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22 de septiembre de 2022
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Pauta de gastos

Presupuesto 2023: mendocinos de JxC resisten un polémico artículo sobre las distribuidoras eléctricas

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El Presupuesto 2023 será presentado la semana próxima por Sergio Massa.

En la oposición hay acuerdo en que Mendoza no puede ser garante de las empresas si no pagan. En el Frente de Todos, sin embargo, por ahora optaron por no opinar.

Mientras los legisladores mendocinos de Juntos por el Cambio ponen el grito en el cielo por un polémico artículo del proyecto de presupuesto nacional 2023 -que podría perjudicar a Mendoza- en el Frente de Todos (FdT) por ahora hacen silencio y prefieren tomarse su tiempo para "estudiar" la normativa que propuso el ministro de Economía, Sergio Massa.

El artículo 90 del proyecto establece que, si las distribuidoras eléctricas no regularizan su deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), las provincias tendrán que hacerse "responsables solidariamente". La amenaza de retener fondos coparticipables a las jurisdicciones está latente y por eso surgió la preocupación de los legisladores de Juntos por el Cambio.

Ver también: “Una locura”: la reacción en Mendoza por un polémico artículo del Presupuesto nacional

En el caso de Edemsa, la firma manejada por los empresarios, Daniel Vila y José Luis Manzano, hasta el 30 de junio de este año tenía una deuda corriente que ascendía a $11.343 millones. En el Congreso sospechan de la íntima relación que tiene Massa con los empresarios mendocinos que además son dueños de Edenor, la distribuidora eléctrica de la zona norte de Capital Federal.

Durante la gestión anterior hubo un intento de Cammesa de querer descontar a las provincias de la coparticipación por las deudas de las eléctricas. Sin embargo, el ex gobernador Alfredo Cornejo no aceptó esa propuesta. Ahora, la intención del Ejecutivo es imponerlo en el presupuesto.

La primera en advertir la situación fue la diputada nacional radical Jimena Latorre, que aseguró que es “una locura” que se condicione la coparticipación. La semana próxima Massa presentará el proyecto y posteriormente a la ronda de consultas asistirá la secretaría de Energía de la Nación, Flavia Royón, a quien los legisladores por Mendoza le pasarán el reclamo.

"Vamos a defenderlo en el debate del presupuesto en las comisiones y después en el recinto para que ese artículo no prospere", adelantó Latorre.

En la misma línea se expresó Cornejo: "Es inaceptable que se lo cobren a Mendoza".

Otro de los que fue crítico con esta propuesta del Gobierno nacional fue el diputado radical, Julio Cobos, que aseguró que con los años la pauta de gastos "se ha desvirtuado en su espíritu".

"El artículo 90 del presupuesto es un claro ejemplo de esto, lamentablemente. Es improcedente y hasta peligroso en términos jurídicos pretender que nuestra provincia y los municipios sean responsables solidarios", advirtió el ex gobernador.

"En presupuestos anteriores no se encuentran este tipo de compromisos solicitados a las provincias. Además, no podemos ignorar que si existe un actor que promovió semejante desacople entre tarifas y costos de generación es el Gobierno Nacional que regula tarifas en el AMBA, 42% del mercado eléctrico; es decir, que la deuda es fruto de la política energética nacional. Las provincias resultan actores externos a esa negociación de partes y no pueden ser obligadas a garantizar ningún pago, y mucho menos ser solidariamente responsables”, concluyó el diputado nacional.

Por su parte, el diputado del PRO, Álvaro Martínez, afirmó que de realizarse ese cambio "traerán problemas a las provincias" al dejar de recibir fondos.

"Me parece que necesitan caja a nivel nacional y están viendo cómo perjudican a las provincias. Necesitan engrosar las arcas del gobierno nacional en una época preelectoral", sostuvo el legislador del PRO. En tanto, el diputado nacional, Omar de Marchi, también se inclinó por estudiar con detenimiento el proyecto.

Silencio de radio en el PJ

Del lado del peronismo, por ahora nadie se atrevió a dar una opinión. La principal excusa rondó en que necesitan "tiempo" para analizar la pauta de gastos. En el caso de la diputada kirchnerista, Marisa Uceda, desde su entorno señalaron que están "trabajando en el análisis del presupuesto" y que la opinión llegará recién cuando lo hayan visto en su totalidad.

En cuanto a la presidenta del PJ, la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, prefirió que en primera instancia opinen los diputados, ya que la iniciativa ingresó por esa cámara. El Sol quiso sumar las voces de otros legisladores del Frente de Todos como Adolfo Bermejo, Liliana Paponet y Eber Pérez Plaza, pero no recibió respuesta ante la consulta.

Qué dice el polémico artículo

El Poder Ejecutivo Nacional, las Provincias y los Municipios, como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica de su respectiva jurisdicción, deberán controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados, por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada jurisdicción.

A tal efecto, se establece un período de seis (6) meses, desde la entrada en vigor de la presente ley, a fin de que cada jurisdicción concedente determine, establezca y/o adecúe su regulación, de ser ello necesario, para que se asegure y garantice el pago de las facturas que emitidas y que en un futuro emita la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por los citados conceptos.

Dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, las jurisdicciones provinciales resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen. En tal sentido, y vencido dicho plazo, la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través del Ministerio de Economía, podrá retener, de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del Sector Público Nacional, la suma que por consumos de energía y potencia adeude a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) el prestador del servicio público de distribución de energía eléctrica a su cargo.

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