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28 de mayo de 2007
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COMPLICADA SITUACIÓN DEL EX TITULAR DEL INSTITUTO DE CASINOS

Miguel Alonso, cada vez más cerca del juicio

El fiscal Eduardo Martearena espera una pericia contable que defina su situación por enriquecimiento ilícito. La idea es determinar cómo hizo el imputado para incrementar notablemente su patrimonio con un sueldo promedio de 3.700 pesos.

    El ex presidente del Instituto de Juegos y Casinos, Miguel Alonso, está cada vez más cerca del juicio oral y público por enriquecimiento ilícito. Para darle un cierre definitivo a la causa, el fiscal especial Eduardo Martearena está esperando el resultado de una pericia contable de estilo comparativa sobre los ingresos y egresos de dinero del ex funcionario, principalmente, en el transcurso del último año. Considerado fundamental para la instrucción del expediente, el análisis de los bienes que adquirió Alonso durante el 2006 será la clave para sostener la imputación en un futuro debate en una cámara en lo Criminal.

    La idea del principal investigador es confirmar en las fojas del sumario cómo hizo el imputado para incrementar notablemente su patrimonio con un sueldo promedio de 3.700 pesos mensuales. La pericia realizada por contadores no está terminada. Esta trata de establecer si con su ingreso mensual y los argumentos presentados para defenderse, Alonso logró justificar su patrimonio y el de sus familiares más cercanos, quienes también están imputados en la causa.

    Una vez concluida la medida solicitada por Martearena –que será comparativa entre el dinero que ganó como empleado del Estado y los bienes que posee– se incorporará el resultado en el expediente y la causa pasará a un juzgado de Garantías para que apruebe la elevación del caso. De ser así, los peritos contables deberán comparecer como testigos en el juicio. Fuentes judiciales ligadas al caso confirmaron que, a simple vista, “es apreciable” el aumento de patrimonio del ex funcionario y que difícilmente pueda zafar del proceso de debate en su contra.

EL INICIO. Una denuncia anónima fue lo que motivó la pesquisa judicial de la Unidad Fiscal Especial. Lo que parecía simplemente una queja por algunas irregularidades terminó en un escándalo político cuando, en diciembre, el gobernador Julio Cobos le soltó la mano al por entonces hombre fuerte del juego oficial.

    En la Justicia, los datos de que con más de un millón de pesos levantó los cimientos de una casa en el complejo habitacional Pueyrredón de Chacras de Coria, además de la adquisición de vehículos importados –un Peugeot 407 por 145.000 pesos y un Citroën Xara Picasso por 62.000 pesos– y la inversión de casi medio millón de pesos en un condominio de Pinamar no cuadraron con lo que decía su bono de sueldo.

    Cuando se comprobó que varias de sus propiedades estaban a nombre de tres parientes, se agravó la situación. Esto porque Érica Cayla, su esposa; Marina Álvarez, esposa de un hermano de Alonso, y Eduardo Pereyra, esposo de una hermana de la esposa, eran quienes figuraban como dueños de estos bienes, por lo que también fueron imputados con idéntica carátula, porque tampoco podían justificar con sus ingresos tamaña inversión.

    Alonso se defendió ante el magistrados afirmado que, años atrás, ganó un juicio por 600.000 pesos como abogado particular. Como el pago nunca se efectivizó, sostuvo que firmó un poder a una escribana para cederle los derechos de cobro a cambio de medio millón de pesos. Más allá de los delitos que se le atribuyen, si es condenado, es probable que Alonso nunca visite por unos años una celda de la Penitenciaría local.

    Esto porque los llamados delincuentes de “guantes blancos” son beneficiados por los artículos del Código Penal que tipifican el enriquecimiento ilícito, ya que reciben penas que no superan los tres años de prisión, por lo que pueden cumplir la condena en libertad condicional.

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