En 2014, la escuela Normal de Ciudad recibió 40 amenazas de bombas y se apartaron del colegio a ocho estudiantes ya que luego de una investigación se determinó que realizaban los llamados desde sus teléfonos móviles. Desde hace una semana, esa institución volvió a recibir amenazas, pero no es la única. Hay otros establecimientos de Ciudad y Guaymallén que sufren este tipo de intimidaciones que provocó que en una semana el Estado gastara 250.000 pesos.
Desde el Ministerio de Seguridad detallaron que, entre el lunes y el jueves, el 911 recibió “cinco llamadas intimidatorias para las escuelas Normal Tomas Godoy Cruz (3), Nadino (1) y Murialdo (1). Cada llamado implica la movilización la División de Explosivos, Policía, ambulancia y preventores, entre otros organismos. Cada operativo tiene un costo de 50.000 pesos”, confiaron.
Pero este tipo de amenazas, además de interrumpir el cursado de clases de los estudiantes, perjudica la libre circulación de los ciudadanos que se movilizan por las calles que rodean esos establecimientos. Así, desde el Poder Judicial confiaron que fueron varias las denuncias que se recibieron en la Oficina Fiscal 1 y que se han caratulado como “intimidación pública”, según el artículo 211 del Código Penal.
Los padres del nivel primario de la escuela Normal son los que más furiosos están ya que los pequeños deben evacuar hacia la plaza Independencia: “Tengo dos hijos en la primaria, uno en primer grado y otro en tercero. Hace cuatro años que padecemos este tipo de situaciones. Ya llevamos seis amenazas en una semana. Hoy –por este jueves- está lloviendo y los niños en la plaza esperando a que terminen de revisar la escuela. Entendemos que por protocolo deben hacerlo, pero estos casos deben tener un punto final”, dijo Alejandro Astorga.
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Por su lado, Luis Alberto Nimes, director de la secundaria del Normal, comentó que los llamados coinciden con la época de evaluaciones y manifestó que en 2014, cuando se aplicó la recuperación de las jornadas perdidas los sábados, las amenazas finalizaron.
“Desde el viernes de la semana pasada hemos recibido seis amenazas y con el equipo docente evaluamos las formas de prevenir esto, no llegar a estas circunstancias en donde un alumno llama por teléfono para no tener clases. Pero es parte de un proceso para que ellos se den cuenta que están mejor adentro del colegio que tomando frío en la calle y causando un perjuicio a varios integrantes de la comunidad mendocina”, dijo el director, quien agregó que una vez que los estudiantes retornan a las aulas, los profesores hacen una reflexión al respecto. “Ver todo el daño que se ocasiona, la pérdida de tiempo, lo mal que lo pasamos todos”, señaló.
Para el martes están citados los padres de todos los alumnos del nivel secundario en esa institución para reunirse con funcionarios del Ministerio de Seguridad para tratar de encontrar una solución: “Por el momento no tenemos un autor identificado, por ello, no podemos decir que los llamados son realizados por los estudiante. Pero hay ciertas situaciones que hacen sospechar que puede tratarse de un ‘chiste’ de los jóvenes”, dijo Hugo Fiorens, director de Relaciones con la Comunidad, y manifestó que la idea del encuentro con los papás es escucharlos y determinar juntos con las autoridades escolares una salida viable a estos casos.
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Por su lado, desde la Dirección General de Escuelas especificaron que se registró la denuncia en la Justicia y que se está tratando de rastrear al responsable de los llamados: “Si la investigación determina que las amenazas fueron efectuadas por los estudiantes al ser menores de edad demandaremos a los padres. Además, si un alumno llega a ser el autor del llamado queda en situación condicional y será el Consejo de Escuelas el que decida si pasa a otra institución o queda en sistema de escuela protegida”, indicó Luis Guevara, supervisor de Capital de la DGE.
Según el Código de Convivencia, el estudiante de Educación Media tiene 25 puntos de crédito para todo el ciclo, que puede perder de acuerdo con el tipo de falta que cometa: leve, grave o gravísima. El tipo de falta y la cantidad de puntos que se arriesga a perder se establecen según una tipificación descriptiva de cada situación. Ante este tipo de “intimidaciones públicas” pierden todos los puntos.