A menos de un mes para las elecciones generales, la campaña electoral en Mendoza ha definido dos tópicos para el debate. Por un lado, el Gobierno sale a defender su política de seguridad con números propios en declaraciones del propio Alfredo Cornejo pero también en los principales avisos de los diarios dominicales. Por el otro, por primera vez una campaña local viene a poner en evidencia el estado de los servicios públicos y los derechos de los usuarios. 

Un voto para “la mano dura” de Cornejo

La última vez que el eje de la seguridad/inseguridad estuvo en la campaña fue con el mapa del delito de Celso Jaque. Pero aquella utopía dulce de reducir el delito en determinado plazo de tiempo le jugó en contra al posteriormente gobernador y prácticamente desapareció de la agenda electoral siguiente.

Por eso, la postura de Cornejo sorprende en un cierto punto, ya que es el flanco débil de cada gestión. El gobernador no declama en frases de campaña, sino que se apoya en cifras propias: ha dicho que los robos agravados bajaron un 30 por ciento; los robos simples lo hicieron un 42 por ciento; y agravados con arma, un 38 por ciento.

Con todo, llama la atención que estos números hayan dejado de ser accesibles para cualquier ciudadano porque el Ministerio Público Fiscal dejó de publicarlos en diciembre 2016.  

Fuera de ese detalle que hace a la transparencia, Cornejo salió con los tapones de punta a manifestar que votar a la oposición es frenar esta política encarada tanto por Gianni Venier como por el procurador Alejandro Gullé en el Ministerio Público Fiscal.

“Votar a la oposición significa trabar que los presos trabajen, significa trabar la política de mano dura de mi gobierno, trabar la agilidad en la Justicia y el coraje que le pone el Gobierno”, manifestó la semana pasada el gobernador.

Cornejo defendía así un concepto al que otras gestiones -incluso radicales- le habían escapado, ya sea por su mala prensa, haciéndose cargo tal vez del espíritu de la época: “Mano dura”.

La cuestión acá es preguntarse cuáles podrían llegar a ser los límites de esta defensa de la “mano dura” que llega a la tropa uniformada. Al principio de la gestión, Cornejo ya dio una señal que algunos consideraron apresurada, pero que sirve como huella en este camino hacia acá, cuando felicitó a un policía por haber matado a un presunto ladrón. 

La interrogante no es arbitraria si uno recuerda las muertes de Jonathan Chandía -durante la gestión de Julio Cobos- o la de Franco Díaz -durante la gestión de Francisco Pérez-.

Y con esta fuerte apuesta por la seguridad, Cornejo prácticamente ha dejado en un lejanísimo segundo plano a la candidata de Cambiemos, la ministra de Salud Claudia Najul y, aún más, al especialista de la UCR en estos temas calientes, como Luis Petri. 

Pero también hay otras cosas en juego que lo simplemente electoral. El cornejismo quiere prorrogar la emergencia en seguridad hasta 2018, una caja importante a la que acudir sin necesidad de llamado a licitación -es decir, por concurso directo-.

Sin embargo, desde el ministerio de Seguridad explicaron en la Legislatura que no se pide más fondos sino más tiempo para abaratar costos administrativos y que las licitaciones se realizan. Según lo expuesto por los funcionarios más cercanos a Cornejo, la Provincia gastó 1200 millones de pesos en Seguridad este año. 

Los usuarios, por primera vez en agenda electoral

La aparición de Protectora como nuevo actor político en el menú electoral ha significado, a la par, el ingreso en la discusión de cuestiones que los partidos tradicionales habían abordado tangencialmente. En la campaña de 2015, Cornejo tocaba el tema de la eficiencia de los servicios públicos, apuntando a los gremios estatales y el exceso de personal en el Estado. Eficiencia y Orden son los dos conceptos que orientan el discurso de su administración. 

Si bien la irrupción de los abogados José Ramón y Mario Vadillo está teñida de especulaciones políticas -en otras palabras, que forman parte de una jugada del peronismo para restarle votos a Cambiemos con el sello del Partido Intransigente-, es la primera vez que se pone en discusión la calidad de los servicios públicos en Mendoza y los derechos de los usuarios.

El discurso de los abogados es simple: consideran que las diferentes gestiones de gobierno han defendido los negocios millonarios de las corporaciones por sobre los ciudadanos. Solo basta considerar este número relativo: diariamente, se registran 650 mil transacciones a través de la RedBus, para que se tenga en cuenta el millonario negocio que representa el sector del transporte público en Mendoza. 

Esto, por supuesto, ha puesto los pelos de punta del oficialismo, al punto tal que los funcionarios del área prácticamente esquivan la polémica desde el episodio de la mujer detenida por no tener RedBus. Pero el Gobierno también ha dado un giro discursivo y puso el foco en la ONG con aspiraciones en el Congreso y la Legislatura. El ministro Dalmiro Garay fue el portavoz al señalar que “no me parece bien que Protectora haya incursionado en la política”.

Gobierno y Protectora están enfrentados en otro plano, que es el de la Justicia. Ambos contendientes ya han tenido un round de conciliación sobre el ente de control del transporte. Con esto, está claro que el capital político de la ong está en los reclamos circunstanciales sobre la calidad del servicio de colectivos, del tarifazo de gas o de la luz, por citar los conflictos más recientes.

Pero la cuestión de los derechos de los usuarios también ha puesto a otros partidos tradicionales a reveer su oferta electoral.

Al punto tal que la campaña de Omar Félix en el PJ viró finalmente hacia los servicios públicos, a medida que Protectora crecía exponencialmente en las PASO. “Es urgente una reducción de tarifas ya”, aseguró en una entrevista. No explicó cómo, pero el candidato de Somos Mendoza apunta sobre el costado del impacto del ajuste que recae sobre la población, uno de los tópicos del PJ en las PASO.

Resta saber cómo logrará acomodarse en este mercado electoral el Frente de Izquierda, cuyo menú para el ciudadano ha pasado por la cuestión de la equidad salarial en un momento de ajuste de la economía. 

Noelia Barbeito ha puesto en carpeta la educación sexual en las escuelas -una ley que no se termina de instrumentar-, mientras continúa con el reclamo al Gobierno nacional por la desaparición de Santiago Maldonado. Por eso, sí es más probable que el FIT enfrente discursivamente al cornejismo en el plano de la mano dura, más que en este tópico.  

Las cartas, a un mes de las elecciones, están sobre la mesa, por más que las PASO hayan dado un adelanto. Ahora, resta saber cuánto más pueden crecer unos y cuánto más pueden resistir otros con el piso obtenido.