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13 de abril de 2007
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INSEGURIDAD EN BRASIL

Militares combatirán el crimen en Río

El presidente de Brasil, en un trance difícil de su gestión, pidió a los militares que luchen contra la inseguridad en esa ciudad. Deben analizar la cobertura legal

BRASILIA (DPA). El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió hoy a las Fuerzas Armadas colaborar, en lo que sea posible, en los esfuerzos de combate al crimen organizado en el Estado de Río de Janeiro, pero no definió si enviará a efectivos militares, tal como pidió el gobernador Sergio Cabral.

    “El presidente orientó a los comandantes de las tres fuerzas a colaborar con la gobernación de Río de Janeiro en lo que sea posible”, afirmó el portavoz de la Presidencia, Marcelo Baumbach. Según el vocero, los comandantes militares, a su vez, “expresaron su plena disposición para contribuir en el marco de las respectivas atribuciones, observando los parámetros constitucionales”.

    La forma de cooperación de las Fuerzas Armadas será definida a partir del lunes, cuando haya una nueva reunión de las autoridades federales con el gobernador de Río de Janeiro, quien desea que los efectivos militares permanezcan en el Estado durante un año. El principal obstáculo para que se atienda el pedido del gobernador es constitucional. La Carta Magna brasileña sólo prevé una intervención militar en la seguridad pública en caso de que el gobernador se declare incapaz de combatir la criminalidad con las fuerzas policiales de que dispone.

     En ese caso, habría una intervención federal en Río y Cabral tendría que renunciar al control de la policía provincial y entregar a las Fuerzas Armadas el control operativo de los organismos de seguridad pública, según dispone la legislación sobre el tema. De acuerdo con la prensa local, los comandantes militares se manifiestan reacios a designar a efectivos para cumplir tareas ajenas a su misión de garantizar la seguridad nacional. Una posición similar ha sido tomada por los ministros de Defensa, Waldir Pires, y de Justicia, Tarso Genro, quienes participaron hoy en la reunión con Lula da Silva y estarán, el lunes, en el encuentro con Cabral, conjuntamente con los comandantes de las Fuerzas Armadas.

    Según las estadísticas oficiales, los índices de criminalidad en Río siguen en aumento desde enero, cuando Cabral asumió el comando de la gobernación provincial prometiendo frenar la violencia y demandando la ayuda de las Fuerzas Armadas en ese trabajo. Pese a que el gobierno de Lula envió a Río unos 500 agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad –la policía de élite federal–, la ex Ciudad Maravillosa sigue siendo escenario frecuente de la violenta acción de delincuentes cuando falta poco más de tres meses para el inicio de los Juegos Panamericanos, que atraerán a Río a unos 5.500 atletas de 42 países, entre el 13 y el 29 de julio.

     La decisión de Cabral de solicitar la ayuda de las Fuerzas Armadas fue anunciada el lunes, después de la muerte de un agente de la policía militarizada que actuaba como guardaespaldas de la familia del gobernador, quien fue herido de cinco balazos durante un asalto, el domingo. Insistiendo con las estadísticas, durante el primer mes de gobierno de Cabral, el número de personas asesinadas fue de 526, 10 por ciento más que en el mismo período inicial de su antecesor.

     La decisión adoptada por Lula se produce después del conflicto de marzo con los controladores de vuelo, civiles y militares, pero bajo control de la Fuerza Aérea, en el que el presidente primero desautorizó al jefe aeronáutico, brigadier Juniti Saito, e impidió el encarcelamiento por motín de los líderes de la huelga. Sin embargo, Lula retrocedió después, negó el acuerdo logrado con los huelguistas y aceptó llevarlos a la Justicia militar, como exigía Saito. Como consecuencia de ese apagón aéreo, el Gobierno propuso quitarle a la Fuerza Aérea el control de los vuelos civiles, un tema no resuelto.

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