Sería más que aventurado arriesgar qué tipo de suerte tendrá en la Justicia provincial ese festival de denuncias que unos y otros (oficialistas y opositores), en medio de un llamativo acto de teatralizaciones varias, hiciera ante la posible comisión de delito alrededor de la firma del convenio de colaboración entre el pastor Héctor Bonarrico y el gobierno de Rodolfo Suarez. 

De lo que no hay dudas es de que, por la firma de ese convenio, ahora derogado, la fundación del pastor se preparaba para hacerse acreedora de una suma millonaria en pesos por dos años y que, detrás del mismo acuerdo, evidentemente, se terminaron cocinando los típicos entuertos políticos, de esos que siempre se negocian en penumbras, sostenidos bajo turbias disposiciones y que, la mayoría de las veces –por no decir todas–, se canalizan en negro, a hurtadillas, sin dejar demasiados rastros, o ninguno.

Es sorprendente que ni uno (el Gobierno) ni otro (en este caso, Bonarrico) hayan advertido en forma conjunta o cada uno por su lado que, avanzando a plena luz del día con la movida, se expondrían a tener que dar alguna explicación una vez que se hiciera público todo. Porque, si no, por qué razón, que no haya sido la de una metida de pata descomunal, el gobernador Suarez, apenas activado el escándalo, dispuso echar todo para atrás.

Los acuerdos políticos, con derivaciones o naturaleza del tipo electoral, como el que evidentemente se dio con Bonarrico (el pastor es la cabeza visible de un partido político menor –Masfe–, de segundo o tercer grado entre los que conforman la coalición de gobierno) para no hacer lío ni agitar la interna con denuncias y alteraciones varias por no ser parte de las listas de candidatos, se suelen “pagar” con cargos en la estructura de gobierno, o directamente en negro, por medio de partidas disimuladas y mezcladas en ese farragoso andamiaje de normas que conforman el presupuesto. Son partidas incluidas por verdaderos expertos, difíciles de identificar. Son parte, inequívocamente, de los famosos “bolsones improductivos” con los que la actual administración –vaya ironía y paradoja– se ganó el reconocimiento de buena parte de la ciudadanía que dejó de votar al peronismo kirchnerista por aquella promesa de decencia y transparencia en el manejo de los fondos públicos que hiciera desde el 2015 en adelante, y por el cierre de las filtraciones, infinitas, por donde ha drenado a cuentagotas y con disimulo, aunque no siempre –el decreto que beneficiaba al pastor es un claro ejemplo de ese accionar impune–, el dinero negro del costado bochornoso de la política.

En verdad, el peronismo kirchnerista de la provincia ha denunciado, más que la posible comisión de delito, las torpezas de un gobierno que, como ya se ha dicho muchas veces, nunca se ha sentido escrutado ni controlado ni vigilado republicanamente por una oposición que cayó, por sus propios méritos, a confines deprimentes que la ciudadanía rechaza.

Dicho esto, es cuando menos acertada desde lo político la afirmación que hace la denuncia presentada este lunes por el PJ, en manos de la camporista Anabel Fernández Sagasti, cuando sostiene que el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, “ha firmado todos y cada uno de los actos en los que se funda la denuncia”, con lo que, inmediatamente, da en el blanco, o se acerca mucho, cuando agrega: “Si Bonarrico ha cometido un delito, Ibañez ha sido coautor del mismo necesariamente. Es totalmente absurdo desconocer el planteo de cuál ha sido la motivación del convenio de colaboración que no es más que el acuerdo político y electoral que realizaron para defraudar al Estado”.

Ibañez, por su lado, se aferra, como todo el Gobierno en verdad, a que Bonarrico intentó estafar la buena voluntad de los referentes del Ejecutivo y, peor aún, al erario público, porque los dineros que recibiría, según los funcionarios de Suarez, financiarían obras y campañas de bien público a través de la fundación del evangélico. Es evidente que todos los interesados en conocer el desarrollo en la Justicia de todo este escandalete estarán expectantes para saber los argumentos del Gobierno para convencer al juez de la tentativa de fraude de Bonarrico, quien habría mentido cuando dijo que el dinero que recibiría su fundación era el resultante de un acuerdo político.

Bonarrico, además de líder de centenares de pastores diseminados a lo largo y ancho de la provincia, es el titular de varios medios de comunicación entre radios y canales de televisión en todo el territorio provincial. El punto G del famoso acuerdo derogado sostenía que el pastor y su fundación usarían “medios masivos de comunicación, radios, televisión, redes, para educar a personas privadas de su libertad y también a niños, niñas y adolescentes que tengan dificultad de acceso a internet o lejos de los lugares de capacitación”.

El pastor, que decidió dejar la provincia la semana pasada en tren de descanso junto con su esposa, ha seguido afirmando que lo que acordó con el Gobierno nunca fue un subsidio, porque por medio del mismo se comprometía a desplegar esa serie de acciones de bien común enumeradas en el decreto. La rápida decisión del gobernador de derogar el acuerdo y la norma ponen en duda todo eso. Si lo hubiese defendido, aun diciendo lo que hoy sostienen: que Bonarrico está loco, quizás se hubiese entendido y comprendido cabalmente que había detrás un objetivo noble. De todas maneras, Suarez asegura que buscarán la manera de que aquello se cumpla.

Para el peronismo kirchnerista mendocino, sin embargo, pudieron existir negociaciones incompatibles con la función pública para los firmantes del decreto y todas las demás pestes que enfermaron a sus gobiernos en la Nación y, al menos, a uno de ellos en la Provincia: enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.