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18 de septiembre de 2009
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POLÉMICA EN PUERTA

No hay ley que avale las cámaras en los taxis

Seguridad avanzó en la medida basado en una norma que habla de dispositivos en la vía pública, no en el transporte público

    Las sonrisas de los funcionarios del Ministerio de Seguridad, quienes el miércoles presentaron un sistema de cámaras que fotografían a los pasajeros en los taxis, se desdibujó ayer, cuando se enteraron de que no existe una ley que avale ese procedimiento. En realidad, las autoridades impulsaron la colocación del sistema en 400 taxis amparándose en una norma que permite el uso de cámaras en espacios público, pero no en los servicios de transporte. Frente a esto, desde el Ministerio intentarán impulsar un proyecto de ley del diputado Luis Petri (Confe), que prevé la utilización de este mecanismo en el transporte público de pasajeros.

SIN PARAGUAS LEGAL. “El problema se va a presentar cuando algún pasajero demande por captación ilegítima de imágenes y el juez tenga que darle la razón, porque no existe una legislación provincial que así lo contemple”, lanzó Petri. Si bien la medida de incorporar 400 dispositivos en el interior de los rodados tiene el fin de proteger al taxista –sistema que también tuvo el aval de la Dirección de Vías y Medios de Transporte y los dueños de taxis–, lo cierto es que, al no haber una normativa en vigencia, las demandas por violación a la privacidad de los usuarios, de existir, recaerán en el propietario o en el Estado, ya que fue el propio Ministerio de Seguridad el que dio el visto bueno a la iniciativa.

    “Nos dijeron que existe una ley que autoriza la presencia de cámaras en los taxis y remises”, comentó, sorprendido, Fernando Sáez, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam). Sin embargo, desde Seguridad no se tuvo en cuenta que la ley provincial 7.924, en la cual se basaron para autorizar las cámaras, no dice nada respecto de los servicios públicos. “Esa norma, que fue aprobada como corresponde, no reglamenta el uso de dispositivos en los taxis, sino que lo hace para la instalación de estos dispositivos en la vía pública”, detalló Petri, autor de la ley 7.924 junto al senador justicialista Miguel Serralta.

    Así, el desconcierto en los distintos funcionarios de la cartera que maneja Carlos Ciurca dejó a la vista la mala interpretación que se hizo de una ley y la ignorancia de un proyecto que respalda la idea de los dueños de taxis pero con fundamentos específicos. “Voy a llamar a Petri para saber cómo va el expediente y ver si podemos agilizar su tratamiento”, sostuvo Orlando Rosas, subsecretario de Seguridad, aceptando la insólita irregularidad.

    “El tema de las cámaras sólo se puede saldar legislando sobre su uso en el transporte público, porque hasta el momento no existe una reglamentación provincial que establezca medidas claras sobre el asunto”, agregó el abogado penalista Pablo Cazabán, y aclaró: “Hay que ser muy cauteloso y racional con los dispositivos de este tipo para que en pos de la seguridad no se atente contra la privacidad de los pasajeros”.

¿INVASIÓN A LA INTIMIDAD? Fueron los mismos usuarios los que, al enterarse de la medida, levantaron la polémica de que incluir cámaras en los taxis es una situación invasiva para el pasajero. El miércoles, apenas presentada la metodología, El Sol consultó a algunos pasajeros en la Terminal, y estos se preguntaban si era legal. Pero, pese a que la Constitución nacional resguarda la privacidad de las personas, en la práctica no sucede lo mismo. Los especialistas consultados por este diario sostuvieron “que el avance de la sociedad tecnocrática ha dejado en el camino varios derechos y garantías del ser humano”.

    “Existe un delgada línea entre prevenir el delito e invadir la privacidad de las personas”, comentó Pablo Salinas, abogado de derechos humanos. “No podemos vivir enrejados y vigilados todo el tiempo, pero entiendo que el miedo está instalado”, se sumó la diputada Mirta Díaz (Fiscal), quien integra la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja. No obstante, la costumbre y la evolución social han propiciado que las leyes del siglo XX crujan o no coincidan con las acciones cotidianas del siglo XXI. “El mundo entero está rodeado de dispositivos que te vigilan en forma constante y nadie dice nada”, explicó Diego Arenas, diputado del PD.

EL PROYECTO DE LA DISCORDIA. Al no haber una norma clara que reglamente el uso de cámaras en el interior del transporte público, varias son las preguntas que quedan inconclusas: ¿Quiénes podrán acceder a las imágenes? ¿Debe alertarse al pasajero de que se lo está fotografiando? ¿Qué uso se les da a las fotos? ¿Qué puedo hacer como usuario? Y estas son sólo algunas de ellas. Las respuestas están detalladas en el proyecto de Luis Petri, el mismo que hoy el oficialismo quiere apurar. Así, el expediente contempla, por ejemplo, que los únicos que pueden acceder a las imágenes son magistrados responsables en causas delictivas y que debe alertarse al pasajero, mediante un cartel explicativo, que quedará registrada su presencia en un determinado taxi, con hora y lugar definidos. “De esta manera, el usuario tiene la opción de bajarse del automóvil”, detalló Petri.

    En tanto, las 400 cámaras que empezaron a funcionar hace más de cinco meses –y que fueron presentadas oficialmente el miércoles– no tienen validez legal y sólo podrán habilitarse cuando se sancione la ley pertinente. “Además de la protección del taxista, deben tenerse en cuenta los derechos de los usuarios”, finalizó el diputado del Confe.

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