Salta oficializó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la obligatoriedad de exámenes toxicológicos aplicables para todos los poderes del Estado provincial, incluyendo organismo de control y municipios. La jurisdicción norteña se sumó a la lista de provincias que tienen normativas similares: Santa Fe, San Luis y Córdoba. En el caso de Mendoza, existe un proyecto en la Legislatura que nunca avanzó.
La decisión del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, debe ser ratificada por la Legislatura, y tiene como objetivo “garantizar la idoneidad, la aptitud moral y la confianza ciudadana en el ejercicio de la función pública”, según indicó en un acto de firma.
Salta oficializó un estricto protocolo de detección de sustancias psicoactivas que alcanza a las máximas jerarquías de los tres poderes del Estado. La medida no solo obliga a la planta política y judicial -desde el Gobernador hasta los concejales e integrantes de la Corte-, sino que también funciona como un requisito de admisión para nuevos empleados.
A través de testeos aleatorios y sorpresivos, se rastreará el consumo de drogas como cocaína, opioides y anfetaminas, entre otras. Aquellos funcionarios con estabilidad que den positivo enfrentarán procesos de destitución (juicio político), mientras que los cargos designados serán removidos de forma inmediata.
El proyecto mendocino
El senador provincial de La Unión Mendocina, Marcos Quattrini, presentó un proyecto de ley en la Legislatura para que se “establezca como requisito de permanencia en los niveles políticos y/o jerárquicos de la función pública, el carecer del carácter de consumidor problemático de drogas ilegales”. La iniciativa propone que el Cuerpo Médico Forense se haga cargo.
En cuánto al funcionamiento del narcotest, el escrito indica que todos los agentes comprendidos “deberán realizarse con carácter obligatorio el examen de detección de metabólicos de drogas en orina (DDO) en dos muestras identificadas como FRASCO A y FRASCO B, las que deberán ser selladas y firmadas por las partes, para determinar la presencia de sustancias psicoadictivas en sus organismos”.
Dicho examen deberá realizarse en el plazo de tres meses de la puesta en vigencia de la Ley y cada un año. “Este procedimiento podrá ser reemplazado por otros exámenes médicos y/o bioquímicos, en función de su mayor precisión y efectividad”, aclara Quattrini.
En caso de resultado positivo, el funcionario involucrado tiene derecho a exigir la contraprueba dentro de los cinco días hábiles. A diferencia de Salta, las consecuencias no son severas. La iniciativa plantea que se aplique una suspensión al funcionario, “respetándose todas las garantías constitucionales hasta su recuperación, y considerándose dentro del régimen de licencias vigente. En todos los casos será el Estado provincial quien arbitre los medios idóneos y necesarios para su recuperación”.
Ante la consulta de El Sol, desde el oficialismo manifestaron que aún no discuten el tema de fondo entre los integrantes del bloque de la Cámara alta, pero que no lo descartan.