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9 de mayo de 2021
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Columna

Alberto, entre Cristina y De la Rúa

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El funcionario se disculpa por conversar por videollamada y escaparle a la charla analógica. “Me cuido porque yo no estoy vacunado”, se justifica. Y no tarda en repetir un “chiste” que le habían contado esa misma mañana: “¿Sabés cómo le dicen al pelado? Bulldog francés, porque se parece al Bulldog, pero es el que ahora está de moda”. El hombre fuerte de la gestión bonaerense larga la carcajada y en medio del desparpajo voltea la computadora. La risotada pinta el nudo de la interna oficialista: el “pelado” es el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Bulldog, Ricardo López Murphy, el hombre que en plena crisis de 2001 pedía un recorte en los salarios públicos y las jubilaciones y duró tan solo 15 días en el Palacio de Hacienda.

Hay un sector del oficialismo, liderado por Cristina Fernández y Axel Kicillof, que le está pidiendo al Presidente y a su ministro que le ponga un freno al ajuste de las cuentas públicas, a la reducción del déficit fiscal. “Hasta el FMI pide políticas expansivas en medio de la pandemia”, dice el funcionario.

A Alberto Fernández y a Guzmán les enoja que les hablen de “ajuste”. Y lo niegan. “Nada me preocupa más que el hambre de los argentinos”, repite el jefe de Estado. Pero los números, desapasionados e insensibles, dicen otra cosa. Por ejemplo, según datos del Ministerio de Economía, el gasto total en Seguridad Social del primer trimestre (la última información disponible), que abarca las jubilaciones y todos los programas de asistencia, fue de 703.397,1 millones de pesos, 28,6% más que en el período enero-marzo de 2020, cuando se gastaron 546.828,2 millones. Pero la inflación de eos doce meses fue 42,6%, de acuerdo con el Indec. Es decir, que las partidas para los sectores más rezagados de la economía perdieron 14 por ciento: más que el ajuste que terminó haciendo Fernando De la Rúa, pero a lo largo de un año.

El cálculo enoja a Guzmán: por quedar atrasada frente a la inflación, la cuenta de las jubilaciones y la AUH perdió 76.379,91 millones de pesos, sólo en el verano. El viernes, en el cierre de una de las semanas más duras de su mandato, el jefe de Estado anunció una ampliación para el programa de la Tarjeta Alimentar que llevará su presupuesto mensual de 10 mil millones a 30 mil millones de pesos. Fue una reacción ante las tensiones internas. Una medida necesaria que aliviará el bolsillo de las familias más vulnerables, pero que compensa una parte del terreno perdido y sólo para un sector de la sociedad.

“Muchas veces leo que somos un gobierno que ajusta”, se quejó el Presidente en ese acto al cabo de varias semanas de discusión interna sobre la dimensión del ajuste. Debate hacia el seno del oficialismo que Cristina Fernández y Axel Kicillof decidieron exteriorizar, no sólo para provocar un cambio en la dirección económica, sino para dejar en claro que no todos los socios de la alianza piensan igual.

El gobernador bonaerense lo dijo el miércoles en Ensenada, en el acto montado para responderle a la Corte Suprema luego de darle la razón a Horacio Rodríguez Larreta en la discusión sobre las clases presenciales. Allí, antes de violar las restricciones santarias que prohíben las reuniones sociales de más de diez personas, Kicillof habló sobre las diferencias que habitan en el Frente de Todos: “El que diga qué hay que hacer para sacar a la economía de una pandemia, el que diga que sabe exactamente qué medidas tomar, como si estos fueran tiempos normales, para sostener lo que se puede, está mintiendo”. Eso sí, no dudó en afirmar que con lo sanitario no hay grietas internas. Pero, para la economía, “podemos charlar y ver qué hacemos en una situación inédita”. Kicillof reclama, junto a la vicepresidenta, la reposición de algún programa amplio de asistencia para los sectores más afectados, como lo fueron el IFE o el ATP, y ponerle un tope a la actualización tarifaria.

Alberto Fernández se resiste a ser sólo el Presidente Sanitario, pero sus socios le piden que si piensa ocupar otro rol que, al menos, no sea De la Rúa. Es decir, que frente a una crisis inédita responda con las recetas conocidas. Desde el Instituto Patria, la sede social del club cristinista, le exigen medidas concretas para financiar los gastos extraordinarios que demandarán el sostenimiento de los salarios, el consumo y la asistencia a las familias empobrecidas y a las empresas en situación de quebranto.

Además de la utilización de los Derechos Especiales de Giro que el FMI transferirá en los próximos meses (como fue expresado en este espacio el domingo pasado), le piden que eleve los dos puntos de las retenciones a las exportaciones de soja (del 31% al 33%) que aún puede subir sin pasar por el Congreso de acuerdo a las facultades que le delegó la Ley de Solidaridad social y reactivación productiva impulsada en diciembre de 2019. También le reclaman que vuelque a la calle los recursos adicionales que está dejando la cotización de la soja que se acercó el viernes a los 590 dólares la tonelada en Chicago.

Esas medidas van en contra del plan de Guzmán de ordenamiento de la economía, el programa que lo convertiría en algo más que gerente de la Presidencia Sanitaria. Ese plan choca con las instrucciones que recibe de Kicillof, quien no oculta su vocación por retomar las riendas del Palacio de Hacienda. El episodio que tuvo como protagonista al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, es tan solo un ejemplo notorio de esa dinámica.

La negociación con el FMI es otra expresión de esta pulseada. Guzmán repite que la Argentina aspira a lograr un Préstamo de Facilidades Ampliadas a diez años, el máximo que permite el estatuto del Fondo para una renegociación. La propuesta de Kicillof, y que ya ha dicho públicamente Cristina Fernández, pasa por proponerle al FMI un acuerdo por fuera del estatuto. El argumento es simple: el directorio del Fondo aprobó un préstamo en 2018 por fuera de los límites y condiciones que podría ofrecer, y como corresponsable en la crisis desatada, debería ofrecer una solución extraordinaria. Más plazo y menos tasa. Nuevamente: recetas nuevas para situaciones sin precedente.

“¿Acaso alguien iba a sospechar que Biden se iba a lanzar con un programa keynesiano como el que propuso y que un grupo de legisladores demócratas le iba a pedir al Fondo que nos den un perdón adicional? Hay que aprovechar que el mundo está dejando atrás las viejas recetas”, insisten desde La Plata.

Antes de firmar el proyecto de declaración que le da instrucciones a Guzmán para la utilización de los recursos que llegarán del FMI, el senador Oscar Parrilli, socio fundador del Instituto Patria, fue mucho más efusivo en el sentido del texto que redactó: “No es la interna del Frente de Todos. Este es el problema de Argentina. Nosotros estamos ayudando a nuestro gobierno para que tenga todos los elementos a su favor para, cuando se siente a negociar, negocie pensando, además del equilibrio fiscal, además de pagar las deudas, en lograr un equilibrio social”.

Guzmán trata de minimizar los argumentos del ala cristinista. Y defiende su estrategia para “afinar” el uso de los recursos del Estado en un contexto singular, que distingue a la Argentina del resto de los país: además de necesitar recursos para compensar la crisis de la pandemia, el país tiene que resolver cómo se pagarán los vencimientos de deuda de este año. Para él, no hay “ajuste” sino “focalización”. Pide definir prioridades y actuar “en consecuencia y con consistencia”. El otro camino, dicen desde Economía, es ir otra vez al default. “La inconsistencia macroeconómica afecta a la vida de la gente”, le respondió Guzmán a Kicillof.

El funcionario bonaerense no le tiene paciencia al “pelado”. Y recuerda que la canasta básica de alimentos acumula una suba anual de casi 50 por ciento. “Eso afecta a la vida de la gente y hay que resolverlo ya. No hay tiempo para afinar la macro”, repite.

“La política es el arte de lo posible”, recordó el viernes el ministro Guzmán. Sus socios comparten el razonamiento pero le dicen que, ahora, hay que correr los límites de lo posible.

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