En los próximos días, once colegios de gestión privada podrían cerrar sus puertas si el Estado no les otorga el subsidio que están reclamando desde hace años, lo que dejaría sin banco a unos 3.000 chicos de la provincia que estudian en esos establecimientos, algunos con programas especiales y de integración. La Ley de Educación prevé que los estados provinciales otorguen aportes a los establecimientos educativos de gestión privada basándose en criterios objetivos de equidad, calidad y eficiencia. Sin embargo, desde esas escuelas denuncian que hay discriminación en favor de los establecimientos religiosos y sostienen que, de aumentar sus cuotas para pagar los salarios a los docentes, esos chicos deberían abandonar las escuelas debido a la situación económica de sus padres.

BARATAS.La mayoría de estas escuelas tienen cánones mensuales que no superan los 150 pesos. Los casos concretos son los colegios Alfred Nobel, Andino, Arco Iris, Instituto Crecer, Ecovida, Español, KalenHue, Clave de Sol, Santa Clara, Blosson y Siembra, entre otros. Estos establecimientos, cuya población estudiantil es de trescientos alumnos cada uno, en promedio –es decir, alrededor de tres mil matriculados–, no pueden aumentar aún más sus cuotas para pagar los salario de sus docentes y seguir funcionando. Es por ello que, si no logran el subsidio, deberán cerrar sus puertas.

    Mientra,s desde la Dirección de Educación Privada de la DGE, su titular, Lidia Fortín, se ampara en el decreto 2.633/05 que reclama que las instituciones sean inscriptas como organizaciones sin fines de lucro, entre otras cosas, para que puedan acceder al subsidio estatal. Sin embargo, claro está que ninguna escuela de gestión privada podría ser una institución sin fines de lucro. Además, argumentan falta de matrícula en algunas de ellas, aunque en algunos casos, como el del Nobel, la razón de que haya pocos alumnos por curso obedece a un proyecto pedagógico diferenciado, ya que acuden chicos con déficit atencional.

DENUNCIAS. Fabián Sperentio, administrador del colegio Clave de Sol, explicó que ese establecimiento reclama desde hace años un subsidio que la DGE aún no lo autorizó. En esta escuela, los chicos utilizan como contenido transversal la música y por el nivel socioeconómico de los padres de los alumnos no pueden aumentar sus cuotas, que actualmente están en cien pesos. El docente sostuvo que se sienten discriminados por ser una escuela laica. “Si ofreciéramos una propuesta religiosa, no tendríamos tantas trabas para obtener ayuda estatal”, denunció.

    Otra situación complicada es la que viven los padres de los chicos del colegio Alfred Nobel de Guaymallén. Este establecimiento cuenta con un programa especial para chicos con déficit atencional y otras dificultades del aprendizaje, por lo que los cursos tienen matrícula reducida. Según explicó Lidia Fortín, la cantidad de alumnos por año no alcanza el número suficiente como para otorgar un subsidio. Sin embargo, desde la institución defienden los cursos poco numerosos argumentando que los chicos, la mayoría con défict atencional, aprende mejor. Al respecto,Viviana, madre de una alumna de la escuela, opinó que la enseñanza es muy buena y que no hay otras escuelas que ofrezcan un programa especial para chicos con estos problemas. La mujer expresó su preocupación ante el posible cierre de ese establecimiento.

A LA LEGISLATURA. El reclamo de directivos y padres de alumnos, que no encuentra eco en el Ejecutivo, llegó hasta la Legislatura. Por eso, la diputada radical Mirtha Díaz elevó un proyecto de resolución en el que pide que se apruebe un aporte para una subvención de entre 20 y 40 por ciento, de acuerdo a las modalidades de los salarios que perciben los docentes de dichos establecimientos. El proyecto surgió después de que los padres de los chicos se reunieran con integrantes de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, la directora de Educación Privada, Lidia Fortín, y la directora de la Escuela Alfred Nobel, Estela Bertoldi.