“Ninguna máquina que hemos hecho nosotros se ha roto, o, si ha tenido fallas, son menores. Y si la empresa está complicada en este momento es culpa de que no soy tan buen empresario”. Eso admitía Enrique Pescarmona en agosto de 2015, en una entrevista con el diario Perfil.  Un año antes “su” Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima), la empresa que todavía comandaba, había caído en default y tenía un pasivo cercano a los 1.100 millones de dólares. Seis años después la icónica compañía -que logró refinanciar su deuda y ya no está bajo el control de la familia fundadora- sigue en problemas y busca nuevamente el auxilio de la Nación y de Mendoza.

Entre aquel default de 2014 y este pedido para que los gobiernos tomen el control en 2021, pasaron cosas en la empresa. De todo tipo: se “mudó” a Mendoza (estaba asentada legalmente en Luxemburgo, un paraíso fiscal), cambió su nombre (ahora es Impsa a secas), tiene otros dueños (los bancos acreedores), la familia Pescarmona perdió el poder de decisión (pese a que mantiene el 35% de las acciones), quedó involucrada en la causa de los “cuadernos de las coimas”, ingresó en cesación de pagos, reestructuró su deuda, achicó su planta de personal y la pandemia frenó un proceso de venta, entre otras situaciones. Lo que siempre se mantuvo fue la necesidad de apoyo estatal para seguir funcionando.

La caída del gigante

La debacle de la ex Industrias Metalúrgicas Pescarmona comenzó en 2014, a raíz principalmente de riesgosas inversiones en Brasil y multimillonarias deudas del gobierno venezolano.

Ese año le pidió al gobierno de Mendoza que la declare en proceso preventivo de empresa en crisis y amenazó con acelerar despidos. Hubo negociaciones con la Nación y logró acceder al Programa de Recuperación Productiva de Nación (Repro), un subsidio destinado al pago de parte de los salarios de 1.084 trabajadores.

Por ese entonces todavía se sucedían las reuniones entre Francisco Valenti, mano derecha de Pescarmona, y Roberto Baratta, ex subsecretario de Control y Coordinación del Ministerio de Planificación Federal y protagonista de los “cuadernos de las coimas” que escribió su chofer, Oscar Centeno.

De la causa judicial se desprende que entre 2008, cuando Pescarmona elogiaba al kirchnerismo, hasta 2015, Valenti y Baratta se reunieron 20 veces, casi siempre en el Hotel Feir´s Park del barrio porteño de Recoleta.

En esos encuentros, según el registro que llevaba adelante Centeno, Valenti -que en 2018 estuvo detenido y declaró como arrepentido en la causa- entregó a Baratta al menos 2,8 millones de dólares y varias cajas de vinos y espumantes de bodega Lagarde. ¿Cómo justificó Pescarmona esas coimas? Dijo que lo hizo para destrabar pagos bloqueados por el gobierno venezolano por operaciones de Impsa en ese país.

La salida de Pescarmona

“Cuando estalló la causa cuadernos, Pescarmona no estaba en el directorio, ni era parte del management. Valenti sí era director, pero ese día mismo se le pidió licencia y luego él renunció”, explicó un año después del escándalo Juan Carlos Fernández, el actual CEO de Impsa.

Efectivamente en abril de 2018 Pescarmona perdió el control de la empresa, que modificó su denominación: Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICyF dejó paso a Impsa SA.

Los cambios en el directorio y en el management de la “nueva empresa”, con los que se intentó despegar a la multinacional de la investigación judicial, se vincularon al proceso de reestructuración de la deuda de 1.108 millones de dólares.

Esa estrategia derivó en la cesión del 65% a un fideicomiso de inversores institucionales internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Export Development Canada y bonistas) y nacionales (Banco de la Nación Argentina, BICE y tenedores de ON, entre otros). El 35% restante quedó en manos de la familia Pescarmona, que quedó con un poder más simbólico que real.

Tras finalizar en diciembre de 2019 la renegociación para extender plazos de pagos y consolidar la deuda en 430 millones de dólares, los flamantes dueños de Impsa inmediatamente comenzaron la búsqueda de nuevos inversores y contrataron a una financiera especializada (Columbus Zuma) para llevar adelante el proceso de venta total o parcial de la compañía. Hubo interesados y en ese momento surgió la opción de convertirla en una empresa mixta, con participación estatal. Pero la pandemia frenó cualquier operación.

Asistencia estatal

Pero los favores estatales con Impsa continuaron y en diciembre se convirtió en la primera compañía en acceder al Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (PAEERP) del Ministerio de Desarrollo Productivo, dirigido a las empresas o cooperativas que requieran reestructurar sus pasivos para lograr viabilidad económica y financiera. Eso significa que desde diciembre, y durante cuatro meses, el gobierno nacional paga el 75% de los salarios de los trabajadores de la multinacional.

El objetivo es “conservar los 700 empleos directos y los miles de empleos indirectos que dependen de su funcionamiento sino además para que no se pierda un capital social fundamental para el desarrollo de nuestro país”, destacó el ministro Matías Kulfas.

Mientras, los accionistas mayoritarios de Impsa reforzaron otro modelo para capitalizarse. Y apuntaron no sólo al gobierno nacional, sino también al mendocino. La oferta consiste en que las administraciones de Alberto Fernández y de Rodolfo Suarez aporten 20 millones de dólares y controlen el directorio de la multinacional mendocina.

“Con la concreción de esta capitalización cumpliríamos con los principales objetivos del que denominamos Plan de Recomposición de Estructura de Capital de Impsa logrando una posición económica-financiera que le permitirá preservar años de inversión en tecnología para la industria nacional y permanecer como referentes internacionales en materia de energía para la exportación de productos de alto valor agregado”, explicó Fernández. “Impsa es fuente de ingresos, genera empleo de altísima calificación, ahorra divisas y colabora con el entramado PyME, trabajando con 100 de ellas día a día y produciendo todos sus productos en Argentina”, agregó el CEO de la empresa.

Según explicó Impsa en un comunicado, su plan de recuperación tiene cuatro pasos:

  1. La reestructuración de la deuda, que fue completado en noviembre “con gran éxito”, dejando a la empresa “con una deuda muy sustentable y de largo plazo”, con primeros vencimientos de interés en 2025 y de capital en 2028. “Este reperfilamiento de la deuda le ha permitido fortalecer su balance y permitirle volver al mercado internacional, donde ya está presentando licitaciones en USA, Asia y Latinoamérica”, agrega el documento.
  2. El ingreso al programa PAEERP de asistencia a empresas estratégicas que exportan alta tecnología.
  3. La emisión de nuevas acciones, que se ofrecerán al gobierno nacional y al provincial, para capitalizar la compañía en un monto aproximado de 20 millones de dólares.
  4. La cotización y listado de las acciones de Impsa, a fin de posibilitar a los actuales accionistas la venta de sus tenencias en el mercado, que deberá implementarse dentro de los 18 a 24 meses desde la capitalización de la empresa.

En el gobierno mendocino prefieren la cautela ante el posible desembarco en una empresa tecnológica líder a nivel global. Sin embargo, las señales indican que el interés es concreto. “Me parece razonable que Mendoza participe en la capitalización de Impsa”, reconoció el ministro de Economía, Enrique Vaquié.

Para la gestión local, Impsa es un activo “estratégico” que además participa en el principal proyecto de infraestructura: la megaobra hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Pero sin fondos disponibles, la Provincia deberá salir a buscar financiamiento para invertir en la multinacional.