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9 de agosto de 2022
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Legislatura

Tregua legislativa para aprobar por unanimidad el ordenamiento del Piedemonte

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Piedemonte.

El proyecto obtuvo media sanción del Senado este martes. Quienes ya se encuentran en esa zona tendrán que adecuarse a la nueva normativa.

Fue un martes relativamente pacífico en la Legislatura provincial, donde el oficialismo y la oposición lograron acordar y darle media sanción por unanimidad al proyecto que busca regularizar y proteger al Piedemonte.

La iniciativa la impulsó el gobernador Rodolfo Suarez en 2020, pero permaneció “cajoneada” hasta que recientemente comenzó a tratarse en comisiones. Allí, la oposición propuso algunas modificaciones que fueron incluidas en la iniciativa que se trató este martes.

La “Ley de pautas de manejo y disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza (AMM)” unió los dos proyectos que en su momento presentó Suarez con el mismo sentido: establecer criterios que permitirán planificar las zonas aún no habitadas y regularizar áreas ya urbanizadas.

Esto define pautas mínimas obligatorias de ocupación para todo el Piedemonte, a partir de los cuales los municipios podrán actualizar sus códigos o zonificaciones. 

La normativa fue diseñada por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, que conduce Humberto Mignorance, a través de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, con el aporte de los municipios de Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján, que integran el territorio en cuestión.

Acuerdo con la oposición

Hubo un muy buen entendimiento con la oposición. El gobernador pidió que llegaramos a un acuerdo porque es una situación muy sensible. El acuerdo es tener una mirada integral de todo el área metropolitana, mirada de cuenca. Incorporamos miembros dentro del procedimiento de evaluación del impacto ambiental que van a ser consultados y su opinión va a ser reflejada”, indicó Mignorance.

El peronismo propuso varias modificaciones que fueron aceptadas por el oficialismo, que pese a contar con los votos necesarios para sancionar la norma, buscó que la iniciativa salga de manera consensuada.

A pedido de la oposición se incorporó tanto a prestadores de servicios de agua potable de la zona del proyecto, al Departamento General de Irrigación, y a los municipios de Lavalle, Maipú y Guaymallén, que serán parte del procedimiento evaluatorio.

El peronismo entendió que esos municipios también debían ser considerados, ya que construcciones en el Piedemonte pueden terminar afectando a otros departamentos. 

"El agua es un bien cada vez más escaso. Proteger el oasis productivo es una obligación de todos. Es una de las principales preocupaciones que tenemos. Vamos a estar muy atentos a lo que se realice en el Piedemonte", dijo el senador del Frente de Todos-PJ, Gerardo Vaquer.

Qué cambia esta norma

Viene a dar cumplimiento a la Ley provincial de ordenamiento territorial, que dice que a la zona del Piedemonte hay que darle tratamiento ambiental. Ningún desarrollo podrá tener pozo séptico, tendrán que tener tratamiento de agua grises y negras, preservar la flora y fauna”, afirmó Mignorance, quien celebró el consenso alcanzado con el peronismo.

La iniciativa plantea que desde la zona urbana hasta la curva de nivel de cota 1200 m.s.n.m. se van a poder realizar desarrollos, pero “no como hasta ahora, sino reservando los cauces aluvionales, las personas que viven en el Piedemonte y en la zona de abajo”, dijo el funcionario.

"A partir de la cota 1200 solo se podrán realizar algunos procedimientos que tengan que ver con lo recreativo, muy menores, pero en todos la casos llevarán un estudio de impacto ambiental”, agregó.

De esta manera, se determinarán procedimientos para planificar el desarrollo de zonas aún no ocupadas y deberá cumplimentar exigencias ambientales en áreas ya urbanizadas, considerando el criterio de peligro aluvional.

El Gobierno aseguró que quienes ya se encuentren viviendo en las zonas comprendidas en la norma no serán desalojados, pero tendrán que adecuarse a las nuevas regulaciones.

Al respecto, Mignorance explicó: “La ley prevé qué pasa con lo que ya está construido, respecto a la regularización dominial y también la asignación de infraestructura, servicios y protección de riesgos aluvionales. Las inversiones las deberán afrontar los desarrolladores o los vecinos. No habrá desalojos, salvo que haya un riesgo inminente. Los proyectos que están frenados se tendrán que adecuar, pero la ley no es retroactiva”.

En los casos donde haya construcciones previas, se requerirán los estudios ambientales correspondientes y se evaluarán con la población local las obras necesarias.

En cuanto a los servicios ya existentes en la zona, los emprendimientos que hayan convenido con los municipios la prestación de servicios podrán continuar con los mismos en los términos acordados.

“Se desarrolla la zona en forma desordenada, provocando riesgo ambiental y poca calidad de vida a sus habitantes. La expansión urbana que se ha dado de forma espontánea se dio sobre cauces aluvionales, sin servicios de luz, agua, transporte público. Encontramos que la regulación del Piedemonte está dispersa. Hemos logrado tratar de unificar esa situación y apostar al orden de esa zona”, explicó durante el debate el senador radical Marcelo Rubio.

El proyecto

Respecto a los beneficios que generará aprobar esta norma, el Gobierno manifestó que serán: determinar cuáles son las áreas vedadas por razones de seguridad para la población, definir las zonas con cauces aluvionales para permitir construcciones bajo ciertas condiciones o, directamente, impedirlas.

También “ayudará a prevenir y minimizar el riesgo que corre la población del lugar y el impacto ambiental, tanto en el mismo piedemonte como en el Área Metropolitana” y “preservar la biodiversidad”.

La iniciativa también conforma la Unidad Interjurisdiccional Piedemonte (UIP), que tendrá carácter de órgano colegiado y estará conformada por miembros de dos categorías:

  • Miembros permanentes: un representante titular y un suplente de las siguientes reparticiones con incumbencia en el tema: un miembro de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SAyOT), de las municipalidad de Las Heras, de Capital, de Godoy Cruz y  Luján de Cuyo; un miembro de la agencia de Ordenamiento Territorial, de la Dirección Provincial de Hidráulica y del Departamento General de Irrigación.
  • Miembros no permanentes: instituciones participantes del Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial u otros organismos cuya competencia amerite su participación.

También están contempladas sanciones para quienes incumplan con esta normativa, con una multa cuyo valor podrá graduarse entre 5.000 UF y hasta 50.000 UF, que se definirá en base a la gravedad de la transgresión y los antecedentes del infractor.

En caso de reincidencia de parte del responsable, la sanción podrá ser multiplicada hasta cinco veces respecto al máximo de la escala.

El Ejecutivo propuso además que las empresas prestadoras de servicios públicos no podrán otorgar permisos a aquellos proyectos de urbanización que previamente no cuenten con la aprobación por medio del procedimiento establecido en la presente.

Lo mismo sucederá con la Dirección General de Catastro de la ATM, quien no podrá autorizar fraccionamientos o parcelamientos, ni divisiones parciales, que resulten contrarios al espíritu de la presente ley, o de las disposiciones reglamentarias relativas a desarrollos inmobiliarios, bajo pena de nulidad de lo autorizado.

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