Tras el paro docente de 72 horas, que concluyó con una masiva movilización a Casa de Gobierno, no hay indicios que marquen un acercamiento entre el Ejecutivo y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que en las próximas horas anunciará cómo continuará su plan de lucha.

El gremio tendrá su plenario provincial este sábado y si bien en algún momento se analizó la posibilidad de ir a un paro por tiempo indeterminado, la opción que gana fuerza es la convocatoria a una huelga de cuatro días para la próxima semana (de martes a viernes, teniendo en cuenta que el lunes es feriado) y la instalación de una carpa en la Legislatura.

Pero no será un paro provincial, sino que se implementará de manera regionalizada: martes 16 en la zona Sur, miércoles 17 en el Este, jueves 18 en el Valle de Uco y viernes 19 el Gran Mendoza, con una nueva movilización por las calles de la Ciudad.

Con esta alternativa se busca mantener presente el reclamo salarial en todo el territorio, pero reduciendo el impacto de los descuentos a los trabajadores que se sumen a la medida de fuerza.

Las consecuencias salariales de los cinco días de paro (26 y 27 de julio y 8, 9 y 10 de agosto) se conocerán cuando los docentes cobren sus sueldos correspondientes al presente mes. Por el momento, el Gobierno mantiene firme su postura de aplicar los descuentos.

Según explicaron desde la Dirección General de Escuelas (DGE), los trabajadores de la Educación que adhirieron a los cinco días de huelga tendrán descuentos de hasta el 25% de su salario (perderán el “ítem aula” de julio y agosto) y la totalidad del bono de $7.200 de la paritaria 2022.

Enfrentados

El sindicato exige la reapertura de paritarias, la derogación del decreto de aumento salarial y el no descuento de los días de paro. El Gobierno se niega a aceptar esos reclamos y denuncia un interés político detrás de las medidas de fuerza.

Desde la gestión de Rodolfo Suarez cuestionan a la conducción del gremio vinculado al kirchnerismo por no bajar a las bases las cuatro propuestas presentadas en la mesa paritaria, que –según el Ejecutivo- implicaba un incremento promedio del 44% para el período enero-agosto.

Tras la negativa del SUTE, el aumento llegó por decreto. El cronograma implica un alza de 12% en agosto, 6% en septiembre, 6% en octubre y 6% en noviembre.

Por otra parte, frente al pedido de reabrir las negociaciones salariales, el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, dijo que el diálogo nunca estuvo cerrado, aunque dio a entender que la convocatoria a la mesa paritaria recién podría producirse en octubre.

Ese es el mes dispuesto por el Ejecutivo para sentarse a negociar nuevamente con los sindicatos que firmaron un acuerdo, siempre teniendo en cuenta la evolución de la crisis económica y el contexto inflacionario que atraviesa al país.

Sin embargo, el funcionario puso en duda la capacidad de diálogo de los sindicatos. “¿Va a venir el SUTE a la paritaria después de cuatro propuestas que decidió no bajar a los docentes? ¿Va a venir ATE y va a bajar la propuesta a sus afiliados? El problema lo tienen los gremios, no el Gobierno“, declaró este miércoles, tras la movilización gremial a la Casa de Gobierno.

Para el Ejecutivo, la postura del SUTE está más vinculada a una cuestión ideológica que salarial. “La manifestación es política, evidentemente no es de docentes ni de un gremio determinado. Con la presencia de innumerables movimientos sociales, tiene como base un reclamo que corresponde hacer al Gobierno nacional: inflación, déficit fiscal, emisión monetaria. No estaban tan preocupados por las clases, sino por la situación general del país”, dijo Ibañez.