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26 de octubre de 2009
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PRIVATE VINEYARD ESTATES

Multan un emprendimiento millonario por tener obreros en situación precaria

Hay más de noventa trabajadores en negro y sin agua potable. La empresa vende terrenos en Tunuyán y gana medio millón de pesos cada tres acres, que es poco más de una hectáreas.

    Más de noventa obreros, algunos de ellos viviendo en condicionesde salud y alojamiento muy precarias y todos ellos trabajando en negro, fue el saldo de un operativo de la Subsecretaría de Trabajo que tuvo lugar en Tunuyán. Hasta ese punto, si bien no es un operativo común por la cantidad de empleados y por las condiciones en que viven, sigue siendo una de las tantas situaciones que suelen encontrar los inspectores en cada misión que tienen. Sin embargo, hay otro condimento. El lugar donde se detectaron esas condiciones laborales corresponde a un emprendimiento millonario, que incluye inversores de varios países del mundo y que le da a los ideólogos del proyecto una ganancia superior a los 70 millones de pesos en menos de cinco años.
PASIÓN POR EL VINO. "Imagínese tener un viñedo al pie de los Andes y producir su propio vino", es una de las frases que utiliza la empresa Vino Tourism Argentina SRL para su emprendimiento Private Vineyard Estates. Este consiste en la venta de acres (1acre equivale, aproximadamente, a 0,405 hectárea) de tierra a inversores millonarios que buscan elaborar su propia bebida con la uva que deseen y con el apoyo de enólogos reconocidos. Este emprendimiento, que se instaló en Tunuyán en el 2005, pertenece a una sociedad conformada por un mendocino y un norteamericano. Ellos son: Pablo Giménez Riili y Michael Evans. Ambos, según entrevistas dadas a diversas revistas vitivinícolas, han asegurado que iniciaron el proyecto gracias a inversores extranjeros que confiaron en su idea. Cuando comenzaron, en el 2005, sólo tenían 100 hectáreas, hoy poseen casi 500 y han dividido la tierra en porciones de 2 a 5 acres. Según el dossier de la empresa, los tres acres se cotizan en 180 mil dólares y, si se tiene en cuenta que hay alrededor de 103 parcelas, entre las vendidas y las que aún restan por adquirir, ambos socios habrán logrado la friolera suma de 18,5 millones de dólares, tomando un promedio de tres acres por parcela.
    El destino que tiene cada terreno es simple. Todos y cada uno de ellos son vendidos a personas interesadas en fabricar su propio vino y que tuvieron que poner el capital necesario, de una sola vez, para hacerse poseedores de la tierra. Además, los compradores -que por ahora son todos europeos y norteamericanos y, en menor medida, algunos argentinos y brasileños_ pueden elegir su propia marca y el varietal que quieran y son beneficiados con tres años de mantenimiento en tierras que por año aumentan 10 por ciento su valor.
DIFICULTADES. Sin embargo, no todo es oro y eso lo pudo comprobar una delegación compuesta por personal de la delegación de Tunuyán de la Subsecretaría de Trabajo y del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (Soeva) cuando al llegar a las instalaciones del lugar se encontraron con un panorama muy desfavorable para los trabajadores. Según el informe redactado por la delegación gubernamental de Tunuyán el 5 de octubre, un grupo de inspectores, acompañado por miembros del sindicato, realizóuna inspección en un cultivo de viñas ubicado en el camino al Manzano Histórico, luego de que se recibió una denuncia anónima.
    En ese lugar, los inspectores encontraron a 32 trabajadores, que manifestaron que eran trasladados en vehículos no autorizados y que se encontraban en una situación de absoluta precariedad laboral. No conformes con eso, los delegados de Trabajo, al realizar la inspección ocular se encontraron con que la empresa no les proveía de agua potable y tampoco tenían un baño higiénico, sino que el que utilizaban era extremadamente precario. Lo mismo ocurría con el comedor, tampoco se les proveía de ropa de trabajo y de elementos de protección laboral. Además, se encontró a ocho trabajadores migrantes, todos ellos provenientes de La Rioja, que vivían en dos carpas en las cuales, dadas las condiciones de albergue, ponían en riesgo su salud y vida.
    Debido a esto, se intimó a la empresa a presentar en un plazo de 48 horas la documentación correspondientes de los trabajadores y a proveer de comedor, sanitarios y agua potable, bajo apercibimiento de labrar un acta de infracción. La segunda inspección se produjo el 8 de octubre y lo único que se pudo comprobar fue no sólo que la empresa desoyó las recomendaciones hechas, sino que, además, se encontraron 62 trabajadores más en negro, lo que fue confirmado por el subsecretario de Trabajo, Jorge Gabutti. Esta situación, según Gabutti, derivó en que se iniciara un expediente administrativo para que la empresa presente toda la documentación, a más tardar, el miércoles. Entre la información que la firma debe presentar se encuentran los últimos tres recibos de sueldo, los registros de inscripción a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo y la entrega de ropa, aunque desde Tunuyán aseguraron que es muy difícil que presenten esos papeles. Asimismo, Gabutti aseguró que ya quedó firme el hecho de que la empresa recibirá una multa por poner en riesgo la salud de los trabajadores y esta podría oscilar entre los 38 mil y los 190 mil pesos.
LOS DÍAS DESPUÉS. Según explicaron desde la Subsecretaría de Trabajo, la idea no es clausurar el emprendimiento, porque, con ello, la gente se quedaría sin empleo. No obstante, Gabutti señaló que luego de las medidas que se tomaron, la delegación de Tunuyán recibió la visita de algunos de los obreros de viña que se desempeñaban en la empresa, quienes denunciaban que los estaban coaccionando mediante amenazas. Incluso, la situación sorprendió al mismo Gabutti, quien aseguró que el hallazgo de los inspectores contrasta con la seriedad y el tamaño del emprendimiento.
    De similar opinión es el secretario general de Soeva, Oscar Moyano, quien explicó que en los últimos años son varios los emprendimientos que se instalaron en el Valle de Uco y que este, en particular, es "muy fuerte". Según Moyano, para el sindicato se hace necesario que se incentive este tipo de inspecciones para lograr que los empresarios, principalmente los extranjeros, respeten a los obreros de las viñas y que "no tengan a los argentinos como esclavos".

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