A través de una ley pretenden que el Ministerio de Seguridad maneje un fondo para ofrecer recompensas y así tener una herramienta más con el fin de esclarecer algunos delitos. Si bien este mecanismo se ha puesto en marcha en algunos casos puntuales en los últimos años, no ha tenido el efecto esperado porque no ha estado reglamentado. Ante esta situación, el diputado radical Luis Petri presentará hoy un proyecto en la cartera de Seguridad, donde establecerá los pasos a seguir. Para esto, se deberá crear un fondo especial que sólo podrá ser utilizado para las recompensas.
“Es importante que el Estado aliente el aporte de información, testimonios, documentación y todo otro elemento que permita esclarecer estos hechos delictivos que hieren y perturban el normal desenvolvimiento social”, comentó el legislador, en un adelanto de la presentación de la polémica iniciativa. Según detalló, las recompensas se darán cuando se requiera información para individualizar el paradero de personas que hayan participado de un delito, la ubicación de elementos utilizados en ese caso, la localización de restos materiales y la obtención de cualquier clase de datos que permitan avanzar en la investigación judicial.
ANTECEDENTES. Para tratar de esclarecer algunos asesinatos que han conmocionado a la sociedad mendocina en los últimos años, el Gobierno ha ofrecido recompensas. Ejemplo de esto fue el caso de las muertes de José Zambrano y Pablo Rodríguez, en el 2000. Entonces, se prometieron 40.000 pesos para quienes ofrecieran información sobre el paradero de ambos. Esto sirvió para dar con los cuerpos de los jóvenes, quienes aparecieron muertos en el piedemonte. Otros casos resonantes fueron los de los desaparecidos Cristian Guardatti, Adolfo Garrido y Raúl Baigorria.
Pero aquí, la suerte no fue la misma, porque nunca se obtuvo ningún dato preciso sobre sus destinos. En estas oportunidades, y teniendo en cuenta que son historias que han trascendido las fronteras argentinas, se otorgaron nada más que 5.000 pesos por cada uno. “No ha existido el adecuado marco normativo que le dé garantías al aportante sobre la reserva de identidad o la confidencialidad del procedimiento”, reflexionó Petri, y agregó: “Tampoco fue realizada la debida publicidad sobre el monto y el modo de hacer efectivo el pago, y las sumas ofrecidas, en muchos casos, resultaron insignificantes frente a la envergadura y conmoción social que el delito ocasionó”.
Ante esta dispar situación, en el proyecto se plantea que el monto de la recompensa será fijado teniendo en cuenta la conmoción pública que el caso haya originado, su complejidad, las dificultades que existan para la obtención de información útil y la peligrosidad del autor. Para esto, Seguridad concretará el ofrecimiento y tendrá a su cargo el pago. Pero el Ministerio Público Fiscal estará facultado para pedir a esa cartera el ofrecimiento de recompensa en algunos casos.
