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8 de mayo de 2017
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Opinión

No queremos convivir con genocidas

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<p><strong>Por&nbsp;Viviana&nbsp;Beigel y&nbsp;Pablo Salinas</strong> /&nbsp;No queremos a&nbsp;Astiz, al Tigre&nbsp;Acosta&nbsp;y a todos los represores condenados por cr&iacute;menes contra la humanidad libres entre nosotros. &iquest;Y vos?</p>

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplica la ley del 2x1 a genocidas abre una puerta que creíamos que estaba cerrada. Abre la puerta a la impunidad, a la injusticia y a la indignación.

Vivíamos en un país que hasta ahora era elogiado en el mundo por el enjuiciamiento y el castigo a los ejecutores, cómplices e instigadores de los gravísimos delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, y lamentablemente hoy tenemos que volver a la calle junto a los organismos de derechos humanos para exigir, que quienes cometieron los crímenes más tremendos en nuestro país, no tengan privilegios.

Como abogados de las víctimas de estos tremendos hechos, escuchamos relatos atroces, un dolor inmenso difícilmente reparable para los miles de detenidos-desaparecidos y sus familiares.

¿Cómo explicarles a las mujeres que sufrieron violaciones, torturas, la separación de sus hijos y la destrucción de sus vidas que ahora la justicia otorga libertades a quienes ejecutaron este plan criminal?

¿Cómo explicarles a quienes fueron secuestrados y apropiados cuando eran niños que ahora sus apropiadores podrán caminar libremente por las calles?

¿Cómo le decimos a quienes fueron torturados y encarcelados y a los familiares de los desaparecidos que en nuestro país la justicia decidió iniciar un camino para liberar a los más sanguinarios genocidas?

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo con argumentos forzados, perversos y contrarios a todas las Convenciones Internacionales, abre la puerta para que condenados por crímenes contra la humanidad caminen entre nosotros.

Con este fallo, la Corte puso en riesgo el proceso de memoria, verdad y justicia y lo hace con una perversidad realmente sorprendente.

Y decimos que es perverso porque el voto mayoritario en este fallo, para lograr la aplicación de una ley derogada, tuvo en cuenta el carácter permanente del delito por el cual fue condenado Muiña.

Consideró que, como la privación ilegítima de la libertad de la víctima se sostuvo durante más de 40 años al no aparecer el cuerpo, es posible la aplicación de las leyes que han estado vigentes durante todo ese lapso de tiempo.

Un análisis totalmente perverso por dos cuestiones centrales: la primera es que el paso del tiempo que se utiliza en beneficio del represor son los 40 años en los que se sostuvo el pacto de silencio. Nunca se brindó información respecto de los enterramientos o lugares donde están los cuerpos de los desaparecidos.

La segunda cuestión es que durante la vigencia de la ley del 2x1, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad gozaban de absoluta impunidad por las leyes de obediencia debida y punto final.

Es así que, los tres jueces que conformaron el voto mayoritario de este indignante fallo, no solo benefician a quienes hicieron desaparecer los cuerpos para conseguir la impunidad de sus delitos, sino que además, aplican una ley que estaba vigente al mismo tiempo que regían las leyes de impunidad, desconociendo además, cual fue la voluntad del legislador al establecer la regla del 2x1.

Esta norma se dictó durante una época en que era imposible juzgar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad por estar vigentes las leyes de obediencia debida y punto final.

Y más grave aún, producen una sentencia en contra de la jurisprudencia pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diversos precedentes, entre ellos “Gelman vs. Uruguay” sostuvo que tratándose de delitos de ejecución permanente, es decir, cuya consumación se prolongó en el tiempo, la ley que resulta aplicable es la última, sin que ello represente su aplicación retroactiva.

¿Por qué la Corte aplica una ley que no estaba vigente en este caso? Nuestra percepción es que la justicia argentina abrió el camino para indultos encubiertos y para otras formas de impunidad en los delitos de lesa humanidad.

Es una ingeniería jurídica de la impunidad que ya fue declarada incompatible con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el informe 28/92 y los casos Carmen Lapacó de la Cidh con respecto a Argentina; La Rochela – Colombia, Almonacid – Chile, Chumbipuma Aguirre – Perú y Gelman - Uruguay.

El fallo de la Corte es un enorme retroceso en materia de derechos humanos.

Vivimos un momento muy difícil que habrá que revertir con todas las herramientas legales que tengamos. Los organismos de derechos humanos y la sociedad en general no tolera esta injusticia. Tenemos que indignarnos y pensar el país que queremos para nuestros hijos.

Tenemos la esperanza que el pueblo argentino se enfrentará a esta injusticia. Y que es un sentimiento común el repudio absoluto de todos los hombres y mujeres que sueñan vivir en un país con justicia.

Nosotros no queremos a Astiz, al Tigre Acosta y a todos los represores condenados por crímenes contra la humanidad libres entre nosotros. ¿Y vos?

(*) Por Viviana Beigel y Pablo Salinas. Abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Mendoza.

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