access_time 08:39
|
11 de diciembre de 2006
|
|

Niños sin respuestas

Según la periodista, se habla de inclusión e integración de los niños con alguna discapacidad, pero ni en las escuelas ni en el mundo del trabajo se planifican acciones para recibirlos

         La mayor parte –por no asegurar que la totalidad– de los servicios y ofertas que prestan tanto el Estado como los sectores privados está dirigido, mayormente, a personas sin necesidades especiales o capacidades diferentes. Y la educación tampoco escapa a esto. A través de una combinación de ignorancia con desidia, se deja a un tercio de los niños y adolescentes fuera de la escuela por estas cuestiones. Como es una lamentable tradición en Argentina, los discursos van por un lado y las acciones, por otro. Se habla de inclusión e integración y no se planifica lo mínimo para recibir en la escuela o en el mundo del trabajo a personas con discapacidad.



         Muchos padres relatan que, desde la ignorancia o desde la insensibilidad, muchas veces se les dice que cuando el niño termine el nivel primario en una escuela integradora “es mejor que lo saque, porque la secundaria no está preparada para recibir chicos con estos problemas”, o que “faltan ascensores”o “que no van entender que vaya en silla de ruedas”, entre otras explicaciones. Otros se quejan porque no consiguen vacante “cuando en las escuelas se enteran del problema” de sus hijos.


       Según estadísticas oficiales del 2005, “sólo un tercio de los niños y adolescentes con discapacidad recibe educación dentro del sistema educativo”, tanto especial como común, y que, de este tercio, sólo “24 por ciento concurre a la escuela común en calidad de integrados”. “Muchas son las trabas que generan la imposibilidad de incluir a niños con discapacidad en escuelas comunes”, dijo Marina Klemensiewicz, directora de comunicación de la fundación Par, que trabaja por la integración de personas con discapacidad.


        Enumeró, entre ellas, “la falta de estructura edilicia, la inadecuación curricular, el miedo a lo diferente, la escasa labor de trabajo en equipo entre la maestra de grado y la maestra integradora y falencias en la formación docente”. Prueba elocuente de ello es que, de acuerdo a un estudio de la fundación Rumbos, de marzo del 2005, “sólo 22 por ciento de las escuelas brinda alguna accesibilidad”, sobre un total de 438 establecimientos educativos relevados en Capital por la Dirección de Infraestructura Escolar del Gobierno porteño. Esto implica que 1.445 niños que podrían estar integrados en la educación pública primaria son excluidos por inaccesibilidad edilicia.


        Por otro lado, la sociedad también hace lo suyo discriminando en cuanto puede a las personas con necesidades especiales,muchas de las cuales aún no conocen sus derechos. “La población discrimina y margina en cuanto puede. Pensemos en los padres que no aceptarían que su hijo traiga como novia a una chica con alguna discapacidad”, dijo Klemensiewicz, para agregar que “los legisladores son los únicos que pueden hacer un cambio”.


 COMPROMISO.


       En 1994, representantes de 92 gobiernos, incluido el argentino, firmaron la Declaración de Salamanca y su marco de acción, renovando su compromiso, especialmente para personas con necesidades especiales, con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Tailandia 1990). Entre otros puntos, el documento sostiene que “el principio rector es que las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales y lingüísticas”.


          “Deben acoger a niños discapacitados y bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómades, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados”, agregó. Precisamente, en momentos en que una nueva ley de educación nacional puede materializarse en los próximos días y dejar atrás un pasado de fragmentación y pocas respuestas a la enseñanza, la dirigente de la fundación Par sostuvo que esa norma “debe establecer puntualmente el derecho a la educación de los niños con discapacidad”.


      Según ella, “hay muchas generalidades en el proyecto de ley de educación nacional” que cuenta con media sanción del Senado. Por eso demandó que su texto consigne ni más ni menos que “todas las escuelas deben ser inclusivas”, lo que garantizaría la prestación de la educación a niños y jóvenes sin diferenciación.

TEMAS:

Opinión

SEGUÍ LEYENDO:

Diario El Sol Mendoza. Domicilio: La Rioja 987, M5500 Mendoza. Argentina. Director Periodístico: Jorge Hirschbrand. © Copyright Cuyo Servycom SA 2020. Todos los derechos reservados.