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20 de abril de 2021
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Juicio

Sobrevivientes del Próvolo reclaman que se cumpla el acceso a una vida digna

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El Colectivo que nuclea a las víctima sostiene que las medidas de reparación integral no se efectivizaron a semanas de iniciarse el segundo juicio por los abusos sexuales.

A semanas de iniciarse el segundo juicio por los abusos sexuales en el instituto Antonio Próvolo, que tiene a dos monjas y a otras 7 mujeres imputadas, las víctimas continúan reclamando al Gobierno de Mendoza que se cumpla con las medidas de reparación integral que contempla el acceso a la educación, a la salud, al trabajo y a la vivienda digna.

Desde el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo indicaron que así como sucedió con la condena histórica a los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, la Provincia podría ser un ejemplo a nivel mundial en cuanto a restitución de derechos para los sobrevivientes y sus familiares.

Desde el Ministerio de Salud sostuvieron que si bien el Ejecutivo aún no recibe la notificación de la Justicia sobre las medidas de reparación integral, aclararon que se viene trabajando desde que se dio a conocer el caso, ofreciendo apoyo para conseguir turnos para médicos, traslados y materiales de construcción para la ampliación de sus viviendas, entre otras.

A su vez explicaron que “están abiertas las puertas del ministerio” para todos los sobrevivientes.

Por su parte, Juan Carlos González, defensor de las personas con discapacidad, señaló que la Defensoría está “colaborando ante el pedido del Colectivo para que estas entrevistas se puedan llevar a cabo”.

Primer juicio

 

El 25 de noviembre del 2019 los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, del Tribunal Penal Colegiado 2, condenaron por abuso sexual y corrupción de menores a los sacerdotes Corbacho y Corradi a 45 y 42 años de prisión. En tanto el jardinero Armando Gómez recibió una pena de 18 años. 

La sentencia, que fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza el 25  septiembre del 2020, ordenaba “medidas de satisfacción” con recomendaciones específicas para el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y para la Dirección General de Escuelas. Sin embargo, según señalan los sobrevivientes, estas no se cumplieron hasta el momento.

Puntualmente, el Tribunal ordenó al Ministerio de Desarrollo Social “efectivice aquellas acciones necesarias a fin de que las víctimas puedan acceder a becas, subsidios o programas de ayuda provincial y/o nacional para estudiantes, pasantías laborales rentadas o de trabajos para jóvenes que colabore en la reinserción de las víctimas y les signifique una ayuda para el desarrollo de sus proyectos de vida”.


Una vida digna


Julia Morcos, referente del Colectivo, sostuvo que con el inicio del juicio- que iba a comenzar el 12 de abril -  y la posterior postergación a causa de la pandemia, se acrecentaron las angustias y todos los cuadros de salud mental por los que transitan algunos de los sobrevivientes y sus familiares.

“Desde el Gobierno provincial, que debería llevar adelante políticas públicas para la restitución de los derechos de estas personas, no ha habido un abordaje integral para que con la llegada esta instancia los chicos pudieran haber tenido un proceso de salud mental mucho más sano”, consideró.

En este sentido, Morcos hizo hincapié en que hace cuatro años el Colectivo lleva adelante  una lucha que quedó plasmada en la sentencia y que pese a esto no ha habido cumplimiento efectivo. 

“Necesitamos que estas personas tengan una vida digna, que puedan sanar todo lo que allí vivieron, que puedan tener herramientas, soñar en un futuro, desear y puedan considerarse sujetos de derechos”, dijo.

Asimismo detalló que se han presentado notas a los distintas áreas del Gobierno para abrir el diálogo y lograr avanzar para que las personas que no han sido alfabetizadas, que no tienen trabajo ni una vivienda digna  y que están atravesando situaciones críticas en torno a su salud mental reciban el acompañamiento correspondiente. 

Sumado a esto, existe un abanico de víctimas que no han podido declarar en el juicio por no saber lengua de señas.

“No se aborda de manera integral y la respuesta que obtenemos es que ‘la familia no adhiere al tratamiento’ pero no se preguntan si tienen medio de movilidad para trasladarse”, refirió. 

En comparación, destacó que otra respuesta tuvieron del Gobierno de San Luis donde residen un grupo de sobrevivientes. “Con la sentencia nos presentamos en la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad y logramos que exista un acompañamiento integral”.

Segundo juicio
 

El lunes 12 de abril debía comenzar el segundo juicio por los abusos sexuales en el Instituto Próvolo que tiene a 9 mujeres imputadas. Sin embargo, el Tribunal Penal Colegiado Nº 2 decidió posponer el debate oral por 15 días hábiles.

La medida se tomó para adecuar los recursos técnicos para garantizar el distanciamiento social debido a la situación sanitaria que está atravesando la provincia.

En este segundo proceso están acusadas las monjas Kosaka y Asunción Martínez, la representante legal Graciela Pascual, las ex directoras Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán, la psicologa Cecilia Raffo y la cocinera Noemí Pa.

Durante la elevación a juicio, el fiscal Gustavo Stroppiana, a cargo de la instrucción, sostuvo que las mujeres conocían los delitos que se cometían en el lugar, no los denunciaron y tampoco hicieron nada para evitarlos. 

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