No son pocos los que, en el peronismo de hoy, particularmente las camadas más jóvenes emparentadas o surgidas directamente del kirchnerismo y de La Cámpora, se pregunten internamente: “¿Por qué estamos como estamos?”, y por qué razón el PJ no ha logrado ser competitivo frente a una administración de Cambia Mendoza que avanza hacia una real hegemonía pero sin lucir ni brillar, y que tampoco ha logrado imprimirle a la provincia la revolución que necesita para darla vuelta como una media, del derecho y el revés.

Justo en estos días, en los que ha comenzado la discusión legislativa en torno al presupuesto del año que viene, acompañada de los acostumbrados y acalorados debates sobre el famoso endeudamiento provincial en dólares –“el que tomó Cornejo”, dirán los dirigentes K, a lo que le suman la consabida cuña: “Y que le dejó como herencia a Suarez”– se refrescan historias del pasado reciente que no son otra cosa que ese cúmulo de cuestiones pendientes, algunas de carácter o naturaleza estructural que, de haberse concretado cuando debieron, no habrían provocado el perjuicio en tiempo, en penurias y en altos costos dinerarios que se pagan en el presente.

Esos quebrantos, que no sólo se traducen en dinero contante y sonante, sino también en la pérdida de calidad de vida y en demoras interminables para las realizaciones de lo que se planificó para el ciudadano común, también tienen su impacto directo en la política. No siempre, es cierto, pero ocurre, a veces, que, cuando el malestar se afirma y se convierte en una corriente de pensamiento mayoritaria imparable y decide cambiar, las consecuencias se hacen visibles, por caso, en el peronismo y su presente.

La dirigencia peronista ya está advirtiendo que será difícil que acceda a aprobar endeudamiento para obras públicas para el 2023 si antes no se le explica qué ha pasado con los fondos previstos para las obras del 2022 que no se terminan aún y que tienen un ritmo de ejecución muy lento. “Esa plata es la que muestran como el superávit del que hacen gala en el Gobierno”, agregan en tono crítico algunos de los economistas ligados al kirchnerismo.

Los radicales prefieren ignorar la cantinela que le tira encima la oposición, en especial la del origen del endeudamiento en dólares: un total de 500 millones de esa moneda que fueron tomados en épocas de Alfredo Cornejo, que llegó a elevar el pasivo público provincial a más de 1.400 millones de dólares y que hoy, de acuerdo con los datos que difunde el propio Gobierno, se ubica entre los 1.100 y 1.200 millones, aproximadamente.

Puede que existan varias razones para ese silencio. Veamos:

  • a) Cornejo y compañía tendrían que develar que la toma de la deuda se originó por el quebranto que dejó la administración de Francisco Pérez, entre el 2011 y el 2015.
  • b) Una situación agravada por la falta de apoyo de los propios radicales en los presupuestos intermedios de aquel gobierno.
  • c) Por el desprecio de la Nación hacia Mendoza y hacia una gestión peronista de parte del gobierno de entonces, que comandaba Cristina Fernández de Kirchner.
  • d) Quizás, lo más importante de todo: por no llevar a la Justicia penal, al menos, como investigación, el uso que hiciera Pérez, en gastos corrientes, de un crédito en dólares por más de 100 millones que estaban destinados a obras de agua y saneamiento que debía encarar, hace 11 años, la empresa Aysam.

Es que, en el 2015, cuando ya había ganado Cornejo las elecciones generales, radicales y peronistas acordaron en forma conjunta el presupuesto del 2016, el del primer año de gestión de Cambia Mendoza. Ese pacto contuvo el visto bueno de todas las fuerzas, las oficialistas, que se iban, y las opositoras, que llegaban a hacerse cargo de la provincia, para la toma de deuda con el Banco Nación en pesos y las que vendrían en dólares para sanear las cuentas. El peronismo aceptó aportar los votos para el nuevo endeudamiento, y el radicalismo evitó hacer olas por el uso no permitido de parte de Pérez de algunas decenas de millones de dólares que tenían como fin mejorar la red de agua. Cuando menos, la Justicia debió haber intervenido.

Aquellos recursos para Aysam habían sido aprobados por ley en el 2011, entre el gobierno de Celso Jaque y el de Pérez, ambos del peronismo. La ley 8.270, la de los fondos, daba luz al Plan Provincial de Obras y Mejoramiento Operativo de Agua y Saneamiento por los próximos diez años, entre el 2011 y el 2020. 

Ese plan calculaba que serían necesarios 373 millones de dólares para todo el programa, que se cumpliría por etapas. Y por el artículo 5 se autorizaba al Ejecutivo a contraer un crédito de 160 millones de dólares, los que permitirían comenzar las obras. Pérez no llegó a conseguir los 160 millones, pero lo que se tomó (unos 100 millones) no terminó donde debía. En el kirchnerismo debiesen recordar la historia para responderse en gran medida a ese interrogante, en apariencia ingenuo e inocente: “¿Por qué estamos como estamos?”. 

Hoy, el Gobierno vuelve a pedir plata para financiar un plan estratégico que tiene a Aysam como beneficiaria. En este caso, lo hace Suarez. El cálculo que se ha hecho coincide, a grandes rasgos, con aquel del 2011. Son 200 millones de dólares los que se solicitan para hacer obras que permitirán, dicen el Ejecutivo y Aysam, extender las actuales prestaciones del sistema de agua potable para dentro de 40 años. Esto es que, quienes habiten el Gran Mendoza, allá por el 2060, cuando menos, tengan la misma cantidad de agua potable que tiene hoy cualquiera de sus habitantes, en promedio. 

Para todo eso, Alejandro Gallego, de Aysam, dice que es necesario construir una nueva planta de tratamiento en la zona de Álvarez Condarco, de donde saldrán 120 kilómetros de redes troncales de agua, para Luján, Maipú y el resto del Gran Mendoza, incluyendo Godoy Cruz y Las Heras. Esa planta permitirá dejar de utilizar 40 pozos que hoy alimentan el sistema y le sacan recursos del acuífero a la demanda del riego para cultivos.

Así también se adquirirán 150.000 medidores de consumo, que obligarán a un gasto de 60 millones de dólares aproximadamente. Tales medidores se sumarán a los 20.000 en existencia más otros 26.000 a punto de ser colocados. El consumo por medición permitirá ahorrar, se calcula, entre 15 y 20 por ciento de lo que hoy se está usando.

Junto con ese plan, se sumará la renovación del sistema de redes domiciliarias a un ritmo de 60 kilómetros por año con lo que se conseguirá, se afirma, achicar o reducir la tremenda pérdida de entre 40 y 45 por ciento del agua potable que se distribuye por filtraciones y roturas de un sistema que tiene una antigüedad, en algunos casos, de más de 50 años. Para tener conciencia de la gravedad del asunto: de los 650 litros que por habitante distribuye por día de agua potable Aysam, el 40 por ciento, cuando menos, se queda en el camino, se pierde.

¿Será esta la oportunidad final para comenzar a solucionar el grave problema de distribución de agua que tiene el Gran Mendoza? ¿O será, una más, de las tantas pérdidas, como aquella del 2011 y de la que pocos hablan en la política?