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4 de abril de 2007
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Análisis

México: la ley de aborto, en la recta final

El 24 de abril, el Congreso votará el proyecto. La iniciativa dividió a la sociedad: unos lo ven como un derecho de la mujer y para otros es un verdadero crimen

MÉXICO (EFE). En medio de fuertes presiones, la ley para despenalizar el aborto en la Ciudad de México avanza y tendrá su prueba de fuego el 24 abril, cuando sea votada por el Congreso local, dominado por fuerzas de centro e izquierdistas que la apoyan. El tema ha polarizado a la sociedad mexicana entre aquellos que consideran que es un derecho de la mujer el decidir sobre su cuerpo y terminar con una hipocresía que pone en peligro su vida porque debe recurrir al aborto clandestino y los que consideran a la opción como un crimen.

    El centro del debate se da en la capital del país, gobernada por la izquierda que mantiene sus acusaciones de que el presidente mexicano, el conservador Felipe Calderón, llegó al poder por un fraude electoral en julio del 2006, un señalamiento que ha ido perdiendo fuerza. Calderón ha expresado su oposición al aborto mientras que, en el extremo contrario, está el alcalde capitalino, el izquierdista Marcelo Ebrard, quien ha afirmado que promulgará la ley en caso de que sea aprobada por el Congreso local.

    Si se toma en cuenta la composición del Legislativo en el DF, en el cual la izquierda es mayoría con 34 de las 66 bancas, la ley no tendrá dificultades en pasar, pues tiene el apoyo de por lo menos otros ocho diputados, entre ellos, los de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Alternativa, Socialdemócrata y Campesina (PASC) quienes presentaron la propuesta de despenalizar el aborto. El conservador Partido Acción Nacional (PAN), en el poder federal y mayoría en el Congreso nacional, está en desventaja en el Congreso capitalino, en el que sólo tiene 17 escaños, insuficientes para frenar una ley que requiere para su aprobación la mayoría simple (34 votos).

CONTRA EL PROYECTO. Pero las presiones de la Iglesia católica y de grupos antiabortistas han ido en aumento en los últimos días con furiosas condenas, que se espera que aumenten en los mensajes de Semana Santa. Los conservadores gritan que se trata de un crimen y que quienes apoyan a la ley son asesinos, como lo ha dicho el obispo católico Felipe Arizmendi, quien comparó a los legisladores que impulsan la iniciativa con el dictador alemán Adolfo Hitler.

    "Quienes se pronuncian a favor de la ley que permite el aborto se convierten en colaboradores de asesinatos exterminadores, que en nada se distinguen de los crímenes perpetrados por Adolfo Hitler”, según manifestó Arizmendi, obispo de San Cristóbal de la Casas (Chiapas). La semana pasada, el humorista Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) se sumó a los antiabortistas mediante un mensaje de televisión mediante el que intentó tocar el corazón de los mexicanos, al decir que él no hubiera nacido si su madre hubiera aceptado la sugerencia de un médico, quien le pedía que abortara tras sufrir un grave accidente.

     También los conservadores grupo Provida y la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) han salido en defensa de la vida y han marchado por las calles de la capital. El órgano rector de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), integrado por once miembros, determinó el lunes que la polémica iniciativa será discutida por las comisiones de Salud, Equidad y Género y de Procuración de Justicia el jueves 19 de abril, para obtener un dictamen que será votado el 24 de abril. La iniciativa será el único punto de la orden del día en esa jornada. A finales del 2006, el PRI y el PASC, ambos de oposición en la capital, propusieron por separado la despenalización total del aborto.

    Desde la década pasada, en la capital, la interrupción del embarazo es legal sólo si la vida de la madre está en peligro, si el feto presenta malformación, si el embarazo fue producto de una violación o de una inseminación artificial no autorizada. Fuera de esas excepciones, el aborto es un delito que se castiga con uno a tres años de prisión para la mujer que lo autorice y para el médico que lo practique. La nueva propuesta establece como quinta causal el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo para interrumpir el embarazo durante las primeras doce semanas de gestación.

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