Fabián Rodríguez Simón, conocido como Pepín en ese mundo muchas veces indescifrable y tenebroso que conforman la Justicia, la política y los empresarios más fuertes que ha tenido y tiene Argentina, vive en Uruguay desde fines del año pasado. Es diputado del Parlasur y fue uno de los asesores jurídicos más cercanos que tuvo Mauricio Macri cuando gobernó al país entre el 2016 y el 2019. En las últimas horas, Pepín ha saltado a la notoriedad pública luego de que una jueza solicitara su captura internacional y no han sido pocos, probablemente millones, los argentinos que recién ahora lo han registrado por primera vez.

Pepín está acusado de haber formado parte de una supuesta mesa judicial que constituyó Macri apenas asumió y que, según el kirchnerismo y, en particular, Cristina Fernández de Kirchner, fue conformada al solo efecto de operar en las sombras mientras podía o a la vista de todos cuando no, para perseguir y encarcelar a opositores por la vía de causas criminales inventadas, carpetazos con información trucha, todo acollarado en un descomunal contubernio que el poder político del momento ató con los medios de comunicación.

El pedido de detención internacional que pesa sobre Pepín se sustenta en una causa en donde se lo acusó de haber presionado durante el macrismo a los accionistas del Grupo Indalo, Fabián de Souza y Cristóbal López, para obligarlos a desprenderse de sus empresas de comunicación Radio 10 y el canal de televisión C5N. Antes de la solicitud librada por la jueza María Servini para detenerlo, Pepín había pedido asilo político a Uruguay, el país donde actualmente reside, por considerarse un perseguido político de la Justicia argentina.

Si para la política en general existe una grieta basada en diferencias ideológicas, para buena parte de la población es de carácter moral. Más allá de todo lo mucho o poco que puede estar dividiendo o separando a los argentinos, en general, a los menos politizados y alejados de los extremos y los fanatismos que puede que sean la mayoría, el nosotros y el ellos que los deja a un lado o al otro está demarcado por la decencia.

No sólo se debe ser idóneo para ocupar cargos públicos, sino también buena persona, íntegra, respetuosa del derecho, la Constitución, las leyes, la república y las buenas costumbres. El resto, aunque el político típico se niegue a creerlo, es pura sarasa.

Si la mayor parte de la dirigencia de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, ha hecho de la persecución de la corrupción kirchnerista una suerte de libro sagrado del que ninguno de sus integrantes o adherentes podrá separarse como un mantra, o como un manual de procedimientos y de acción para hacerse un lugar en la política argentina, tal coalición ya debería haberse manifestado oficial y públicamente en torno a la situación del principal asesor judicial que tuvo Macri en su momento.

Está más que claro que en un Estado de derecho y del pleno ejercicio de las libertades, como se supone que rigen en Argentina, nadie puede imponerle a Pepín qué hacer o no para defenderse en un caso en su contra. Es un derecho obvio que le asiste a cualquier persona. Pero hay un punto que diferencia a Pepín del resto, de cualquier ciudadano: ha sido una pieza estratégica y clave para el ex presidente y, como tal, como un miembro del equipo del ex mandatario, de la coalición gobernante y un hombre en definitiva de la política, está dando una pésima señal al pedir asilo en Uruguay y no someterse a los tribunales del país y ajustarse a derecho como debe ser.

La oposición ha mantenido por el momento un silencio que aturde alrededor del caso de Rodríguez Simón. Recién ayer y por la vía del auditor general de la Nación, Miguel Pichetto, hubo una manifestación. Pichetto expresó en una entrevista radial no estar de acuerdo con la actitud de Pepín y ante la causa que existe “debe presentarse ante la Justicia”. Pedir asilo en Uruguay “es un desatino” para quien fuera candidato a vicepresidente con Macri en el 2019 y que, además, “no es un guerrillero en un movimiento de liberación”.

Con Pepín o sin él en el país, al menos como acto político, la oposición tiene que aclarar de manera urgente el caso que ha complicado al ex asesor de Macri. Quizás el propio Macri lo debiese hacer y en persona, más allá de todo aquello que ha esbozado en su libro Primer tiempo en torno a los supuestos ilícitos que le endilgan fue cometiendo en contra de los dirigentes opositores a su gobierno.

El mismo lunes, el día en el que se conoció que había pedido a Uruguay asilo político, Pepín ofreció una entrevista con Carlos Pagni en La Nación+. Allí contó que una operación en su contra comenzó a montarse el mismo día en que le exigió a Cristóbal López el pago de los Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires. Y años más tarde, con el kirchnerismo de vuelta en el poder y con la llegada de Martín Soria al Ministerio de Justicia, el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, pidió su indagatoria. “Ese día –contó el ex asesor presidencial a Pagni–, empezó una campaña en mi contra y todos los alcahuetes del Gobierno empezaron a repetir ‘Pepín va a ir preso’”.

Según Pepín, la imputación que le hacen “parece tan ridícula, teniendo desde el 2014, junto con un equipo, la regulación del juego en la Ciudad. La Justicia, que es la que me tendría que defender, se transformó en una herramienta de persecución”.

Como referente de los asesores que entornaron a Macri desde los tiempos en los que el macrismo gobernara la CABA y mucho más en la Presidencia entre el 2016 y el 2019, Pepín está obligado a dar explicaciones como la actual oposición le ha reclamado al kirchnerismo, cuando gobernaba el kirchnerismo y cuando el mismo kirchnerismo estuvo en la oposición.

Si lo hiciera y se defendiera con todas las armas que le pudo haber dejado su supuesto buen paso por la gestión pública como hoy asegura, el asesor estaría demostrando lo que para muchos argentinos es la grieta, una cuestión planteada entre la moralidad y la inmoralidad, más que diatribas ideológicas o de fuerzas políticas en pugna.