Fueron poco más de seis horas las que bastaron para que las expectativas de los familiares de los cuatro desaparecidos por el juicio de San Rafael volvieran a estrellarse contra la misma pared con la que chocan desde hace 34 años.

La declaración de ex jefe de la Regional II de la Policía de Mendoza Raúl Ruiz Soppe no se salió del libreto y defendió su accionar en el momento de los hechos, argumentando que la policía sólo cumplió órdenes y que los responsables de los detenidos eran las Fuerzas Armadas.

No obstante, también se encargó de intentar demostrar que sus compañeros de celda son inocentes o que poco tuvieron que ver con los hechos que se les imputan.

LAMENTO POLICIAL. Los primeros minutos de la declaración de Ruiz Soppe abrieron un aire de esperanza para los familiares de Francisco Tripiana, Pascual Sandoval y Roberto Osorio, ya que la desaparición de José Berón se produjo cuando Ruiz Soppe ya no estaba a cargo en San Rafael.

Sus primeras palabras, tras asegurar que nunca tuvo causas por apremios ilegales y que tampoco fue procesado, fueron: “Quiero darles un mensaje a las familias de las víctimas. Yo también, como ser humano, siento pena, aunque no la misma que ustedes, de que la situación haya resultado así”.

Sin embargo, ese fue el único consuelo que recibieron los familiares, ya que el resto de la declaración poco tuvo que ver con lo que ellos querían escuchar. Tras casi dos horas de relato sobre cómo llegó a San Rafael, Ruiz Soppe aseguró: “En el 2006 me enteré de esta amarga y triste circunstancia. No me enteré jamás que hubo una persona desaparecida”.

No obstante, explicó que sí tuvo conocimiento de un secuestro de una mujer llamada Rosa Luna, por la cual su padre denunció el hecho y, según Ruiz Soppe, a pesar de la investigación, la búsqueda fue negativa.

Según declaró el imputado, él se hizo cargo de la Regional II luego de tener un altercado con el brigadier y jefe de la Policía Julio César Santuccione, en 1975.

Este se produjo porque Ruiz Soppe quiso parar una operación de contrabando por la cual, según se enteró después, Santuccione recibía dinero a cambio de cubrirla.

Este altercado hizo que primero pasara a disponibilidad y luego lo mandaran a San Rafael bajo la excusa de reordenar la zona, ya que entre diciembre de 1975 y enero de 1976 se produjeron seis explosiones que, según el imputado, fueron causadas por la misma policía.

Una vez que se hizo cargo, el 19 de febrero de 1976, tomó conocimiento también de que la Policía estaba supeditada a las fuerzas militares, que en San Rafael comandaba el mayor Luis Suárez.

Por esto, le pidió instrucciones a Santuccione, y este le dijo que debía cumplir “todo lo que los militares requirieran”.

DESAPARECIDOS. Mientras Ruiz Soppe estuvo a cargo de la Unidad Regional II se produjeron tres de las cuatro desapariciones que forman parte del debate.

Según el imputado, la noche del 31 de marzo, que es cuando supuestamente fueron liberados Tripiana y Sandoval, él había cenado con Suárez en la Municipalidad de San Rafael y de allí se dirigieron a la Casa Departamental, donde se encontraban los presos detenidos.

Allí liberaron, dijo, a más de seis, entre los que se encontraban Tripiana y Sandoval.

Para Ruiz Soppe, fueron liberados, aunque reconoció que, tras el paso del tiempo, desde que su familia no los ve, deben encontrarse
desaparecidos.

De hecho, explicó que los detenidos ya se encontraban señalados por un trabajo previo de inteligencia y que él se enteró de algunos detenidos pero no de desaparecidos, y adujo que ni él ni la Policía tuvieron que ver, ya que, en su caso, sólo asistió a la liberación como testigo, ya que los detenidos dependían del Ejército, y en la Casa Departamental solamente se encontraba en funciones un efectivo, de apellido López, quien había sido cedido para cumplir tareas administrativas.

El otro policía asignado a tareas junto a los militares era Mussere.

Sobre este, Ruiz Soppe aseguró que sólo cumplía funciones de enlace, es decir, Suárez pedía elementos y José Mussere -agente de la policía, quien también está siendo juzgado- se encargaba de transmitir el pedido.

Sin embargo, el imputado admitió que la policía no sólo sirvió de apoyo, como decía el decreto, ya que también se la utilizó para hacer traslados, en el caso de Mussere, y se encargó de “despegarlo” de las comisiones de detención.

Ruiz Soppe también quiso despegar a Aníbal Guevara -teniente del Ejército que también está siendo juzgado-, de quien dijo que tenía un papel de mando pero nada más y que no entendía por qué no había más militares y policías acusados, siendo que estos últimos eran 600.

QUIÉN DABA LA ORDEN. Las palabras del imputado se dirigieron más que nada a responsabilizar a los mandos militares.

Según él, las personas eran detenidas por orden de la autoridad militar, y aseguró que estas eran alojadas en la Casa Departamental, que actualmente es el edificio donde se encuentran los Tribunales sanrafaelinos.

En ese sentido, Ruiz Soppe explicó que es mentira que hayan existidos centros clandestinos ni grupos de tareas en San Rafael y afirmó no saber quiénes eran los encargados de interrogar a los prisioneros.

En tanto, los abogados querellantes también le preguntaron sobre el papel que tuvo la Iglesia, y Ruiz Soppe señaló que nunca le preguntaron por algún desaparecido, que de haberlo hecho un sacerdote o cualquier otra persona, él se hubiese puesto a investigar.

TRAIDORES. Las más de seis horas de declaración también sirvieron para que Ruiz Soppe acusara de “traidores a la Patria” a Carlos Ruckauf, María Estela Martínez de Perón y al resto del gabinete de esta por firmar en 1975 un decreto que ordenaba el exterminio de las fuerzas subversivas.

Según Ruiz Soppe, ahora esas mismas personas le quieren cambiar el significado a la palabra, cuando, en lugar de darles más poder a las Fuerzas Armadas, deberían haber proveído de mejores elementos a la policía.