El dictado de la conciliación obligatoria en el conflicto que mantenían desde la noche del jueves los empleados del área de servicios y el municipio de Guaymallén trajo un poco de respiro para ambos bandos, después de una tensa jornada en la que hubo armas y aprovechamientos de distintos sectores para desestabilizar a la actual gestión. Los empleados levantaron la protesta y reanudaron el servicio de recolección.

BASURA. En la noche del jueves, los municipales a cargo de la recolección de residuos, quienes reclaman mejoras en las condiciones laborales y una recomposición salarial de 20 por ciento, cortaron el ingreso al garaje de calle Mitre, donde se guardan los camiones recolectores. Viendo las autoridades que la gente prescindiría del servicio, se aprestaron a realizar el trabajo con sus propias manos, inclusive, el intendente Juan Manuel García.

    La imposibilidad de ingreso llevó a que el municipio radicara denuncias penales por coacción e impedimento para ejercer el derecho a trabajar. También se abrió un sumario en la Fiscalía Correccional Nº3, la que intervino para que las autoridades municipales lograran ingresar al garaje. Pero, al entrar, los funcionarios descubrieron que todos los camiones recolectores tenían los neumáticos desinflados, por lo que no se pudo brindar el servicio.

MAÑANA AGITADA.Lejos de aplacarse los ánimos, en la mañana de ayer los municipales, alrededor de cien, volvieron a cortar el acceso al garaje y realizaron manifestaciones frente a la comuna. Todo se tiñó de un extraño tufillo cuando se observó gente que no pertenecía al municipio y que portaba armas. Esto llevó a que se reuniera el secretario de Gobierno, Roberto Mandarino, con las autoridades policiales del departamento, intentando garantizar la seguridad del resto de los empleados que se encontraban en el edificio comunal.

CONCILIACIÓN. Mientras se abría una licitación pública por la que se adquirirá indumentaria para los trabajadores demandantes de mejoras, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, instancia que implica un período de quince días de tregua en el que las partes deberán sentarse en la mesa a negociar. Si bien esta no fue acatada en forma inmediata por los trabajadores, horas más tarde resolvieron levantar la medida y firmaron un acuerdo con el intendente (ver aparte).

SIN AUMENTO. Desde la comuna, Mandarino aseguró: “Los sindicalistas tienen una posición extorsiva. El aumento que piden nos representa 11.700.000 pesos anuales y no estamos en condiciones de darlo”. No obstante, confiaron en que la postura no es definitiva y que se sentarán a negociar tal cual lo establece la Subsecretaría de Trabajo. Pese a esto, los funcionarios radicales vieron, detrás de este reclamo salarial, el fantasma de la interna que tiene partida a la UCR. “Acá hay gente que conduce a los trabajadores y que está con el iglesismo”, disparó un funcionario. Desde la municipalidad se informó que se realizó un rediseño del servicio de recolección y que mañana se levantará la basura.