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28 de diciembre de 2021
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Opinión

Bellos regalos de fin de año: presión impositiva, más gasto, servicios deprimentes

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Los días previos a los fines de año suelen darles a los argentinos las más ingratas sorpresas. Generalmente, esas sorpresas, en verdad medidas y disposiciones de última hora ordenadas por los gobiernos, se conocen algún tiempo después, cuando el grueso de la población se sacude la modorra, sale del letargo producido por el descanso estival y se sumerge en los desafíos de un nuevo año laboral y de actividad por delante.

Pero, claro, como todo, ha habido años en los que el gobierno, cualquiera sea tanto en la Nación como en la Provincia, no logró mantener el misterio sobre sus ocurrencias y se vio obligado a pegar la vuelta sobre sus pasos frente a las temerarias repercusiones que pudieron generar sus órdenes y disposiciones. La más reciente en Mendoza quizá sea aquel paso ordenado por el gobernador Rodolfo Suarez, a pocas horas de asumir, para modificar la ley 7.722, la Ley Antiminera local, luego de haber acordado los cambios con la mayoría de las fuerzas políticas de la provincia en encuentros que se desplegaron en el más estricto secreto a lo largo de buena parte de aquel 2019 electoral.

Sobre fines de ese año y los primeros días del 2020, una vez conocida la noticia del alumbramiento de la nueva ley, por la 9.209, que remplazaba a la 7.722, y que permitía la explotación de la minería metalífera y a gran escala en Mendoza, comenzarían las manifestaciones y los reclamos, llegando en gran volumen a la Casa de Gobierno, luego de haber comenzado en el Sur y en el Valle de Uco provincial. La ley había sido promulgada por Suarez horas antes del brindis en la Nochebuena de diciembre del 2019. Ya en enero, aquella norma sería historia: el gobernador dispuso anularla y pidió restituir la histórica, que actualmente está vigente, aunque con algunas modificaciones ordenadas por la Suprema Corte de Justicia a uno de sus artículos.

Este fin de año ha llegado provisto de trascendentes decisiones y disposiciones de última hora en el plano del Gobierno nacional. Los últimos quince días, con la nueva conformación del Parlamento una vez que asumieron los legisladores electos en los comicios de noviembre, removieron el ya por demás agitado avispero político argentino. El presupuesto 2022 rechazado por la oposición y el fallido intento –también opositor– de modificar Bienes Personales, lo que dio paso a un proyecto más regresivo impulsado por el oficialismo, han sido los regalos navideños y de fin de año con los que la política ha homenajeado a sus mandantes y electores.

Pero, hay más. Siempre puede haber algo más. El presupuesto nacional, aquel que fue rechazado, incluía medio centenar de artículos que se incorporaron de un día para otro con un aumento del gasto de casi 200.000 millones de pesos, más de la mitad del presupuesto de todo el año para el funcionamiento de la Provincia. Antes de eso, lo proyectado había sido tocado en medio de las discusiones ardorosas: de 10 billones a 13 billones de pesos. Todas señales escalofriantes de un Estado que no sólo se encuentra lejos de controlar y ajustar el gasto, sino que, por el contrario, avanza en el sentido opuesto.

¿Y cuál es el daño que todo este accionar provoca al hombre y la mujer de a pie, al que se gana el sustento todos los días en la calle, peleando contra los costos cada vez más incontrolables de lo que compra y vende? La respuesta es más que sencilla: todo mayor gasto se tiene que financiar con emisión o con más impuestos. Que el presupuesto no se haya aprobado ha sido una mala noticia para el Gobierno y para el país frente a las negociaciones que se están llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional, según afirman los funcionarios y expertos cercanos a esos encuentros o bien conocedores del funcionamiento de las fuerzas que mueven las finanzas y el comercio mundial.

Desde lo técnico, el gobierno de Fernández sigue adelante y encara el 2022 con la reconducción del presupuesto del año que termina. Puede hacerlo y es de práctica habitual. Se respalda en las leyes votadas para el 2021. Pero, tendrá más ingresos no presupuestados y fuera de control, porque la inflación así lo determinará. Y, junto con eso, se preparó para terminar el año respondiendo favorablemente al pedido de los gobernadores que no han querido quedarse afuera de la fiesta. Con el Consenso Fiscal firmado ayer, otro de los noticiones de fin de año, las provincias podrán elevar las alícuotas de los impuestos que pagan a un nuevo límite propuesto por el consenso.

Que Mendoza, aunque firme, no aumente los impuestos no deja de ser un dato anecdótico. En general, se trata de una metodología y un funcionamiento de la administración del Estado que, a nivel general, luce enferma en Argentina. Impuestos más altos y más impuestos, como el análisis que se comienza a realizar sobre la posibilidad de instaurar un gravamen a la herencia y a los adelantos de herencia.

Cuando se observa bajo una mirada un poco más lejana, desprovista de emociones y pasiones, teniendo una visión más elevada el cuadro de situación en el que interactúan las fuerzas que mueven al Estado en Argentina, se concluiría que todo se trata de un gran desquicio. No hay forma de incentivar el renacer de la actividad económica, fuente de toda riqueza, incluso de la que se sirve ese Estado insaciable, con más impuestos y más presión fiscal.

Ni siquiera la oposición parece estar viendo lo que sucede en Argentina. O, quizá, si lo ve, forma parte del problema, claramente. Un gobierno que permite el gasto desembozado, que lo estimula y que para ello necesita, sí o sí, de más recursos y que, como no los tiene, vuelve a meterles mano a bolsillos harapientos de los argentinos, lo puede hacer porque enfrente no hay nadie que intente detenerlo. Los gobernadores Morales, de Jujuy, y Valdés, de Corrientes, han estado en la misma que sus colegas del peronismo. Necesitan una mano que legitime ese seguir aspirando recursos del producto interno, porque no sólo no pueden administrar sensatamente sus estados provinciales, sino que tampoco parece que eso sea una meta a alcanzar.

Hay algo más preocupante del proceder de la oposición: parece estar avalando golpes y más golpes a la que, se entiende, es su propia base electoral. Los sectores medios –que buscan y buscan alternativas que surjan y que puedan aliviar sus pesares y que lo hacen marcadamente en los últimos procesos electorales– son los que sostienen, sin dudas, el hambre de un Estado que no les resuelve sus problemas. Que les da educación cada vez más deficiente; que no les devuelve, tampoco, todo lo que les saca por medio de un sistema sanitario que no los asiste y que, como no los asiste, los empuja a ir al sector privado a pagar sumas siderales a prepagas que, encima, lucen quebradas y que tienen que seguir financiando, ahora con la posible vuelta de los copagos. Sueldos por debajo de la inflación, trabajos precarios, comercios reconvertidos obligadamente a la informalidad. Todo hacia abajo, como en un tobogán.

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