"Pretensiones puntuales". Ese es el título del documento donde un grupo de anestesiólogos autoconvocados enumeran sus exigencias al Gobierno provincial, en medio de una crisis inédita por la decisión de 68 profesionales de la actividad de no renovar sus contratos con el Estado, lo que provocó la drástica reducción de las cirugías programadas, entre otros conflictos.
La ministra de Salud, Ana María Nadal, denunció que "esta actitud corporativa de los anestesistas ha puesto en jaque la salud de los mendocinos" y avanzó en un proyecto de ley que declara por 18 meses la emergencia en los servicios públicos de anestesiología.
Las posiciones están claramente enfrentadas. "No se está planteando un aumento salarial. Lo que acá se está planteando es que el sistema público de salud funcione como funciona el sistema privado", aseguró este lunes Nadal en diálogo con radio LVdiez.
Por el contrario, Arturo Salassa, vocero de los anestesiólogos autoconvocados, indicó: "No pretendemos que el sector público se convierta en privado".
En pleno tira y afloje, los anestesiólogos autoconvocados explicitaron sus demandas que, de acuerdo con algunas fuentes del oficialismo, apuntan a una especie de privatización de la actividad.
Ese documento plantea tres puntos principales:
1 - Un sistema organizado para cubrir las necesidades de prestaciones anestesiológicas de los hospitales públicos de Mendoza.
"Proponemos a la Asociación Mendocina de Anestesia para que trabaje en conjunto con los jefes de servicio de distintos nosocomios para que entre ambas partes regulen, controlen y gestionen el Recurso Humano en anestesia, para lograr la cobertura de todas las prestaciones".
2 - Un sistema unificado de pago de prestaciones para cirugías programadas.
3 - Aumento del valor de las guardias acorde para evitar que los colegas elijan trabajar en provincias vecinas.
Nadal advirtió el pasado viernes sobre "un abuso en la posición dominante respecto de la especialidad de anestesiología, por parte de la asociación que nuclea a dichos profesionales".
“Este grupo de profesionales pretende una posición de privilegio respecto a otros profesionales de la salud que realizan tareas de igual o mayor criticidad y complejidad, pretendiendo no solo recibir salarios diferenciales, sino también privatizar el servicio de anestesia, poniendo en riesgo cierto la salud pública en nuestra provincia”, agregó la ministra.
Además, consideró que “la privatización de este servicio no solo implica perder la gestión de la salud pública en anestesia, sino también un costo financieramente insustentable, significando un 139% mayor a lo que hoy se invierte en anestesiología, concentrando las ganancias en un grupo reducido de profesionales”.
SEGUÍ LEYENDO: