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4 de julio de 2021
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Media vuelta

Portezuelo: el cambio de opinión de dos juristas que ahora se oponen a la megaobra

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Los abogados Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino Arias presentaron una solicitud ante la Fiscalía de Estado para que no se adjudique la obra. Sin embargo, se habían mostrado a favor meses atrás.

La presentación de un pedido a la Fiscalía de Estado para que suspenda el proceso de licitación de Portezuelo del Viento sumó un nuevo párrafo a la "revuelta" que se ocasionó esta semana entre quienes se oponen a la adjudicación de la obra.

Sin embargo, dos de los firmantes del pedido, Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino Arias, expresaron con detalles su apoyo al proyecto durante una conferencia virtual en el 2020. Ambos juristas ahora dieron un giro de 180° en la postura que marcaron en esa jornada. En el escrito que presentaron esta semana a Fernando Simón, fiscal de Estado, se les unió el ex juez de la Corte, Alejandro Pérez Hualde.

En esa reunión a través de Zoom, ocurrida en julio del año pasado, Mathus Escorihuela afirmó: "El tema de Portezuelo del Viento lo considero definitivamente agotado. Precisamente porque 64 años de negociaciones sobre el mismo me hacen pensar que no puede perderse más tiempo porque ya hemos perdido el tiempo dos generaciones. No me gustaría que hubiera una tercera que siguiera el mismo camino".

Luego, el abogado enfatizó que estaba "convencido de esto, porque todas, absolutamente todas, las votaciones que se hicieron en el seno del Coirco fueron aprobadas por unanimidad".

Mathus Escorihuela estimó que la construcción tomaría unos 60 años y puso de ejemplo el caso del dique Potrerillos. "Se votó por ley en la Legislatura aprobando su construcción en 1920, pero se inauguró en el año 2000, es decir, 80 años después".

Las críticas en ese entonces también las dirigió contra el presidente Alberto Fernández, ante el planteo de un nuevo estudio de impacto ambiental, que según el propio jurista era "absolutamente innecesario e inútil porque ese pedido de La Pampa no tiene ningún fundamento".

En este último punto coincidió Guarino Arias, remarcando la idea de que "cada Estado de una cuenca hidrográfica común tiene dentro de su territorio un derecho privativo y exclusivo para realizar las obras necesarias para utilizar las aguas en usos no consuntivos, que es el caso de Portezuelo del Viento".

En uno de sus últimos puntos durante el evento, el letrado sostuvo: "Hay que terminar con esto. Me pliego a las ideas de Mathus Escorihuela, para que la provincia actúe con energía. Tiene que atacar ya, ahora, en todos los frentes a la provincia de La Pampa para que dejen de molestar a la provincia".

A pesar de esto, los juristas afirmaron en el pedido al fiscal de Estado, un año después, que la obra es "un severo riesgo de daños al patrimonio público que a Usted la Constitución le ha encomendado defender”.

Los argumentos para oponerse, al mismo tiempo, son los que defendieron durante el evento virtual: el caudal del Río Grande, el cuestionamiento de las provincias integrantes del Coirco y los reclamos de La Pampa.

Esta es la presentación que hicieron al fiscal del Estado:

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