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13 de junio de 2021
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Detrás de escena

Se rompió la burbuja del poder de Bento y le soltaron la mano

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No le atienden el teléfono y aseguran que su caso en el Consejo de la Magistratura no es una denuncia más. Analizan pedir que lo aparten del Juzgado Electoral.

Apenas comunicó su intención de viajar a Buenos Aires, le sugirieron que no lo hiciera; o que, en todo caso, se asegurara un vuelo de regreso para el mismo día. No había mucho para hacer y eran pocos los personajes que tenían ganas de entrevistarse con él. Y, menos aún, que se supiera que él había estado con ellos.

Desde el 5 de mayo, fecha en que se conoció la imputación por delitos gravísimos en su contra, la historia del juez federal Walter Bento es la de los amigos del campeón, pero al revés. Todos aquellos con quienes mantenía cierto contacto y confianza, lo evitan o toman distancia; en especial, después de saber que la Justicia tuvo acceso a su celular. Otros, directamente, lo niegan.

El derrotero del magistrado va por dos caminos diferentes, en paralelo y en declive.

Por un lado, la causa judicial, que se dirime entre el despacho del fiscal Dante Vega y el del juez Eduardo Puigdéngolas. Allí el libreto es más o menos conocido: la acusación en contra de Bento está enmarcada en los tipos penales de asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También tiene inhibidos sus bienes y los de su grupo familiar.

Traducido: el titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza está apuntado como jefe de una banda que cobraba coimas a cambios de beneficios procesales. Con ese dinero incrementó su patrimonio de manera injustificada, viajó por el mundo con su familia, compró propiedades e hizo inversiones durante los últimos diez años para -según el expediente- blanquear ese dinero. En la actualidad, no puede vender, transferir ni disponer económicamente de nada.

Para los investigadores, más allá de la estrategia defensiva basada en contradenuncias y en argucias judiciales, la causa está blindada, sin grietas y con una cantidad de pruebas irrebatibles. A eso, se sumó evidencia clave aportada por quienes pidieron acogerse a la figura del “arrepentido”.

No quieren moverse de ese foco. Ya habrá tiempo para concentrarse en otros delitos. Por ahora, la prioridad es cerrar la trama de la asociación ilícita;  procesar a todos los responsables, capear el vendaval de recusaciones y apelaciones, y poder llevar la causa a juicio oral.

Bento intenta resistir desde adentro. Se aferra a su cargo como se aferró a su teléfono celular para no entregarlo durante los allanamientos en su casa y en su oficina de Tribunales Federales. Sabe que, mientras siga en funciones mantendrá algo del poder que supo construir durante más de una década y que, ahora, ve cómo empieza a disiparse.

Es algo que se huele en el edificio de Tribunales Federales en Mendoza. No hay grieta. Un fiscal al que vinculan con “Justicia legítima” y una Cámara “macrista” van en la misma dirección. La hipótesis de lawfare pierde sustento.

Así empieza a trazarse el segundo camino, que va al costado de la causa penal. Tiene que ver con su situación en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Ahí podría haber sido estrictamente político. Podría haber conseguido el apoyo necesario para zafar. Pero su caso trascendió el común de las presentaciones que llegan a ese organismo.

“No hay que confundirse. No es una denuncia más. No nos engañemos. Si fuera así, siempre habría lugar para el muñequeo, para encontrar una salida elegante y descartarla. Acá estamos hablando de la existencia de delitos e imputaciones”, asevera una voz con experiencia de sobra en la arena donde se cruzan los intereses políticos y judiciales.

Menciona otras presentaciones que llegaron hasta allí contra jueces federales mendocinos. Ninguna prosperó. Todas, de un modo u otro, fueron operadas para que se pierdan en la intrascendencia. Salvo, claro, las que llegaron con expedientes penales pipones de pruebas, tal como ocurrió hace una década atrás con los camaristas Luis Miret y Otilio Romano.

“Acá no hay intereses políticos en juego. A nadie le interesa mancharse en el intento de salvarlo”, aclara. Y advierte: “Habrá que ver cómo se mueven los representantes de los jueces en el Consejo”.

El ninguneo

- Hola, ¿cómo estás?

- Hola.

- Te va a llamar WB. Quiere hablar con vos. No lo atiendas. Está muy comprometido.

- Ok.

El diálogo se da entre un personaje importante de la justicia mendocina y uno de los políticos locales con más ascendencia y predominio a la hora de tomar decisiones. 

Las capturas de pantalla del Telegram del juez, que forman parte del expediente, confirman que el ninguneo al magistrado existió y desnudan su estrategia de vincularse con el poder. Muchos chats y contactos fueron eliminados, pero hay dos que quedaron a la vista para abarcar todo el arco político y judicial. Sirven, más que nada, para mostrar la llegada y las relaciones que tenía el juez. Una agenda lógica para alguien en su puesto. Borró lo que tenía que borrar y dejó lo que, pensó, podía darle alguna cobertura o inmunidad.

Bento buscaba una puerta de entrada para llegar al Consejo y presentar un descargo antes de que se lo pidieran. Hasta pidió telefónos prestados porque desde el suyo no lo atendían. Lo rechazaron. Su caso está demorado, pero la decisión está tomada. Una vez que se reúna la Comisión de Acusación y Disciplina, el consejero Pablo Tonelli notificará las medidas de prueba solicitadas y pondrá bajo moción la suspensión del juez mendocino.

 “No puede seguir estando en ese lugar. No hay que olvidar que es el juez federal que tiene competencia electoral y que en unos meses tenemos las elecciones de medio término”, confían desde Juntos por el Cambio.

En el Frente de Todos hacen la misma evaluación: “Nos puede tomar de rehenes a nosotros o a ellos con algunas decisiones”.

La grieta se cierra de nuevo. De ambos lados consideran oportuno pedir que lo aparten para darle transparencia al proceso. Las negociaciones políticas están abiertas. Esperarán unos días para ver cómo se mueve el Consejo. Si no, harán su jugada.

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