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20 de septiembre de 2021
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Opinión

A jugar con las cartas descubiertas

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Mientras el oficialismo nacional se prepara para ponerse en acción y darle movimiento a un gobierno que, literalmente, se paralizó desde una semana a esta parte por aquella dura derrota en las PASO, y tras un fin de semana en el que Alberto Fernández fue obligado a cambiar medio gabinete y a imprimirle a la gestión una nueva dirección, ordenada, claramente, por Cristina Fernández de Kirchner, la oposición evalúa ahondar las diferencias que lo separan del kirchnerismo, como parte fundamental de la campaña hacia noviembre, y para eso no descarta, entre otras cosas, plantearle al país una reforma laboral de fondo para crear empleo, evitar el quiebre de las pymes y alentar un nuevo orden en materia económica que pueda impulsar con una relación de fuerzas más conveniente en el plano parlamentario.

Pocos días antes de las PASO del 12 de setiembre, varios dirigentes de Juntos por el Cambio sufrieron casi una parálisis de respiración y de corazón y permanecieron estupefactos por un buen tiempo esperando la peor de las reacciones y consecuencias políticas cuando el líder de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, metió inesperadamente a la agenda el proyecto de creación del seguro de garantía de indemnización (SGI), una iniciativa conocida un mes atrás impulsada por el Pro y por la que se apunta a modificar el actual método y sistema por el que se deben pagar las indemnizaciones por despido o cese laboral de los trabajadores en el país. Cuando el alcalde porteño lo mencionó en una rueda de prensa, el oficialismo, más los sectores alineados con las organizaciones gremiales, no sólo lo rechazaron, como era de prever, sino que acompañaron su reacción con afirmaciones que aseguraban un pacto de los sectores concentrados de la economía con los miembros de la oposición, con la derecha reaccionaria y los medios hegemónicos, todos confabulados según esta mirada contra la ya diezmada fuerza laboral argentina.

El triunfo electoral opositor y la descomunal crisis que se apoderó del gobierno y del Frente de Todos, sumados a la radicalización que, todo indica, ha asumido la administración nacional de cara al examen electoral de medio término, con una clara imposición del pensamiento, las ideas, las nuevas medidas y la dirección de las mismas en las que cree la vicepresidenta, han alentado a la oposición al planteo liso y llano de uno de los asuntos que siempre fueron tabú y que, cuando se impulsaron, fracasaron al chocar con el duro frontón de la CGT, de buena parte del peronismo y de otras líneas políticas negadas a modificar un sistema laboral que luce agotado y que, además, por sus costos visibles y ocultos, por su variado menú de trampas que lleva adosado, no beneficia a nadie.

El sistema laboral argentino, con ese 57 por ciento de recursos que el empleador le debe sumar al salario en blanco que le corresponde como paga por empleo, lo único que ha logrado son sólo perjuicios para todos. Ni siquiera en épocas de bonanza económica han crecido los puestos de trabajo en el país tal como se lo esperaba de acuerdo con previsiones basadas en experiencias de otras regiones, incluso, en los países vecinos.

El proyecto fue presentado por el diputado fueguino Héctor Stefani y sus compañeros del Pro Omar De Marchi, Francisco Sánchez, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Fernando Iglesias, Jorge Enríquez, Camila Crescimbeni y el radical mendocino Federico Zamarbide.

Alejado de los tecnicismos y las fórmulas complejas, en términos prácticos y sencillos, el proyecto prevé que se tenga que destinar 10 por ciento, aproximado, de la suma que compone el salario del trabajador a un fondo especial, un fideicomiso, administrado dentro de la estructura de la Anses y con la posibilidad de que acceda a una capitalización similar a la que se preveía para los fondos de capitalización para los retiros, como las extintas AFJP.

El mecanismo le liquidaría al trabajador que se queda sin empleo por cualquier razón, ya fuese por su causa o no, un ingreso mensual calculado por los años de aportes y la cantidad de años trabajados, remplazando al monto que por indemnización completa y en un pago único se realiza actualmente. El primer mes del seguro sería pagado por el empleador y de ahí en adelante, por el fondo acumulado. Las cuentas previas indican que un trabajador, al aportar 10 por ciento cada mes al fondo de seguro, al cabo de un año habría acumulado el total de lo que percibe cada mes. Un sueldo por año, en términos sencillos, de igual forma como lo que ordena la ley.

Los defensores del proyecto entienden que tal modificación a leyes vigentes promoverían la creación de empleo, porque, según los fundamentos que se han escrito, se constituiría “una política pública en materia laboral que permita promover la contratación de trabajadores en el sector privado, disminuir el gasto público, reducir la carga impositiva laboral, afianzar la inversión en tecnología y la promoción del contrato de empleo formal”. Y, para el caso del cese de la relación laboral por jubilación, el trabajador que pasa a retiro se llevaría consigo el fondo acumulado; un fondo que deberá actualizarse por el índice de inflación, además.

En otro artículo, el proyecto aclara que, en caso de cambio de una actividad laboral o de empleador, el aporte es acumulable y continuo, como en los casos de traslados, cambios de actividad o función, y en esos casos no se cobra el seguro, sino que se mantiene hasta el cese de la relación.

Será interesante observar de aquí en más, luego de todo lo que ha sucedido en la semana anterior, con esa detonación en mil pedazos que sufrió el Frente de Todos y que provocó la derrota en las PASO y la vicepresidenta con la carta en la que emplazó al presidente a realizar los cambios que finalmente se hicieron en las últimas horas, cómo sigue todo. Todo parece ir hacia el lado de un mayor gasto público que el que se venía realizando. Más emisión para obtener los recursos con los que se aumentarán los montos de los subsidios y programas sociales que están vigentes y aquellos que se ampliarán. Ya lo dijo Cristina Fernández de Kirchner en su fulminante crítica a Fernández y a Guzmán por la subejecución del déficit fiscal previsto para el 2021, de un poco más de lo que se lleva gastado a esta altura del año.

Como, para la vicepresidenta, el gobierno del que forma parte solo parece haber perdido por las consecuencias de varias pandemias –la de Macri, como menciona en su escrito, y la económica atribuida a factores más exógenos que propios–, la salida está en darles dinero a los votantes al punto que los satisfaga tanto que terminen votando por sus candidatos, y, con ello, evitar la pérdida del control de las cámaras legislativas, como ya preanunció el resultado de las PASO. Quedarse sin la herramienta parlamentaria será para Cristina Fernández de Kirchner el ocaso y el fin para su proyecto inocultable de reforma de la Constitución y de la Justicia, sobre todo de esta última. Allí, en el plano judicial, radican sus peores pesadillas y fantasmas

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