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4 de agosto de 2006
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Nueva moratoria para jubilarse

El especialista analiza cuáles serán los costos que tendrá a futuro el Estado al poner en marcha el nuevo sistema de facilidades para acceder a una jubilación

         En nuestro país, en la actualidad, hay aproximadamente cuatro millones de jubilados y pensionados, incluyendo las cajas provinciales no transferidas y las fuerzas de seguridad, y la mayoría está aún en el sistema de reparto. Desde principios del 2002 hasta hoy, la inflación acumulada ha sido del orden del 83%. Solamente alrededor de un millón y medio de los que percibían la jubilación mínima allá por el 2004 ha recibido aumentos que compensaron, en alguna medida, el aumento sostenido en el nivel general de precios.


         Los demás han tenido aumentos mucho más bajos, mientras que los beneficiarios que tienen haberes superiores a los 600 pesos se tuvieron que conformar este año con un aumento sólo de 11%. Esta situación genera, para el Estado nacional, un pasivo por el incumplimiento de las normas provisionales. Con este panorama, a fines del 2005 tuvo lugar una modificación en legislación previsional argentina, en donde se crea un abultado gasto adicional al permitir, por medio de una “moratoria”, que las mujeres a partir de los 60 años y los hombres a partir de los 65 puedan acceder a la jubilación mínima, incluso aún sin haber realizado nunca aporte alguno.


         La ley, al reducir los intereses que se cobraban antes, disminuye la deuda, lo que genera que la persona que no ha realizado aún ningún aporte pueda regularizar su situación pagando, durante cinco años, una cuota mensual fija cercana a los 380 pesos. Cuando se paga la primera cuota, se puede acceder a una jubilación de 470 pesos por mes. Por lo que el Estado nacional les pagará a los ciudadanos para que regularicen su situación previsional. Esta es la cuota máxima posible, porque la cuota se reduce si la persona tiene aportes previos y si excede la edad mínima para jubilarse, cada dos años, aproximadamente, de exceso de edad, se recorta uno del total a regularizar.


          Este régimen es universal para cualquier persona que cumpla con los requisitos de edad, donde también las mujeres que cobran una pensión pueden tramitar su jubilación. Incluso, una persona puede gestionar la pensión derivada de su cónyuge fallecido aunque este nunca haya realizado aporte alguno. Según datos oficiales, se puede pensar que alrededor de dos millones de personas pueden acceder a una jubilación, a lo que hay que sumarle unas 500.000 personas más que pueden pedir una pensión por cónyuge fallecido.


       El tema ahora es ver cuál es el costo para el Estado que tiene todo esto. A simple vista, pareciera que en el corto plazo el impacto es relativamente bajo, porque descuenta los pagos por moratoria, mientras que, en un mediano plazo (como unos cinco años), este empieza a aumentar, ya que se percibe la jubilación plena al terminar de cancelar el plan de facilidades de pago. A esta altura se puede llegar a visualizar que un escenario de adhesión total a este régimen es poco probable, ya que, por diversos motivos, no todo el mundo demandaría un subsidio de este tipo.



       Pero, incluso teniendo en cuenta solamente la mitad de adhesión al sistema, el costo para el fisco es elevadísimo. Este tipo de políticas de subsidio universal se suma a otras ya existentes, como en energía, transporte y servicios públicos, que no solamente benefician a las personas de menores ingresos, sino también a los estratos de superiores. Incluso, termina generando inequidades para las personas que han realizado aportes, desalentando el cumplimiento presente y futuro a la espera de una nueva moratoria.


       Con esto intentamos analizar que, más allá del alto superávit fiscal que tiene el Gobierno nacional, puede terminar de achicarse lo suficiente como para dejar de serlo, básicamente, por los aumentos sostenidos del gasto público. La recaudación de julio estuvo cercana a los 12.000 millones de pesos, lo que viene a confirmar que el sistema de seguridad social es uno de las columnas en donde se apoya la recaudación del Gobierno.


        Por lo que gran parte de este superávit de seguridad social va a tener como destino, obviamente, además de financiar al Tesoro a través de bonos, pagar las erogaciones de estos “nuevos” jubilados que, a la larga terminará, como dijimos, por afectar negativamente a uno de los pilares del actual programa económico: el superávit fiscal.

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