la agenda educativa no garpa para la política. Y, cuando se ha planteado algún cambio, en apariencia, de fondo, como el que propuso el gobierno de Rodolfo Suarez en su primer año de gestión para impulsar una nueva Ley Provincial de Educación, se ha hecho tan mal, con cierto dejo de desprecio por el funcionamiento de las convocatorias amplias y sobrestimando el propio poder persuasión, que terminó todo en el fracaso, en la nada misma.

Hoy es Javier Milei –de los protagonistas más trascendentes de la política nacional– el que ha lanzado un debate sobre el tema, pero focalizado en el gasto. Milei dice que, como la Nación no tiene escuelas a su cargo, y que, como la educación está descentralizada en las provincias, no tiene razón de existir un Ministerio de Educación nacional. Propone eliminarlo y, además, estimular la competencia entre colegios e instituciones privadas para que absorban la demanda educativa. Y como eliminaría el sistema de educación pública como se lo conoce, con los recursos que lo sostienen distribuiría vouchers entre los sectores más vulnerables para elegir, según el presupuesto, y la calidad deseada la escuela o el colegio para los chicos. Para muchos se trata de una idea disparatada. Pero hoy parece ser lo único que se ventila en el escenario político nacional sobre el tema.

El reciente proyecto del diputado nacional de Juntos por el Cambio Alejandro Finocchiaro, para declarar la educación un servicio esencial, ha funcionado como el efecto que produce una patada en un hormiguero. La iniciativa prevé que la educación no se paralice por nada y que, cuando existe algún motivo, natural, imprevisto o forzado que imposibilite el dictado de clases, se recupere lo perdido. Las reacciones han sido múltiples. Quizás la más obvia de todas, por cómo funcionan, haya sido la de los sindicatos. En Mendoza, por ejemplo, desde el SUTE se la rechazó de plano porque entienden que atenta contra el derecho constitucional de huelga. “Durante los paros, los chicos también aprenden”, dijo a Canal 9 Carina Sedano, la titular del gremio. “Por ejemplo, cuando paramos por problemas de infraestructura escolar”, agregó, ampliando el argumento.

Pero así también Sedano pareció confundir los términos, minimizando el sentido de servicio esencial. La dirigente agregó, como crítica, que la educación más que un servicio es un derecho, cuando ambos conceptos, unidos, potencian el fenómeno educativo. 

Esos casi 6 años que se han perdido por paros desde 1983 a la fecha en el país obligan, cuando menos, a evaluar y pensar, más allá de una medida de acción directa de los gremios como protesta por reclamos varios, generalmente por cuestiones y planteos propios del sector, qué fue lo que han aportado a la calidad y al mejoramiento del sistema educativo en su integralidad.

Promediando el 2018, Edgardo Zablotsky, como miembro de la Academia Nacional de Educación, planteó la necesidad de declarar a la educación un servicio público esencial como la única forma de defender el derecho a la educación de quienes menos tienen y más necesitan. Y lo justificó con un argumento y razón inapelables: comparó la situación de dos jóvenes que, en ese año, el 2018, terminaron la secundaria en la provincia de Buenos Aires.

“Uno de ellos concurrió a una escuela pública y el otro, a una privada. ¿Podemos afirmar que estarán igualmente calificados para ingresar a una universidad o insertarse en el mundo laboral?”, se preguntó en una columna que publicó Clarín. “La respuesta objetiva es no. El joven que ingresó en el 2013 a una escuela púbica habrá perdido, durante seis años de escolaridad, 84,5 días de clase”, se respondió. También adujo que, en cierta manera, con el joven que perdió tantos días de clases, se violó el derecho a la educación que está contemplado en el artículo 75 de la Constitución, que incorporó la Convención de los Derechos del Niño.

Y Guillermina Tiramonti, en El gran simulacro. El naufragio de la educación argentina, ha dicho: “Las evaluaciones disponibles muestran que en nuestro sistema educativo se aprende poco; lo que se aprende no es lo que requiere el mundo contemporáneo; los docentes están mal formados; solo el 50 por ciento de los estudiantes termina la escolaridad obligatoria, y los jóvenes no egresan preparados para entrar al sistema laboral”.

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