El ministro de Economía, Sergio Massa, volverá a la Cámara de Diputados el miércoles 28 de septiembre para defender el proyecto de Presupuesto 2023. Allí lo esperará un fuerte reclamo por un polémico artículo que beneficia a las distribuidoras eléctricas en detrimento de las provincias.

El artículo 90 prevé que las provincias deberán hacerse “responsables solidariamente” si las distribuidoras eléctricas no regularizan su deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Y amenaza con retener fondos coparticipables si no se pagan las facturas “emitidas y que en un futuro emita” la empresa responsable del despacho de electricidad en el país, que integran representantes privados y del sector público.

Esa propuesta presentada por el equipo económico hizo saltar las alarmas en Mendoza porque Edemsa, la principal distribuidora eléctrica de la provincia, mantenía al 30 de junio pasado una deuda exigible con Cammesa por $11.343 millones.

En los presupuestos anteriores, habitualmente se incluía un artículo donde se establecía un régimen especial de regularización de obligaciones de las distribuidoras, pero no eran las provincias las que debían hacerse cargo de las deudas.

Un dato que no pasó desapercibido en el Congreso es la íntima relación de Massa con Daniel Vila y José Luis Manzano, los empresarios mendocinos dueños de Edemsa y de Edenor, la distribuidora eléctrica de la zona norte de la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

Qué dice el artículo 90

El Poder Ejecutivo Nacional, las Provincias y los Municipios, como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica de su respectiva jurisdicción, deberán controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados, por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada jurisdicción.

A tal efecto, se establece un período de seis (6) meses, desde la entrada en vigor de la presente ley, a fin de que cada jurisdicción concedente determine, establezca y/o adecúe su regulación, de ser ello necesario, para que se asegure y garantice el pago de las facturas que emitidas y que en un futuro emita la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por los citados conceptos.

Dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, las jurisdicciones provinciales resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen. En tal sentido, y vencido dicho plazo, la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través del Ministerio de Economía, podrá retener, de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del Sector Público Nacional, la suma que por consumos de energía y potencia adeude a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) el prestador del servicio público de distribución de energía eléctrica a su cargo.