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8 de octubre de 2009
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ACCIONAR QUE NO SE DETIENE

Negocios oscuros en compra, venta y transferencias de viviendas del IPV

En las maniobras estarían involucrados conocidos escribanos. Desde el organismo prometen investigar

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) investiga probables maniobras fraudulentas de compra, venta y/o transferencias de viviendas sociales que desde hace años no son ocupadas por los adjudicatarios originales. En la oscura trama estarían involucrados algunos escribanos mendocinos que redactan y avalan con sus firmas escrituras de casas que solamente son asentadas en el Registro de la Propiedad pero cuya transferencia de dominio –por ser ilegal– nunca es notificada al organismo. Mientras tanto, miles de mendocinos aún esperan por tener su techo propio y al Gobierno le llevó meses imponer una ley para construir viviendas sociales.


 LA MANIOBRA. La forma de proceder no es nueva pero lo que sorprende es que desde el IPV no se haya podido bajar drásticamente el número de viviendas comercializadas de manera irregular con total impunidad. Existen casas en las cuales no viven las personas que figuran en los registros del IPV, porque han sido vendidas y/o transferidas, operatoria realizada –generalmente– en estudios de escribanos que no notifican al organismo del cambio de dominio. La ley es clara en este sentido, las viviendas sociales no pueden ser alquiladas, vendidas o prestadas, a menos que tengan el consentimiento del IPV. Y mucho menos si el adjudicatario del plan aún no termina de cancelar la deuda.


    El organismo recuperó solo unas decenas de esas casas ocupadas ilegalmente. La actual administración, presidida por Carmelo Simó, en casi dos años de gestión pudo expropiar una treintena de viviendas y tiene en trámite de recuperación unas pocas más. Pero la preocupación mayor del actual presidente es desentrañar las maniobras fraudulentas que se cometen y detener el circuito irregular que continúa funcionando.


UN POCO DE HISTORIA. Los comentarios siempre existieron y, de hecho, durante el gobierno de Cleto Cobos, el titular por aquel entonces del IPV, Raúl Cícero, admitía que existían situaciones irregulares en, al menos, 6.000 casas. Sin embargo, Cícero poco hizo para modificar la situación. En julio del 2006, el ex titular del IPV decía que era delito adquirir una vivienda construida bajo operatorias del ente público, “la vivienda social no puede ser ocupada por otro que no sea el adjudicatario, quien compró por malas formas debería perder absolutamente la prioridad sobre la vivienda”, expresaba Cícero.


     Y agregaba que “a esto le sumamos escribanos inescrupulosos que, por unos pesos, escriben cualquier cosa y justifican la transferencia de un bien cuya hipoteca está diciendo que no se puede”. En esa época, Raúl Cícero deslindaba responsabilidades y clamaba por una ley sobre regularización dominial y uso de las viviendas sociales. La Legislatura le dio la ley a Cícero en mayo del 2007. Pero las irregularidades continuaron.


QUÉ DICE LA LEY. El 29 de mayo del 2007, la Legislatura aprobó la ley 7.706, que declaraba la emergencia habitacional en toda la provincia y detallaba con minuciosidad en su articulado de qué forma se podía realizar la regularización dominial de las unidades habitacionales construidas por el IPV. En el artículo 4, los legisladores dispusieron “ por única vez una amnistía administrativa, (...) que consistirá en la La casa del IPV que compró Salcedo, el custodio de Vila. suspensión y/o archivo de las actuaciones administrativas realizadas por incumplimientos contractuales”. Una vez más, el Estado benefició a quienes no cumplían con la ley. En el Capítulo II, se redactó el procedimiento de regularización y cambio de titularidad. Pero muchos casos nunca fueron esclarecidos ni se respetó el espíritu de la letra.


 UN CASO TESTIGO. “Aunque usted no lo crea”, titulaba El Sol un informe del jueves 6 de julio del 2006, en el que se confirmaba –con documentación que así lo probaba– que el empresario Alfredo Luis Vila le había comprado una vivienda a una adjudicataria del IPV. Vila es uno de los dueños del barrio privado Dalvian. En el 2002, Alfredo Vila compró la casa en 3.500 pesos y se hizo cargo de la deuda hipotecaria. La transferencia fue realizada por el escribano Rodolfo J. F. Gambi, vinculado al grupo Vila- Manzano-Moneta. La denuncia de este diario no terminaba ahí. En la casa 15, manzana H, cuyo domicilio legal es Oceanía 1333, del barrio El Cardenal, en Godoy Cruz, no vivía ni vivió nunca su adjudicataria, Victoria Elizabeth Lescano.


     Los moradores de esa vivienda siempre fueron Marcelo Eduardo Salcedo y su familia. Salcedo es un ex policía que cobraba un sueldo como personal civil del Ministerio de Seguridad durante la gestión Cobos. Salcedo, en realidad, era custodio full time de Vila, como quedó comprobado por una minuciosa investigación que se hizo. Ante la repercusión pública que adquirió el caso de que un poderoso y rico empresario fuera el dueño de una humilde casa del IPV, su titular, Raúl Cícero, inició las actuaciones administrativas para poder determinar si existía un delito.


     Existen dos expedientes en el IPV referidos a la vivienda en cuestión, el 5733 - H – 06 y el 6835 - A – 07. De los trámites realizados se desprende que la adjudicataria original, Victoria Lescano, aún lo sigue siendo para el IPV. Esto es porque la transferencia nunca pasó por ese organismo. Cuando se ordenó una visita a la vivienda, se constató que allí vivía la familia de Salcedo, en calidad de “caseros”, desde el 2002. Es decir que la adjudicataria nunca vivió en su casa, sino que los virtuales dueños u ocupantes siempre fueron Salcedo, su esposa y sus tres hijos. En los registros del IPV, la vivienda aparece como “cancelada”. Vila quizás se cansó de abonar cuotas de 60 pesos y pagó el resto de la deuda.


     La historia no termina ahí. En noviembre del año pasado, Salcedo le compró la casa a su patrón, Vila, en 35.000 pesos. Toda esta historia difícilmente se hubiese conocido de no mediar una investigación sobre Salcedo luego de ser identificado por el empresario Sigifredo Alonso como uno de los autores de un ataque que recibió en diciembre del 2002 en su finca de Fray Luis Beltrán, en Maipú. Allí se abrió una causa que se resolvió el año pasado cuando Salcedo fue sobreseído por el beneficio de la duda.


     El fallo del Segundo Juzgado de Garantía dijo: “Resuelvo sobreseer la presente causa 190.358 en favor de Marcelo Eduardo Salcedo y de Carlos Alfredo Arboleda del delito de coacciones agravadas por el uso de armas de fuego, conforme lo dispuesto por el artículo 350 del Código Penal” y declaró que el proceso no había afectado el honor de que hubiere gozado el imputado. También queda claro en los expedientes que obran en el IPV que nunca hubo seria voluntad de esclarecer los hechos.


     Varias hojas con escritos a mano, selladas por funcionarios de diversas áreas, muestran que el asunto era una papa caliente que nadie quería agarrar. Cuando llegaron a la conclusión de que la casa estaba cancelada, opinaron que el IPV no tenía ya nada más por hacer con esa vivienda. De todos modos, ante la posibilidad de que existiera alguna irregularidad, debido “a los hechos de conocimiento público”, se ordenó una investigación interna.


    Consultado, el ex titular del IPV Raúl Cícero sólo atinó a decir: “Yo sé que tenía responsabilidades y que las cumplí. Sé que hice lo que tenía que hacer pero no me acuerdo de qué hice. Y no quiero hablar más de semejante tema”. El actual presidente, Carmelo Simó, enterado de esta irregularidad, aseguró que va a pedir a la Asesoría Letrada del IPV que estudie el caso y le indique cómo debe actuar.

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