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22 de septiembre de 2022
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Jury de Enjuiciamiento

Suspendieron a la jueza de Familia acusada de prestar su firma a terceros

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El Jury de Enjuiciamiento suspendió a la jueza. Foto de archivo.

La magistrada María Elizabeth Lizán será sometida a un juicio de destitución. A partir de ahora comienza la etapa de producción de pruebas.

El Tribunal de Enjuiciamiento decidió avanzar con el proceso contra la jueza de Familia, María Elizabeth Lizán, por lo que quedó suspendida en sus funciones tras ser acusada de prestar su firma a terceros, entre otras irregularidades.

Con esta decisión unánime del Jury, la magistrada de 64 años pasará a cobrar el 50% de su remuneración. Anteriormente, la jueza había presentado su renuncia al gobernador para jubilarse, pero esa dimisión fue rechazada para que el tribunal pudiera analizar la causa por mal desempeño de funciones y desorden de conducta.

Ver también: El presidente de la Corte pidió el Jury contra una jueza de Familia

A partir de este momento comienza el plazo de producción de pruebas durante 30 días. Por tal motivo, el juicio de destitución a la jueza comenzaría en noviembre.

Acusación

En junio, el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, pidió que el jury de enjuiciamiento revisara la conducta de Lizán por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras acusaciones presentadas por empleados del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras.

Entre las acusaciones más graves figura el "el incumplimiento de la Jueza del deber de dictar, controlar y firmar sus resoluciones, toda vez que la magistrada ha delegado o autorizado el uso de sus credenciales en empleados y funcionarios del Tribunal para firmar digitalmente distintos actos procesales, lo que se ha extendido en el tiempo y resulta ser una conducta recurrente de la magistrada", según la presentación que realizó Garay.

A la jueza se la denunció por “prestar” su token a terceros para que firmaran escritos por ella. Ese token es un dispositivo, intransferible y personal, con el que los jueces-a través de una clave-firman los expedientes digitalmente. Además, los empleados señalaron que muchas veces la magistrada no revisaba lo que se firmaba.

Con respecto al desorden de conducta, los empleados se refirieron al “destrato para con quienes comparte las jornadas, la flexibilidad horaria con la que se maneja, las formas de dirigirse, malos tratos, faltas sin aviso, inasistencia a las audiencias y las actividades extra laborales realizadas y en las que buscaba involucrar a terceros, entre otras”.

 

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